España cuenta con el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE), un órgano asesor y consultivo adscrito al Ministerio competente en materia de políticas públicas de impulso y fomento de la responsabilidad social de las empresas del Gobierno de España que actualmente es el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Con el objetivo de agrupar en el mismo órgano a representantes de los distintos grupos de interés vinculados a la responsabilidad social de las empresas se constituye el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE). La presidencia y la secretaría del CERSE la ostentan el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y la propia Dirección General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas. Sus principales funciones son la promoción de la responsabilidad social de las empresas, en particular de las pequeñas y medianas y el diseño, gestión y seguimiento de programas y ayudas para la difusión y fomento de la responsabilidad social de las empresas.
¿En qué aspectos se centra la modificación del CERSE?
En primer lugar, se modifica la forma: actualización de la nomenclatura de las instituciones que la conforman (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en vez de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y adaptación del texto a un lenguaje no sexista.
En segundo lugar, se modifica aspectos de la composición: los vocales de cada uno de los tipos de los grupos representativos (organizaciones empresariales, sindicales, de la sociedad civil con reconocido prestigio en la materia y de las Administraciones Públicas) pasan de 12 a 14 vocales cada una. Además se tiene en cuenta la paridad, ya que se explicita en el texto que toda la estructura del CERSE deberá garantizar una composición equilibrada de mujeres y hombres.
Por último, cambia el funcionamiento del Pleno: reducción del número de reuniones ordinarias mínimas, en vez de ser de carácter trimestral van a pasar a tener carácter anual. Por otro lado, se sustituye el “principio de consenso” como único mecanismo para la adopción de de acuerdos que hacía inviable en muchas ocasiones la toma de decisiones, por el principio de la “mayoría simple” de sus miembros presentes.
Se tiene un plazo hasta el 8 de abril para presentar aportaciones a través de un acceso que facilita la participación pública en proyectos normativos. Se tiene en cuenta la opinión de los ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados por un proyecto normativo ya redactado, directamente o a través de las organizaciones o asociaciones que los representen, así como obtener aportaciones adicionales de otras personas o entidades.
Más información detallada sobre la modificación del Real Decreto 221/2008 del 15 de febrero aquí.
