fuego

Por primera vez desde que comenzó la campaña de incendios forestales de 2026, la superficie afectada en España se sitúa por debajo de la contabilizada a estas alturas del año pasado. Hasta el 17 de agosto, el fuego había alcanzado 254.730 hectáreas, casi 41.000 menos que en el mismo periodo de 2025. Pese a esta reducción, el Gobierno advierte de que el riesgo continúa siendo elevado y reclama mantener la máxima prudencia ante las altas temperaturas.

La Unión Europea ha movilizado aviones, helicópteros, bomberos y herramientas de observación por satélite para apoyar a los países afectados por los incendios forestales. Bélgica y España han solicitado ayuda a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE en una campaña que, a finales de julio, ya había quemado en Europa una superficie 2,5 veces superior a la habitual.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) ha advertido de que el incremento de incendios forestales, temperaturas extremas y tormentas devastadoras refleja el impacto del calentamiento global provocado por la actividad humana. Según ha señalado el secretario ejecutivo de la organización, Simon Stiell, la aceleración de estos fenómenos exige abandonar con mayor rapidez los combustibles fósiles y reforzar tanto la adaptación como la protección de las poblaciones más vulnerables.

En un contexto de veranos cada vez más calurosos y secos, España se enfrenta a un enemigo que gana terreno año tras año: los incendios forestales. Solo en 2024, se quemaron más de 80.000 hectáreas, y las previsiones climáticas apuntan a que la temporada de riesgo se alargará y se intensificará. Sin embargo, la inteligencia artificial (IA) se está consolidando como una herramienta clave para prevenir, detectar y combatir estos desastres antes de que arrasen bosques, biodiversidad y poblaciones enteras.

El Gobierno aprueba medidas urgentes para mejorar la prevención, extinción y la restauración de los terrenos forestales afectados, y da a las comunidades autónomas un plazo de cinco meses para adaptar sus servicios de lucha contra el fuego. Además, se establece un catálogo mínimo de prohibiciones que las comunidades autónomas deberán aplicar cuando el riesgo de incendios sea muy alto o extremo.