Por ello, es imprescindible implementar y aplicar un código de buen gobierno corporativo, para poder desarrollar una serie de prácticas diseñadas en aras de asegurar que la compañía esté gestionada de manera ética, transparente, eficiente y, sobre todo, en beneficio de sus empleados, clientes, accionistas, proveedores y el resto de partes implicadas en el negocio. En definitiva, se trata de hallar el equilibrio entre todos los stakeholders de la compañía, minimizando, al mismo tiempo, los posibles conflictos de intereses.
Estas prácticas están orientadas al conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan tanto la estructura, como el funcionamiento de los órganos de gobierno de la compañía. En este escenario, implementar este tipo de códigos supone un cheque directo al crecimiento sostenible de la empresa, a la confianza de los inversores, al acceso al crédito extranjero, a la atracción y retención de talento y a la mejora de la imagen de marca. Estamos, por tanto, ante uno de los pilares fundamentales para lograr el desarrollo y la transformación de las compañías en cuanto a negocio, sostenibilidad y competencia se refiere.
Son muchos los factores que se han de cuidar para tener una gobernanza adecuada, entre ellos, la participación en la junta general de accionistas, la transparencia, la lucha contra la corrupción y el fraude, o la prevención y tratamiento de conflictos de intereses. En definitiva, todos los aspectos que impactan en la cultura corporativa, así como en la imagen (que debe estar completamente alineada con la idiosincrasia) que perciben los stakeholders clave para las empresas: clientes, sociedad en general, empleados, proxys, inversores o el propio regulador.
Es evidente que muchos de estos factores se cuidan en las empresas sin la necesidad de una guía o una referencia al Buen Gobierno. Aun así, implantar una estrategia conjunta es, sin duda, un valor diferencial que fomenta un alineamiento entre lo que demanda la sociedad por parte de las compañías y lo que estas realmente llevan a cabo. Tanto es así que la Ley de Sociedades de Capital impone una serie de obligaciones en esta materia; mientras que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha establecido una serie de recomendaciones en su Guía de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas.
En este sentido, teniendo en consideración el valor progresivo que ha ido adquiriendo el Buen Gobierno en el ecosistema empresarial, AENOR ha renovado su certificación de Buen Gobierno Corporativo; una solución que contempla las mejores prácticas, centrando su atención en la realidad nacional y abordando el desarrollo actual y futuro de las expectativas en dicha materia. Esta versión 2.0, además de realizar una actualización global, refuerza el principio de transparencia y la implicación del consejo y las comisiones en las materias de su competencia.
La renovación se ha diseñado para dar cabida no sólo a sociedades cotizadas sino también a otras sociedades que tengan madurez en cuestiones de gobierno corporativo. Además, esta renovación se ha realizado con la participación y el asesoramiento de prestigiosas firmas de abogados como Deloitte Legal, Ernst & Young Abogados, PwC Tax & Legal y el despacho Garrigues En resumen, esta certificación se postula como la posibilidad de disponer de un sistema de evaluación objetivo, una calificación por un tercero independiente que acredite el nivel del Buen Gobierno Corporativo y una mejora de la información pública e identificación de las principales áreas de crecimiento.
