
Al menos 5,9 millones de niños, niñas y jóvenes en América Latina podrían caer en la pobreza en los próximos cinco años como consecuencia directa del cambio climático. La advertencia la lanzan la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y UNICEF en un reciente informe que pone el foco en un dato preocupante: si los países de la región no cumplen con sus compromisos de reducción de emisiones y no destinan recursos suficientes a la resiliencia social, la cifra podría triplicarse y alcanzar los 17,9 millones de menores para 2030.
El documento, titulado "El impacto del cambio climático sobre la pobreza infantil y juvenil de América Latina", analiza cómo los fenómenos climáticos extremos —olas de calor, sequías, ciclones o inundaciones— intensifican la pobreza estructural. Estos eventos no solo afectan la salud y la seguridad alimentaria de la niñez, también interrumpen su educación y el sustento de sus familias.
“Los niños, niñas y adolescentes sostienen el mayor peso del cambio climático. No sólo porque sus cuerpos en desarrollo son más vulnerables, sino porque estos fenómenos amenazan sus derechos básicos a la educación, la salud y la protección”, advirtió Roberto Benes, director regional de UNICEF.
La conclusión es clara: sin acceso a recursos mínimos y a sistemas de protección social robustos, las desigualdades en la región se profundizarán. El informe señala un desequilibrio alarmante en las prioridades de inversión: apenas el 3,4% del financiamiento climático en América Latina y el Caribe se dirige a la infancia. Esto implica que los fondos destinados a salud, nutrición, educación, agua y saneamiento —elementos esenciales para garantizar los derechos de la niñez— siguen siendo marginales.
La reducción de la cooperación internacional y los recortes en ayudas llegan, además, en un momento crítico: cuando más se necesita un refuerzo en la protección de la infancia frente a los impactos del calentamiento global.
La pobreza infantil en el contexto climático no es solo un desafío económico: es una cuestión de justicia y de derechos humanos. La Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a garantizar condiciones de vida dignas y oportunidades para el desarrollo pleno de la infancia. Sin embargo, como denuncia el informe, los gobiernos de la región aún no alinean sus compromisos climáticos con esa obligación.
Recomendaciones urgentes
Ante este panorama, CEPAL y UNICEF llaman a los países a reforzar sus políticas climáticas con una mirada centrada en la infancia. Entre sus recomendaciones destacan:
El informe abarca datos de 18 países —entre ellos Argentina, México, Brasil, Colombia y Chile— que en conjunto representan el 95% de la población de América Latina y el Caribe, según precisan CEPAL y UNICEF.
La advertencia es contundente: sin un cambio de rumbo que priorice la protección de la infancia, la emergencia climática no solo incrementará las desigualdades sociales, sino que hipotecará el futuro de millones de jóvenes en la región.