Carreteras transitables, escuelas en condiciones dignas, acceso a agua potable o electricidad renovable no son lujos: son derechos básicos que, en muchos territorios rurales, aún no están garantizados. La falta de infraestructuras adecuadas sigue siendo una de las principales causas del abandono del campo en muchas regiones del planeta. Frente a este reto, las infraestructuras sostenibles surgen como una solución estructural para reducir la desigualdad, luchar contra la emergencia climática y reequilibrar el desarrollo territorial.
Así lo recoge un reciente reportaje publicado por BBVA, en el que se subraya la importancia de dotar a las comunidades rurales de infraestructuras diseñadas con criterios de sostenibilidad ambiental, durabilidad, inclusión social y eficiencia económica.
Oaxaca: un ejemplo de transformación con impacto social y climático
En el estado mexicano de Oaxaca, uno de los más castigados por la exclusión social y la migración forzada, las cifras muestran el impacto positivo de estas inversiones. En 2010, el 40 % de su población vivía prácticamente aislada, sin carreteras asfaltadas ni acceso fácil a servicios básicos. Diez años después, ese porcentaje se había reducido a la mitad, gracias al Programa Nacional de los Pueblos Indígenas, que canalizó 135 millones de dólares para mejorar más de 680 kilómetros de caminos rurales.
La intervención, según datos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), generó 14.000 empleos locales y benefició directamente a unas 200.000 personas. Y es que, como explica Mónica López, experta en infraestructuras sostenibles y consultora independiente, “estos proyectos no solo conectan territorios, también conectan oportunidades, reducen la huella ecológica y promueven la resiliencia frente a crisis futuras”.
Una mirada integral para un desarrollo equitativo
Tal como recoge BBVA, los beneficios de estas infraestructuras no se limitan a lo económico. Desde una visión integral, incluyen también mejoras sanitarias (gracias a nuevos centros de salud o sistemas de saneamiento), educativas (con escuelas y centros de formación), energéticas (mediante el acceso a fuentes renovables) y tecnológicas (como la expansión de redes de telecomunicaciones en zonas remotas).
Según la ONU, el acceso a estos servicios básicos sigue siendo muy desigual: el 50 % de la población rural en el mundo no dispone de saneamiento adecuado, el 16 % carece de agua potable fiable y más de 2.800 millones de personas viven sin acceso a energía moderna, concentrándose mayoritariamente en el medio rural.
El desarrollo rural sostenible no se consigue solo con cemento y cables. Mónica López insiste en que “es imprescindible acompañar las inversiones con políticas públicas integradas, que respeten el patrimonio cultural, fomenten la innovación local y garanticen la participación de las comunidades en la toma de decisiones”. La apuesta por infraestructuras sostenibles es, en definitiva, una inversión con múltiples retornos: reduce la pobreza, impulsa la equidad territorial, fortalece la lucha climática y ofrece nuevas oportunidades para frenar el éxodo rural. Una estrategia que, como apunta BBVA, debería formar parte central de las agendas públicas y privadas si se quiere avanzar hacia un modelo de desarrollo realmente justo y sostenible.
