Tras un año insólito y con una crisis sanitaria sin precedentes, provocada por la COVID-19, en el que la sociedad en su conjunto se vio fuertemente afectada, El Observatorio Empresarial para el Crecimiento inclusivo (OEPCI) presentó su IV Informe de investigación, que este año lleva por título “Crecimiento inclusivo. En busca de la prosperidad compartida” en el que esta entidad, pionera en España en la investigación y promoción del crecimiento inclusivo, analiza el panorama actual en nuestro país y habla de la formación y el empleo como claves para una recuperación que no deje a nadie atrás.
Con esta publicación, las empresas miembros del Observatorio –BBVA, Divina Pastora, SENER, Fundación “la Caixa”, Fundación KPMG, Open Value Foundation, Fundación UNIR, IESE Business School y The Boston Consulting Group– se proponen profundizar en un tema de enorme trascendencia en el momento actual: conseguir que la generación de riqueza que logran las empresas con su actividad sea una fuente de prosperidad, no solo para sus propietarios y empleados, sino cada vez para más personas, en particular aquellas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión social. Un desafío tan grande como necesario en estos tiempos.
La investigación realiza una radiografía del panorama actual en nuestro país. Así, refleja cifras y datos que sirven para tomar consciencia de la compleja realidad a la que nos enfrentamos. Uno de los datos más contundentes es que España se ha convertido, según información de la Comisión Europea, en el Estado miembro de la Unión con peores datos de desempleo entre los menores de 25 años. En el mes de agosto de 2020, casi un 44 % de los jóvenes españoles no tenían trabajo.
El hecho de haber triplicado la media de la zona euro puede justificarse, en parte, por la crisis económica provocada por la emergencia sanitaria, pero lo cierto es que, según la investigación, los datos sobre empleo en nuestro país nunca han sido buenos. En 2019, la tasa de paro entre jóvenes de hasta 29 años con estudios universitarios fue del 16,7 %. Era la cifra más alta de Europa junto con Italia. Además, entre los años 2000 y 2019, el nivel de paro entre los jóvenes se situaba en torno al 34%.
El mercado laboral español ha mostrado su vulnerabilidad durante la crisis sanitaria, con una fuerte reducción de afiliación a la Seguridad Social (más de medio millón de afiliados menos entre agosto de 2019 y el mismo mes de 2020, según la última actualización antes del cierre del informe) y 1,4 millones de trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). En parte, son consecuencia de la crisis sanitaria, pero también de la singularidad del mercado de trabajo, al tener España una tasa de temporalidad en el empleo del 25,2 % frente al 13,9 % de la Unión Europea.
Según datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística (INE), Los efectos del confinamiento de la primavera de 2020 no solo se han reflejado en el PIB: la economía española sufrió una significativa caída del 17,8 % en el segundo trimestre del año, en los meses más duros del comienzo de la emergencia sanitaria. La pandemia del coronavirus también “nos ha descubierto a los otros”, reconoce el presidente de la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social (DIRSE), Juan José Almagro, en conversación para la investigación realizada por OEPCI. La vulnerabilidad no se encuentra únicamente a miles de kilómetros de distancia, la tenemos también en nuestros pueblos y ciudades.
Sin dudas, las y los jóvenes son una generación clave para el desarrollo futuro de España y, sin embargo, la mayoría, pese a estar suficientemente capacitados, no encuentran alternativas para su desempeño profesional teniendo que optar por irse del país quienes pueden, o aceptar ofertas laborales menos calificadas en algunos casos.El grupo de expertos consultados por OEPCI advierten del peligro de que desempleo e inestabilidad laboral se conviertan en problemas crónicos. En este sentido, Mónica Gil-Casares, coordinadora de la investigación, apunta: “Es necesario pensar a medio-largo plazo. Debemos considerar que crear y mantener el empleo es clave en la lucha contra la desigualdad”. Por su parte, David Menéndez, de Bankia, coincide con ella en “la urgencia de pensar a medio plazo para no hacer crónico el proceso”.
Aunque entre 2013 y 2019 el desempleo de larga duración se redujo en todos los grupos, los datos negativos persisten. La investigación advierte que el año pasado, el 60,4 % de los parados mayores de 50 años llevaba en esta situación más de un año, mientras que, para el grupo de población más joven, el paro de larga duración afectaba al 29,3 % de los desempleados. En total, estamos hablando de 1,5 millones de personas que llevan más de un año desempleadas, según datos recopilados por la Fundación BBVA. Para intentar aportar revertir esto, el informe del OEPCI sostiene que la reconstrucción depende de la buena conexión entre empresas, sistema educativo y servicios de empleo. En esta línea, recoge soluciones para crear nuevas oportunidades y mejorar esta preocupante situación:
1. Mayor coordinación entre empresas, sistema educativo y servicios de empleo.
Las y los entrevistados por OEPCI subrayan como una de las causas del empobrecimiento del mercado laboral la escasa coordinación entre los servicios públicos de empleo, el sistema educativo y las organizaciones empresariales. La adecuada conexión entre estas tres áreas, así como la promoción de políticas fiscales favorables para la generación de empleo, marcarán a corto plazo el éxito o el fracaso de la reconstrucción económica tras la pandemia.
2. Dar un espacio a la Formación Profesional
Si se reconociera el valor de la Formación Profesional (grados medios y grados superiores) en nuestro mercado laboral, se facilitaría el empleo para miles de personas. Conviene que los equipos de recursos humanos revisen los perfiles demandados, centrándose en qué necesitan para un puesto y qué competencias requiere ese trabajo.
3. Mandos de decisión profesionalizados
Las administraciones públicas se benefician y ofrecen mejores servicios cuando incorporan perfiles menos políticos y más técnicos, con experiencia en el ámbito de que se trate (social, empleo, educación, etc.), con una voluntad real de colaboración, con medidas que faciliten e incentiven el trabajo conjunto entre las administraciones, el sector empresarial y sector social.
4. Atención a los derechos laborales
Desde el OEPCI insisten en que es más pertinente que nunca proteger el derecho al trabajo y pensar en la ocupación, no únicamente desde la dimensión productiva y económica, sino también poniendo a las personas en el centro. De ese modo, se avanzaría en el objetivo 8 de la Agenda 2030, que subraya la importancia de “promover el crecimiento económico, sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”.
