"Calculo que para informar de todo lo que exige la nueva ley, la memoria de Telefónica de este año tendrá más de 500 páginas". Así se expresaba Gema Esteban, directora de Inversiones y Analista ASG de la multinacional española. "Eso sí, haré un resumen con infografías con todos los datos importantes en no más de cuatro páginas, para que de un vistazo se pueda ver la información no financiera más relevante", añadía. Respecto a lo que más preguntan los inversores sobre información no financiera, "nuestro top tep, sobre lo que más quieren saber, son dos cosas: política de diversidad y ciberseguridad".
Otro de los ponentes, David Menéndez Carbajosa, director de Responsabilidad Social Corporativa de Bankia, señaló que, en general, las empresas de Ibex "ya estábamos liderando la publicación de información no financiera y lo que hace esta nueva ley es ayudarnos a modelizar y estandarizar la información, y es verdad que cuando la voluntariedad se convierte en ley, la gente corre más".
Elena Blanco, gerente de Sostenibilidad / Responsabilidad Corporativa de Enagás, dijo que lo que más notan es que "ahora la información no financiera está al mismo nivel que la financiera y eso significa que esas áreas tienen que colaborar más con las de sostenibilidad. Y Ana Peña Laseca, jefe de Calidad, Medio Ambiente y Cambio Climático de Ferrovial recordó que "estar en los principales índices de sostenibilidad aporta valor al accionista y da mucha confianza tanto a los inversores como a todos los grupos de interés.
Los cuatro participaron en el panel Empresas e Inversores: Conformidad, Confianza y Valor, junto con Javier Garayoa, director general de Spainsif, y en el que actuó como moderador Marcio Viegas, fundador de Sust4IN.
En la conferencia también hubo un panel dedicado a la socidad civil. Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa, afirmó que, en su opinión, los auditores de cuentas no están capacitados para auditar la información no financiera y de la ley destacó varias cosas, entre ellas, que "permite la comparabilidad entre lo que aportan y detraen las empresas en los territorios que operan" y que ha sido una iniciativa que ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios "aunque creo que ha sido uno de los textos legales que ha tenido más enmiendas de todos los aprobados en los últimos años".
Cecilia Carballo, directora de Programas de Greenpeace, afirmó que "esta ley eleva mucho la presión sobre la calidad de la información y además ahora tendremos más herramientas".
Mar Asunción, responsable del Programa de Clima y Energía de WWF España, dijo que "es necesario que las inversiones cambien y eso es algo que esta ley va a facilitar". En su opinión, el texto legal "podría haber sido más exigente" aunque también es verdad que "ahora, al tener más información, vamos a poder presionar más y establecer cambios de políticas en las empresas".
Y José Carlos González Lorente, responsable Federal de Sostenibilidad / RSE de Comisiones Obreras (CCOO), recordó que "aún hay que desarrollar el Reglamento, algo que va a ser muy interesante" y aunque sería partidario de establecer algún tipo de sanción, "políticamente eso es muy complicado, pero hay más medios, por ejemplo, seguir la recomendación de la CEOE de que se publiquen las multas, faltas y sanciones que han recibido las empresas".
