Así lo muestra el informe fruto de la “Encuesta PACES”, realizada dentro del proyecto Life Unify, que pretende dar a conocer el estado de la planificación climática a nivel municipal en nuestro país. En la investigación han participado un total de 211 ayuntamientos pertenecientes al Pacto de Alcaldías de distinta tipología y geografía, predominando los municipios de pequeño tamaño.
Gran parte de los municipios españoles aún carece de un Plan de Acción Climática

La “Encuesta PACES”, realizada dentro del proyecto Life Unify, busca conocer el estado de la planificación climática a nivel municipal en España. Además de averiguar cuántas localidades cuentan ya con Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), los resultados identifican las oportunidades y obstáculos encontrados durante el proceso de elaboración y muestran casos ejemplificantes de éxito en la acción climática local. En la investigación han participado un total de 211 ayuntamientos pertenecientes al Pacto de Alcaldías de distinta tipología y geografía, predominando los municipios de pequeño tamaño.

Con los resultados obtenidos en la encuesta se ha elaborado la publicación Planificación de la acción climática municipal en España. Resultados y conclusiones, que será distribuida de forma amplia entre todas las entidades locales del país, así como entre las administraciones regionales y nacional. El informe incorpora una serie de recomendaciones, a raíz de las respuestas recibidas a la encuesta, para que los planes sean coherentes con las políticas de clima y energía a nivel nacional y de la Unión Europea, y para orientar a las entidades que no cuentan todavía con este documento estratégico.

Sobre las principales conclusiones obtenidas en el informe, Ana Márquez, responsable del Proyecto Unify en SEO/BirdLife, expresó:  “Las entidades locales son las que pueden convertir con mayor conocimiento y garantía de éxito la obligatoriedad de la acción climática en una oportunidad para sus entornos y, por tanto, mejorar considerablemente las posibilidades de conseguir una solución global eficaz”, y agregó que “si bien más de la mitad de las entidades locales participantes -un 60%- cuentan con un plan de acción en materia de clima y energía, lo que indica una tendencia positiva en la acción a escala local, es todavía insuficiente en el contexto de emergencia climática actual, más aún cuando las entidades pertenecientes al Pacto de Alcaldías se comprometen a elaborar su plan a los dos años de firmar”.

El estudio muestra que, frente a ese porcentaje, un 40% no dispone aún de este instrumento de planificación climática: en su mayoría (77%) se corresponden con entidades de pequeño tamaño (< 10.000 habitantes). Prácticamente todas (99%) tienen claro que el cambio climático es un fenómeno mundial que afecta a toda la sociedad, y la mayoría (76%) opina que es necesario tener una hoja de ruta en materia climática, pero la mitad señala no contar con los recursos técnicos o económicos suficientes para la elaboración del plan.  Además, casi un cuarto (23%) considera que los planes de acción local pueden ser herramientas interesantes para marcar la senda de descarbonización a largo plazo.

Por su parte, el documento afirma que los elementos necesarios para dar un empujón a la elaboración del plan se reparten principalmente entre la necesidad de una adecuada dotación de recursos (38%) y el apoyo técnico y económico (29%). Dentro del tercio restante, destacan la necesidad de una mejor planificación a medio-largo plazo (25%), un soporte técnico externo (21%) e información y formación básica para ampliar el conocimiento (18%).

Los resultados del “Bloque S” (los del sí) muestran que tres cuartos de las entidades encuestadas (76%) tienen un PACES con horizonte 2030 y la mayoría (86%) ha contado con apoyo externo para su elaboración. Llama sin embargo la atención que más de un cuarto (27%) de las entidades no realizó consulta pública durante la elaboración del plan y que sólo un 11% llevó a cabo un proceso amplio de participación que incluyera a la ciudadanía y al resto de partes interesadas.

Entre los obstáculos y barreras encontrados en la elaboración de los planes, destacan los de carácter financiero (37%), la falta de acompañamiento tanto en la ejecución como en el monitoreo (10%) y la necesidad de una mayor colaboración interna y mejor cooperación interadministrativa (13%). Además, varias entidades (7%) señalan carencias en el acceso a estadísticas confiables para comparar soluciones, y herramientas con criterios unificados para predecir escenarios.

Finalmente, el informe proporciona una serie de recomendaciones para avanzar en la acción climática local de cara a 2030, SEO/BirdLife destaca la necesidad de:

  1. Lanzar una gran campaña de comunicación y sensibilización a nivel estatal llamando a la acción a la ciudadanía de pueblos y ciudades, junto con otras de rango regional o municipal.
  2. Conseguir que todos los ayuntamientos no solo se comprometan sino que procedan sin dilación a elaborar un plan de acción en materia de clima y energía (iniciativa del Pacto de Alcaldías).
  3. Poner a disposición de las entidades locales un equipo técnico cualificado y cercano a la población, por ejemplo a través de oficinas técnicas en puntos estratégicos del territorio suscritas a la FEMP, así como, “oficinas de acción climática” promovidas desde la administración provincial.
  4. Poner a disposición de los ayuntamientos los recursos económicos y soporte financiero necesarios para poder planificar con la creación de líneas específicas de financiación (ej. Next Generation, FEDER) a niveles estatal y autonómico dirigidas a la preparación, redacción y ejecución de planes de acción climática municipales.
  5. Estimular la cogobernanza y sumar capacidades y esfuerzos para amplificar la respuesta local frente al cambio climático, en línea con un plan o estrategia autonómica en materia de clima y energía, a través por ejemplo de sistemas de “custodia climática del territorio”.
  6. Unificar criterios y dotar de herramientas de planificación adaptadas a las distintas tipologías municipales para lograr una acción climática municipal de mayor alcance, fomentando en casos concretos “sistemas mancomunados de acción climática”.
  7. Mantener la coherencia en la planificación climática y energética a través de los distintos niveles competenciales para garantizar una corresponsabilidad entre administraciones eficaz, y con otras políticas sectoriales con las que esté vinculada (p.ej. movilidad, urbanismo, biodiversidad, sectores agrario y forestal).
  8. Poner a disposición de los ayuntamientos herramientas sencillas que permitan medir el efecto de las medidas implementadas y establecer indicadores comunes y consensuados para un mejor seguimiento.

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