Este año, el proyecto ha evaluado a más de 100 empresas de los sectores de Energía y Extracción de Recursos, Tecnologías de la Información y la Comunicación y Atención de la Salud. Una de sus principales conclusiones es que la mayoría de las empresas reconoce en sus informes la importancia de los problemas ambientales y sociales, pero a menudo esta información no es lo suficientemente clara en términos de problemas concretos, objetivos y riesgos principales. Además, el documento destaca las siguientes.
Respecto al cambio climático, el 90% de las empresas informa sobre el cambio climático, pero solo el 47% especifica claramente para qué se diseñó su política y cómo. En lo que respecta al sector de Energía y Extracción de Recursos, que hace la mayor contribución al cambio climático y enfrenta los mayores riesgos de transición, "es alarmante que solo el 26% de las empresas analizadas enmarcaron sus informes en torno a lograr una transición a un escenario por debajo de 2 ° C y solo el 21% de las empresas informó sobre horizontes de corto y largo plazo (según lo recomendado por el TCFD)", dice el documento.
Hablando de cuestiones medioambientales, las compañías informan sobre temas como el uso del agua, la contaminación, el desperdicio y, en menor medida, la biodiversidad, pero solo algunas compañías revelan ciertos aspectos clave para comprender su impacto real. Ejemplos de esto incluyen contaminación generada por el transporte, que es reportada por el 20% de las empresas; el uso del agua en áreas escasas y limítrofes se explica por el 24% de las compañías (en los sectores de Energía y Salud), a pesar del hecho de que el 74% de las compañías de Energía y el 70% de las compañías de Salud brindan información sobre el consumo de agua yu problemas específicos de biodiversidad vinculados con las operaciones de una compañía (identificadas por el 39% de las compañías en el sector de Energía) e impactos concretos (descritos solo por el 11%), que contrasta con el 74% que describe su política.
En cuanto a problemas sociales y de empleados, existe una brecha entre la cantidad de compañías que brindan información sobre las políticas contra la discriminación o la igualdad de oportunidades, reveladas por el 80% de las compañías, y la revelación de los efectos de estas políticas: solo el 36%. además, muy pocas empresas incluyen trabajadores subcontratados en su perspectiva: solo el 25% informa sobre la cantidad de trabajadores, pero menos del 5% los incluye en sus informes sobre igualdad de oportunidades, negociación colectiva o salarios. Del mismo modo, solo el 10% de las empresas informa sobre el salario digno y muy pocas revelan información país por país sobre temas sensibles a la región, tales como la igualdad de oportunidades (6%) y la libertad de asociación (10%), aunque la mayoría de las empresas lo incluyen. En la investigación tenemos operaciones fuera de Europa (80%).
Por otro lado, más del 90% de las empresas expresan en sus informes el compromiso de respetar los derechos humanos y el 70% se esfuerza por garantizar la protección de los derechos humanos en sus cadenas de suministro. Sin embargo, solo el 36% describe su sistema de diligencia debida en materia de derechos humanos, el 26% proporciona una declaración clara de los problemas más destacados y el 10% describe ejemplos o indicadores de la gestión eficaz de esos problemas. Las compañías comúnmente reportan información sobre auditorías de derechos humanos (58%), pero la divulgación de los resultados de estas auditorías es mucho menos común (25%) que la revelación de las acciones tomadas en consecuencia (16%). De manera similar, solo el 8% de las empresas discute las limitaciones de las auditorías, a pesar del hecho de que estas limitaciones son universalmente reconocidas, como lo demuestra el colapso de Rana Plaza en 2013 y muchos otros accidentes en fábricas auditadas
Por último, en el apartado anticorrupción, según l a Alianza para la Transparencia Corporativa "hay un enfoque considerable en la divulgación de los compromisos y la falta de detalles sobre su implementación". Si bien existe un alto nivel de informes sobre el compromiso contra el soborno (91%), los canales de denuncia de irregularidades (76%), los programas de capacitación (75%) y las normas sobre regalos y hospitalidad (73%), relativamente menos empresas explican los principales elementos de Su programa anticorrupción (63%). Asimismo, la aplicabilidad de las normas de las empresas a terceros se explica en un 60% con respecto a los socios comerciales y en un 43% para agentes, asesores e intermediarios. Finalmente, solo el 10% de las empresas divulgan sus gastos de lobby y las posiciones públicas por las que hacen lobby. Esto es especialmente preocupante en el contexto de las relaciones entre inversores y empresas y la urgente necesidad de una reacción política ante riesgos sistémicos como el cambio climático.
La Alianza ofrece una serie de recomendaciones, entre ellas asegurar una divulgación de alta calidad sobre la sostenibilidad tiene un papel vital en los esfuerzos para reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles y gestionar los riesgos derivados del cambio climático, la degradación ambiental y los problemas sociales. Considera que la divulgación de las empresas también es un elemento clave para garantizar la responsabilidad corporativa para identificar y abordar los riesgos de los impactos adversos en los derechos humanos. Además, los riesgos medioambientales y de derechos humanos mal administrados pueden generar impactos económicos significativos a corto y largo plazo en las empresas en forma de accidentes, litigios, interrupciones en la cadena de suministro, daños en la reputación e inversiones fallidas o retrasadas. Sin embargo, como lo demuestra la investigación, el estado actual de los informes de sostenibilidad corporativa no permite que los inversionistas y otras partes interesadas comprendan los impactos y riesgos de las compañías, y sus estrategias para enfrentarlos.
Los resultados de la investigación sugieren que la legislación debería, como mínimo, aclarar los requisitos para la divulgación de planes de transición a largo plazo hacia una economía sin emisiones de carbono por parte de las empresas en los sectores con mayores impactos y riesgos; riesgos e impactos de la biodiversidad y la determinación de la compañía de las cuestiones salientes de derechos humanos y su gestión.
