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Así lo muestra el informe fruto de la “Encuesta PACES”, realizada dentro del proyecto Life Unify, que pretende dar a conocer el estado de la planificación climática a nivel municipal en nuestro país. En la investigación han participado un total de 211 ayuntamientos pertenecientes al Pacto de Alcaldías de distinta tipología y geografía, predominando los municipios de pequeño tamaño.

La “Encuesta PACES”, realizada dentro del proyecto Life Unify, busca conocer el estado de la planificación climática a nivel municipal en España. Además de averiguar cuántas localidades cuentan ya con Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), los resultados identifican las oportunidades y obstáculos encontrados durante el proceso de elaboración y muestran casos ejemplificantes de éxito en la acción climática local. En la investigación han participado un total de 211 ayuntamientos pertenecientes al Pacto de Alcaldías de distinta tipología y geografía, predominando los municipios de pequeño tamaño.

Con los resultados obtenidos en la encuesta se ha elaborado la publicación Planificación de la acción climática municipal en España. Resultados y conclusiones, que será distribuida de forma amplia entre todas las entidades locales del país, así como entre las administraciones regionales y nacional. El informe incorpora una serie de recomendaciones, a raíz de las respuestas recibidas a la encuesta, para que los planes sean coherentes con las políticas de clima y energía a nivel nacional y de la Unión Europea, y para orientar a las entidades que no cuentan todavía con este documento estratégico.

Sobre las principales conclusiones obtenidas en el informe, Ana Márquez, responsable del Proyecto Unify en SEO/BirdLife, expresó:  “Las entidades locales son las que pueden convertir con mayor conocimiento y garantía de éxito la obligatoriedad de la acción climática en una oportunidad para sus entornos y, por tanto, mejorar considerablemente las posibilidades de conseguir una solución global eficaz”, y agregó que “si bien más de la mitad de las entidades locales participantes -un 60%- cuentan con un plan de acción en materia de clima y energía, lo que indica una tendencia positiva en la acción a escala local, es todavía insuficiente en el contexto de emergencia climática actual, más aún cuando las entidades pertenecientes al Pacto de Alcaldías se comprometen a elaborar su plan a los dos años de firmar”.

El estudio muestra que, frente a ese porcentaje, un 40% no dispone aún de este instrumento de planificación climática: en su mayoría (77%) se corresponden con entidades de pequeño tamaño (< 10.000 habitantes). Prácticamente todas (99%) tienen claro que el cambio climático es un fenómeno mundial que afecta a toda la sociedad, y la mayoría (76%) opina que es necesario tener una hoja de ruta en materia climática, pero la mitad señala no contar con los recursos técnicos o económicos suficientes para la elaboración del plan.  Además, casi un cuarto (23%) considera que los planes de acción local pueden ser herramientas interesantes para marcar la senda de descarbonización a largo plazo.

Por su parte, el documento afirma que los elementos necesarios para dar un empujón a la elaboración del plan se reparten principalmente entre la necesidad de una adecuada dotación de recursos (38%) y el apoyo técnico y económico (29%). Dentro del tercio restante, destacan la necesidad de una mejor planificación a medio-largo plazo (25%), un soporte técnico externo (21%) e información y formación básica para ampliar el conocimiento (18%).

Los resultados del “Bloque S” (los del sí) muestran que tres cuartos de las entidades encuestadas (76%) tienen un PACES con horizonte 2030 y la mayoría (86%) ha contado con apoyo externo para su elaboración. Llama sin embargo la atención que más de un cuarto (27%) de las entidades no realizó consulta pública durante la elaboración del plan y que sólo un 11% llevó a cabo un proceso amplio de participación que incluyera a la ciudadanía y al resto de partes interesadas.

Entre los obstáculos y barreras encontrados en la elaboración de los planes, destacan los de carácter financiero (37%), la falta de acompañamiento tanto en la ejecución como en el monitoreo (10%) y la necesidad de una mayor colaboración interna y mejor cooperación interadministrativa (13%). Además, varias entidades (7%) señalan carencias en el acceso a estadísticas confiables para comparar soluciones, y herramientas con criterios unificados para predecir escenarios.

Finalmente, el informe proporciona una serie de recomendaciones para avanzar en la acción climática local de cara a 2030, SEO/BirdLife destaca la necesidad de:

  1. Lanzar una gran campaña de comunicación y sensibilización a nivel estatal llamando a la acción a la ciudadanía de pueblos y ciudades, junto con otras de rango regional o municipal.
  2. Conseguir que todos los ayuntamientos no solo se comprometan sino que procedan sin dilación a elaborar un plan de acción en materia de clima y energía (iniciativa del Pacto de Alcaldías).
  3. Poner a disposición de las entidades locales un equipo técnico cualificado y cercano a la población, por ejemplo a través de oficinas técnicas en puntos estratégicos del territorio suscritas a la FEMP, así como, “oficinas de acción climática” promovidas desde la administración provincial.
  4. Poner a disposición de los ayuntamientos los recursos económicos y soporte financiero necesarios para poder planificar con la creación de líneas específicas de financiación (ej. Next Generation, FEDER) a niveles estatal y autonómico dirigidas a la preparación, redacción y ejecución de planes de acción climática municipales.
  5. Estimular la cogobernanza y sumar capacidades y esfuerzos para amplificar la respuesta local frente al cambio climático, en línea con un plan o estrategia autonómica en materia de clima y energía, a través por ejemplo de sistemas de “custodia climática del territorio”.
  6. Unificar criterios y dotar de herramientas de planificación adaptadas a las distintas tipologías municipales para lograr una acción climática municipal de mayor alcance, fomentando en casos concretos “sistemas mancomunados de acción climática”.
  7. Mantener la coherencia en la planificación climática y energética a través de los distintos niveles competenciales para garantizar una corresponsabilidad entre administraciones eficaz, y con otras políticas sectoriales con las que esté vinculada (p.ej. movilidad, urbanismo, biodiversidad, sectores agrario y forestal).
  8. Poner a disposición de los ayuntamientos herramientas sencillas que permitan medir el efecto de las medidas implementadas y establecer indicadores comunes y consensuados para un mejor seguimiento.

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