La sostenibilidad gana peso en el sector financiero europeo, pero los bancos españoles no cotizados aún tienen un amplio margen de mejora para adaptarse a los estándares internacionales. Así lo refleja el estudio “El reto de la sostenibilidad para los bancos españoles no cotizados”, elaborado por la consultora especializada Standard Ethics, que analiza la capacidad de estas entidades para incorporar los criterios ambientales, sociales y de gobernanza en su actividad y en sus relaciones con clientes, proveedores e inversores.
El informe examina 19 entidades financieras españolas —entre grupos bancarios y bancos individuales no cotizados— seleccionadas entre las principales del país por volumen de activos gestionados. El objetivo ha sido evaluar el grado de integración de la sostenibilidad en aspectos clave como la gestión de riesgos ESG, las políticas corporativas, los códigos éticos y la transparencia informativa.
Según el estudio, la mayoría de las entidades analizadas ha comenzado a incorporar herramientas de sostenibilidad en su estrategia corporativa, aunque con distintos niveles de desarrollo.
Uno de los datos más destacados es que el 74% de los bancos publica informes ESG estandarizados, una señal de que la transparencia en materia de sostenibilidad empieza a consolidarse en el sector. Sin embargo, la implantación de políticas específicas sigue siendo limitada.
Solo el 32% de las entidades dispone de una política ambiental pública, mientras que apenas un 11% ha desarrollado y divulgado una política de derechos humanos. El análisis también pone de manifiesto la ausencia total de políticas relacionadas con la inteligencia artificial, un ámbito que adquiere cada vez más relevancia por sus implicaciones éticas y regulatorias.
En cuestiones vinculadas a la igualdad y la diversidad, los resultados también muestran avances moderados. El 21% de los bancos cuenta con una política de igualdad de género y únicamente el 16% publica medidas específicas sobre diversidad e inclusión.
La investigación también pone el foco en los instrumentos de gobernanza corporativa. Aunque el 63% de las entidades dispone de un Código Ético o Código de Conducta, solo la mitad de estos documentos incorpora referencias alineadas con los marcos internacionales impulsados por organismos como la ONU, la OCDE o la Unión Europea.
La representación equilibrada en los órganos de decisión sigue siendo otro de los desafíos pendientes. De acuerdo con el estudio, únicamente el 16% de los consejos de administración analizados alcanza la paridad de género.
Uno de los aspectos que más preocupa a los autores del informe es la escasa utilización de evaluaciones externas sobre sostenibilidad. El estudio señala que el 42% de los bancos analizados no trabaja con agencias independientes de calificación ESG.
Según Standard Ethics, esta situación resulta especialmente relevante en un contexto marcado por la evolución regulatoria europea. La entrada en vigor del futuro registro comunitario de proveedores de calificaciones ESG otorgará mayor relevancia a las evaluaciones oficiales y reconocidas por las autoridades europeas.
La consultora destaca que, pese a las crecientes exigencias regulatorias, todavía son poco frecuentes los análisis previos de posicionamiento frente a los riesgos ESG. En algunos casos, las entidades sustituyen las evaluaciones independientes por la difusión de premios o reconocimientos genéricos, una práctica que limita el diálogo estructurado y la comparación objetiva que sí están incorporando cada vez más los bancos cotizados.
Las conclusiones del informe apuntan a que la banca no cotizada española se encuentra en una fase de transición hacia modelos más alineados con las expectativas de sostenibilidad del mercado y de los reguladores. No obstante, la integración efectiva de aspectos como los derechos humanos, la diversidad, la gobernanza responsable o la gestión de riesgos ESG continúa siendo uno de los principales retos para reforzar la credibilidad y la capacidad de atraer inversión sostenible en los próximos años.
Según destaca Standard Ethics, la adaptación a los estándares internacionales ya no es únicamente una cuestión reputacional, sino un elemento cada vez más determinante para la competitividad y el acceso a capital en el sistema financiero europeo.
