Esta es la segunda vez que España se sienta en este Consejo del que ya formó parte en el trienio 2011-2013. La candidatura española (sin oposición tras la retirada de la candidatura de Francia en el último momento) obtuvo en octubre del año pasado el voto favorable de 180 de los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU para que nuestro país volviera a formara parte del Consejo para el periodo 2018-2020.
Durante su ponencia del pasado martes 27, el ministro Dastis expuso de manera entusiasta e ilusionante cuáles son las prioridades de España en este periodo, repartidas en tres bloques: derechos individuales; democracia y derechos humanos; y derechos económicos, sociales y culturales.
La lucha contra la pena de muerte, promover los derechos de las personas con discapacidad, la lucha contra la discriminación y desigualdad, la defensa y promoción de los derechos al agua potable y al saneamiento, la cuestión de las empresas y los derechos humanos, o la lucha contra el racismo, la xenofobia y los delitos de odio, son, entre otros, los ámbitos en los que España centrará su actividad dentro del Consejo.
Si bien la entrada de España en este Consejo se ha de considerar como un paso hacia adelante de nuestro gobierno para avanzar en la senda de la protección y promoción de los derechos humanos, los que trabajamos en este ámbito (el de los derechos humanos), mantendremos una mirada prudente y escéptica sobre los compromisos y medidas que en forma de resoluciones, recomendaciones y procedimientos especiales se adopten en el seno del Consejo.
Y digo escéptica principalmente por dos motivos: Por un lado, a causa de la preocupación creciente en torno a la legitimidad del Consejo en relación con la participación en “sus filas” de países con credenciales en derechos humanos de dudosa validez (Siria, Myanmar, Corea del Norte o Irán, por ejemplo). Un escenario que, para algunos, plantea un verdadero obstáculo para el cumplimiento último de este Consejo, que no es otro que el de velar por los derechos humanos en todo el mundo.
Y, por otro, no podemos olvidar el “insuficiente” de España en 2015 en el último Examen Periódico Universal (EPU) de derechos humanos del Consejo. El EPU consiste en una evaluación por la que deben pasar todos los Estados miembros para rendir cuentas en esta materia cada cuatro años. Ese año España recibió 189 recomendaciones sobre cuestiones relacionadas con la migración, la violencia de género y la seguridad ciudadana (entre otras) y aceptó y se comprometió a tomar medidas reales sobre 169. En 2020 España se someterá a nuevo examen.
Con todo, ahora España tiene una gran oportunidad para abanderar una nueva etapa del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que, ojalá, promueva eficazmente el camino hacia una nueva gobernanza global de los derechos humanos, diferente a la que ahora prevalece en gran parte del mundo.
