En un contexto de cambios regulatorios y posibles flexibilizaciones normativas, las empresas enfrentan una decisión crucial: ralentizar sus esfuerzos de sostenibilidad a la espera de una mayor claridad legislativa o continuar avanzando con convicción. La respuesta, desde una perspectiva estratégica, es inequívoca: la sostenibilidad ya no es solo una exigencia regulatoria, sino una demanda imperativa de los inversores, consumidores y grupos de interés.