El día de ayer, 8 de abril, España dio un importante paso en materia medioambiental con la aprobación en el Congreso de Diputados del primer proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, un instrumento clave para modernizar y transformar nuestro país. Se trata de una ley que apunta a lograr que España cumpla sus compromisos internacionales de lucha contra el calentamiento global. Dentro de los principales objetivos se destaca alcanzar en 2050 la neutralidad climática (que solo se emitan los gases de efecto invernadero que puedan ser captados por los sumideros, como los bosques).
Pendiente ya solo de su último trámite en el Senado, el primer paso ya se ha dado. La Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, ha dado este jueves luz verde, con 22 votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones. La futura ley ha sido apoyada por PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PNV, EH Bildu, Teruel Existe y Esquerra Republicana. Por su parte, el Partido Popular y Más País se han abstenido y Vox ha sido el único partido que ha votado en contra de la ley que propone cuidar el planeta.
La ambiciosa ley, reforzada en materia de gobernanza, de participación y de transparencia, cuenta con 36 artículos, que parte con dos fechas clave para su desarrollo: una, 2030, cuando España deberá reducir un 23 % las emisiones de efecto invernadero respecto a 1990, y otra, 2050, año para alcanzar la neutralidad climática. El texto se presenta como “una herramienta que permitirá construir un país más seguro frente a los impactos del cambio climático, modernizar la industria española, atraer inversiones en las tecnologías del futuro, evitar riesgos financieros, generar empleo estable y facilitar una distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización”, según ha señalado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera
El proyecto de ley establece objetivos de reducción de emisiones, de renovables y de eficiencia energética que se sitúan por encima de aquellos asignados por la Unión Europea a España. El documento plantea cómo prepararnos para los impactos del cambio climático y cómo prevenir sus causas con herramientas de adaptación, anticipación y resiliencia. Asimismo, prohibirá los sondeos y prospecciones de combustibles fósiles, obligará a que todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan una zona de bajas emisiones en 2023 e impulsará la rehabilitación energética de los edificios y el despliegue de las energías renovables. “Es prioritario asegurarnos de que todos los recursos públicos y privados son destinados al aprovechamiento de las oportunidades y a la disminución de los costes asociados a los efectos climáticos con los que ya, desgraciadamente, convivimos”, ha insistido Ribera.
Asimismo, la vicepresidenta ha señalado que la nueva ley permitirá modernizar nuestra industria y hacerla competitiva en los nuevos mercados, fortalecer nuestro tejido social, atraer inversiones en las tecnologías del futuro, evitar riesgos financieros, generar empleo estable y facilitar una distribución equitativa de la riqueza en el proceso de descarbonización, guiado por criterios de justicia social y estrategias de transición justa.
Las principales medidas de la nueva ley:
1. Planificación de la transición energética
Los objetivos a 2030 son los siguientes:
2.Foco en las energías renovables y la eficiencia energética:
El objetivo es tener un sistema eléctrico basado en 100% renovables para 2050. Como novedad, en la ley se abordan temas más puntuales para dar mayor flexibilidad a que en las nuevas concesiones se establezcan mecanismos que permitan la integración de energías renovables (tecnología hidráulica no fluyente, centrales hidroeléctricas reversibles, aprovechamiento para la generación eléctrica de los fluyentes de los sistemas de abastecimiento y saneamiento urbanos.
3.Transición energética y combustibles
El proyecto de ley propone que se otorgarán en el territorio nacional, incluido el mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación de hidrocarburos o concesiones de explotación para los mismos. Esta misma prohibición se hará también con la fracturación hidráulica o fracking para la obtención de combustibles fósiles. Además, el Gobierno no admitirá nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, permisos de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas, de minerales radiactivos sobre energía nuclear, cuando tales recursos sean extraídos por sus propiedades radiactivas, fisionables o fértiles. A partir de la entrada en vigor de esta ley no se admitirán nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de dichos minerales radiactivos.
Por otro lado, en relación a los combustibles, el Gobierno fomentará mediante la aprobación de planes específicos, la penetración de los gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros combustibles en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable o permitan la reutilización de residuos orgánicos o subproductos de origen animal o vegetal.
4. Movilidad sin emisiones y transporte limpio
Se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0 g CO2/km establecidas conforme la normativa comunitaria. A tal efecto, previa consulta con el sector, se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, que incluirán medidas de apoyo a la I+D+i. Asimismo, el Gobierno adoptará medidas para la reducción paulatina de las emisiones generadas por el consumo de combustibles fósiles de los buques, embarcaciones, artefactos navales y plataformas físicas cuando estén amarrados o fondeados en los puertos, con un objetivo de cero emisiones directas de éstos, en los puertos de competencia del Estado para el año 2050.
5. Adaptación a los efectos del cambio climático
El proyecto es realmente completo y hasta contempla, por primera vez en una ley, la necesidad de activar políticas de adaptación a los efectos del cambio climático, con los que ya convivimos. Es un ámbito de actuación tan importante como el de la mitigación y fundamental en la vertebración territorial y social de España. Se aborda con un tratamiento sectorial, identificando áreas clave como como la hidrológica, la de costa, la territorial y urbanística, la de salud pública, la de desarrollo urbano, la de edificación e infraestructuras del transporte, la agraria, forestal y, por supuesto, la conservación de la biodiversidad. En este sentido, se incluyen todos los elementos necesarios para reforzar su consecución en nuestro país, como es un sistema de indicadores de impactos y adaptación al cambio climático, que facilite un seguimiento y evaluación de las políticas públicas, así como la necesidad de elaborar informes de riesgos.
6. Estrategia de Transición Justa
La ley establece que se publicará una Estrategia de Transición Justa cada cinco años. Es el instrumento de ámbito estatal dirigido a la optimización de las oportunidades en la actividad y el empleo de la transición hacía una economía baja en emisiones de gases de efecto invernadero. Su implementación se articulará en torno a los Convenios de Transición Justa, instrumentos desarrollados con la participación de las CCAA, entidades locales y agentes sociales y económicos para definir las acciones concretas sobre un territorio o colectivo.
7. Lucha contra el cambio climático y la transición energética en el país
El porcentaje de los Presupuestos Generales del Estado que deberá contribuir a los objetivos establecidos en materia de cambio climático y a la transición energética será el equivalente porcentaje equivalente al acordado en el Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea. Se revisará en 2025, al alza.
8.Se renuevan las obligaciones de información para evitar riesgos financieros
La ley establece un marco para facilitar la equidad en la transición a una economía descarbonizada, ofreciendo herramientas de aprendizaje y transparencia obligatorias que ayuden a percibir y evaluar riesgos y oportunidades y mejorar las decisiones de inversión. De esta manera:
9.Educación, Investigación e Innovación en la lucha contra el cambio climático
Se promueve la inclusión de la educación ambiental en los currículos y apuesta por la capacitación en los empleos del futuro, los vinculados a una economía baja en carbono que ya estamos construyendo. I+D+i: Se establece que el Gobierno promoverá una financiación adecuada de las prioridades en materia de investigación, desarrollo e innovación de cambio climático y transición energética que se incluyan en las sucesivas Estrategias Españolas de Ciencia y Tecnología y de Innovación.
10. Gobernanza y participación pública
El proyecto de ley destaca la creación de un Comité de Expertos de cambio climático y transición energética, de carácter independiente, responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas. En esta misma línea, refuerza la participación ciudadana. Los planes, programas, estrategias, instrumentos y disposiciones de carácter general que se adopten en la lucha contra al cambio climático y la transición energética hacia una economía baja en carbono se llevarán a cabo bajo fórmulas abiertas que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos interesados y del público, en general.
Ribera expresó que: “Sin duda, es un esfuerzo grande que merece la pena acometer y que siembra grandes oportunidades de innovación y de conocimiento”, en referencia a “una ley que garantiza cauces de participación, de actualización y de mejora constante”. Una ley que es buena para todos y tods, para las generaciones actuales y las futuras, para no dejar a nadie atrás, a ningún colectivo y a ningún territorio, para proteger la competitividad de nuestro tejido industrial y para proteger la biodiversidad. En definitiva, es un proyecto de país creíble en línea con la transformación y recuperación de la crisis del COVID en clave verde por la que apuesta la UE para todos los sectores de la sociedad española.
