Las comisiones de Mercado Interior y Medio Ambiente de la Unión Europea tomaron posición el miércoles 14 de febrero con respecto a las normas para validar las afirmaciones de marketing medioambiental por parte de las empresas. Se trata de la Directiva sobre alegaciones ecológicas, que complementa la prohibición ya aprobada del "lavado verde" y establece los requisitos que las empresas deben cumplir para respaldar sus alegaciones de marketing medioambiental en el futuro. Esta directiva también establece un marco y plazos para la verificación y aprobación de dichas alegaciones, así como las consecuencias para las empresas que no cumplan con la ley.
El proyecto de informe fue respaldado por 85 votos a favor, 2 en contra y 14 abstenciones. Ahora pasará a votación en una próxima sesión plenaria y representará la posición del Parlamento en primera lectura, probablemente en marzo. Después de las elecciones europeas del 6 al 9 de junio, el nuevo Parlamento seguirá el expediente.
Pero antes de adentrarnos más, ¿qué entendemos por "greenwashing" o "lavado verde"? Este término describe la práctica de algunas empresas o entidades de presentar una imagen de responsabilidad ambiental que puede ser falsa o exagerada, con el propósito de mejorar su reputación o aumentar sus ventas, sin respaldar estas afirmaciones con acciones concretas y significativas.
En un contexto donde la conciencia ambiental está en aumento y los consumidores buscan productos y servicios más respetuosos con el medio ambiente, el greenwashing se convierte en una estrategia tentadora para algunas empresas. Utilizan etiquetas ecológicas ambiguas, imágenes idílicas de la naturaleza en sus campañas publicitarias e incluso hacen afirmaciones engañosas sobre el impacto ambiental de sus productos.
Este comportamiento no solo confunde a los consumidores, sino que también perjudica los esfuerzos genuinos de las empresas comprometidas con prácticas sostenibles y la reducción de su huella ambiental. Además, puede generar desconfianza hacia todas las marcas, afectando negativamente la relación entre empresas y consumidores.
Para abordar el greenwashing, es crucial implementar acciones regulatorias, educativas y de responsabilidad empresarial. Los gobiernos deben establecer normativas claras y estrictas en publicidad ambiental, definir criterios rigurosos para el uso de etiquetas ecológicas y aplicar sanciones efectivas a los infractores.
Además, los consumidores deben ser informados y críticos con las afirmaciones de las empresas, buscando evidencia del compromiso ambiental detrás de las etiquetas y mensajes publicitarios. Las empresas, a su vez, deben comprometerse verdaderamente con la sostenibilidad, implementando prácticas transparentes y demostrando de manera verificable el impacto positivo de sus acciones en el medio ambiente.
El ponente parlamentario Andrus Ansip (Renovar, EE) para la Comisión de Mercado Interior ha declarado: "Los estudios demuestran que el 50% de las declaraciones medioambientales de las empresas son engañosas. Los consumidores y los empresarios merecen transparencia, claridad jurídica e igualdad de condiciones de competencia. Los comerciantes están dispuestos a pagar por ello, pero no más de lo que ganan con ello. Me complace que la solución propuesta por las comisiones sea equilibrada, aporte más claridad a los consumidores y, al mismo tiempo, sea, en muchos casos, menos gravosa para las empresas que la solución propuesta inicialmente por la Comisión."
