Los delitos ambientales constituyen acciones ilícitas que provocan daño o deterioro al medio ambiente, abarcando desde la contaminación del aire, agua o suelo hasta la tala ilegal de árboles, la caza furtiva de especies protegidas y el vertido ilegal de desechos, entre otros. Estas acciones no solo impactan negativamente en los ecosistemas y la biodiversidad, sino también en la salud humana. Sin embargo, la respuesta global ante esta problemática se ve obstaculizada por las marcadas disparidades en las leyes medioambientales entre distintas regiones del mundo, especialmente en un contexto donde la crisis climática es cada vez más evidente.
En este contexto, Angela Me, directora de investigación y análisis de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ha presentado el informe "El panorama de la penalización", una primera entrega del Informe sobre el análisis global de los delitos ambientales. Este documento analiza cómo los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas tipifican y sancionan los delitos contra la naturaleza, evidenciando la falta de uniformidad en las legislaciones y sus aplicaciones.
Se espera que una legislación más rigurosa contribuya a disuadir a los posibles delincuentes y amplíe las herramientas de investigación disponibles para las fuerzas del orden, facilitando así la lucha contra los delitos ambientales. El estudio aborda nueve áreas principales de delitos relacionados con la naturaleza, desde la deforestación hasta la contaminación acústica, destacando la necesidad de una respuesta coherente y efectiva.
El informe revela que la mayoría de los Estados miembros de la ONU consideran los delitos contra la fauna y flora silvestres como criminales, y que un considerable porcentaje impone penas de prisión de cuatro años o más por algunos delitos ambientales, categorizándolos como delitos graves según la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC).
A pesar de estos avances, persisten desigualdades en la legislación y su aplicación, lo que crea brechas que los grupos delictivos pueden explotar. La variabilidad regional es evidente, como lo demuestra el hecho de que el nivel de penalización y las sanciones difieren significativamente entre países y regiones.
El informe destaca la importancia de mejorar la legislación para abordar tanto a individuos como a empresas responsables de delitos ambientales, proponiendo medidas como la confiscación de activos utilizados en estos actos o de los beneficios obtenidos. Además, sugiere ampliar el uso de herramientas de cooperación internacional para fortalecer la aplicación de la ley a nivel global.
En resumen, para combatir eficazmente los delitos ambientales, es crucial fortalecer la legislación, mejorar la aplicación de la ley y recopilar datos más precisos sobre la incidencia y las penas aplicadas. Esto proporcionará una base sólida para comprender qué enfoques son más efectivos en la prevención de los delitos contra el medio ambiente y proteger así nuestro planeta para las generaciones futuras.
