La contaminación del aire también es una cuestión de justicia social. La mala calidad del aire se ha convertido en uno de los grandes desafíos de salud pública en las ciudades. Pero, además de un problema ambiental, también refleja profundas desigualdades sociales. Así lo advierte el informe “Ciudades frente al cambio climático. Reducir emisiones para ganar salud”, publicado por la organización Salud por Derecho, que analiza cómo la contaminación atmosférica afecta de manera desigual a la población urbana.
Según el estudio, las personas con menos recursos afrontan una situación de “triple vulnerabilidad”: viven en zonas con mayores niveles de contaminación, tienen menos capacidad para protegerse de sus efectos y sufren consecuencias sanitarias más graves.
En muchas ciudades, los barrios con menor renta suelen situarse cerca de grandes vías de tráfico o de zonas con mayor actividad contaminante. En estos entornos, las concentraciones de contaminantes pueden llegar a ser hasta un tercio más altas que en otras áreas urbanas. A esta mayor exposición se suman factores sociales que amplifican el riesgo, como la calidad de la vivienda, el tipo de empleo o el acceso a servicios sanitarios. Todo ello limita la capacidad de las personas para reducir su exposición o afrontar las consecuencias para su salud.
“La contaminación no es solo un problema ambiental, es una cuestión de salud pública y de justicia social”, explica Adrián Alonso, responsable de Incidencia Política de Salud por Derecho y autor del informe. Según señala, las ciudades tienen capacidad para reducir emisiones y mejorar el bienestar de la población si las políticas urbanas se diseñan teniendo en cuenta a quienes están más expuestos.
La mala calidad del aire constituye uno de los principales riesgos ambientales en Europa. Cada año provoca más de 253.000 muertes prematuras en la Unión Europea y puede reducir la esperanza de vida hasta en dos años. Además, el problema está ampliamente extendido: el 97% de la población urbana respira aire con niveles de partículas finas superiores a los recomendados para proteger la salud.
La exposición prolongada a contaminantes como las partículas finas o el dióxido de nitrógeno está relacionada con múltiples problemas de salud. Entre ellos se encuentran enfermedades respiratorias y cardiovasculares, trastornos metabólicos, problemas en el desarrollo infantil, mayor riesgo de prematuridad e incluso efectos sobre la salud mental.
El impacto también tiene una dimensión económica relevante. El informe indica que la contaminación del aire genera un coste medio superior a 1.200 euros anuales por habitante en las ciudades europeas, debido a gastos sanitarios, pérdida de productividad y otros efectos asociados.
El documento subraya que la contaminación atmosférica y el cambio climático comparten un origen común: la quema de combustibles fósiles en el transporte, la generación de energía y la industria. En las ciudades, el tráfico motorizado es la principal fuente de emisiones contaminantes. Aunque los vehículos de transporte de mercancías y pasajeros representan alrededor del 13% de la flota, generan el 51% de las emisiones de óxidos de nitrógeno en la Unión Europea.
El informe analiza diversas medidas urbanas orientadas a reducir el tráfico y recuperar espacio público para las personas, como las zonas de bajas emisiones, las calles escolares sin tráfico o el rediseño de barrios para favorecer la movilidad activa.
La evidencia disponible muestra que estas iniciativas pueden tener efectos significativos. Por ejemplo, las calles escolares han logrado reducciones de entre el 23% y el 33% en los niveles de dióxido de nitrógeno en entornos cercanos a centros educativos. Asimismo, el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) estima que la implantación completa del modelo de supermanzanas en Barcelona podría evitar hasta 667 muertes prematuras al año gracias a la reducción de contaminación, ruido y calor urbano.
El informe advierte de que limitar la solución a sustituir los vehículos de combustión por coches eléctricos no resolverá por sí solo el problema. Aunque estos vehículos eliminan las emisiones del tubo de escape, no solucionan otros efectos asociados al modelo actual de movilidad urbana. Un atasco de coches eléctricos sigue generando congestión, ocupación del espacio público y partículas derivadas del desgaste de frenos y neumáticos.
Por ello, el estudio plantea que la prioridad debe ser reducir la dependencia del coche privado y apostar por alternativas como el transporte público, la movilidad a pie o en bicicleta y la renaturalización del espacio urbano. Estas medidas, además de disminuir las emisiones, aportan beneficios directos para la salud al fomentar la actividad física y contribuir a prevenir enfermedades cardiovasculares y otras patologías crónicas.
El informe también alerta de que algunas políticas destinadas a mejorar el entorno urbano pueden generar efectos no deseados si no se diseñan con criterios de equidad social.
Determinadas intervenciones urbanísticas pueden provocar procesos de encarecimiento de la vivienda o desplazamiento de residentes vulnerables, lo que reproduce nuevas desigualdades.
Por este motivo, Salud por Derecho defiende que las políticas de movilidad y urbanismo incorporen alternativas de transporte asequibles y accesibles para toda la población, garantizando que los beneficios de la mejora ambiental se distribuyan de manera equitativa.
En este contexto, la nueva Directiva europea de calidad del aire, que fija objetivos más estrictos para reducir la contaminación en los próximos años, abre una oportunidad para impulsar políticas urbanas que mejoren la salud pública y, al mismo tiempo, contribuyan a reducir las brechas sociales en las ciudades.
