Europa se enfrenta a un reto doble: adaptarse a los efectos del cambio climático y garantizar que esta adaptación no agrave aún más las desigualdades sociales existentes. Así lo revela el nuevo informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, titulado “Equidad social en la preparación frente al cambio climático: cómo una resiliencia justa puede beneficiar a las comunidades europeas”, publicado esta semana.
Según informa la AEMA, los fenómenos extremos como las olas de calor, las inundaciones o la sequía afectan de forma desproporcionada a determinados sectores de la población. Personas con bajos ingresos, menores, personas con discapacidad, trabajadores migrantes al aire libre o comunidades étnicas minoritarias, como la población romaní o sámi, figuran entre los grupos más expuestos y con menor capacidad para afrontar y recuperarse de los impactos climáticos.
El informe pone el foco en cuatro sistemas clave donde es urgente integrar la justicia climática: la infraestructura urbana, la agricultura y la alimentación, la gestión del agua y el transporte. Y advierte que la falta de planificación específica y de recursos dedicados puede perpetuar o incluso acentuar las desigualdades existentes.
Entre los datos más alarmantes que revela el informe:
Además, la escasez de indicadores, datos sistemáticos y mecanismos de financiación adecuados dificulta una adaptación equitativa a todos los niveles de la gobernanza.
Frente a este panorama, la AEMA lanza una serie de recomendaciones dirigidas a los responsables políticos y técnicos de toda Europa. A nivel comunitario, pide que se incorpore la resiliencia justa como eje central en el próximo Plan Europeo de Adaptación Climática de 2026. A escala nacional, insta a integrar la justicia en las políticas públicas relacionadas y a garantizar el acceso efectivo a los recursos para las poblaciones más expuestas. Por último, a nivel local, se subraya la necesidad de implicar desde el inicio a las comunidades más afectadas y adaptar las medidas a sus realidades concretas.
El informe también incluye ejemplos de buenas prácticas en distintos países europeos, demostrando que una transición ecológica más justa es posible, siempre que se actúe con voluntad política, financiación adecuada y participación ciudadana real.
“Nadie debe quedarse atrás en la adaptación al cambio climático”, recuerda la AEMA, que insiste en que la justicia social no es un añadido, sino una condición imprescindible para construir una Europa verdaderamente resiliente e inclusiva.
