Cada vez que se habla de voluntariado surge la misma pregunta: “¿No están sustituyendo puestos de trabajo que deberían ser remunerados?”. En un contexto marcado por el desempleo y la precariedad laboral, la duda es legítima. Sin embargo, cuando el voluntariado está bien organizado y se desarrolla de forma ética, no reemplaza a los profesionales: complementa su trabajo, amplía el alcance de las acciones y, en muchos casos, contribuye a generar las condiciones para contratar a más personas.
Existen funciones que nunca deberían recaer exclusivamente en voluntarios, como la atención médica, el acompañamiento psicológico, el trabajo social, la contabilidad, la gestión financiera o la dirección de refugios y centros de atención. Estas tareas requieren formación específica, responsabilidad técnica, continuidad y supervisión profesional. La propia legislación brasileña define el voluntariado como una actividad no remunerada y sin vínculo laboral. Cuando una persona es llamada “voluntaria”, pero cumple horarios y responsabilidades propias de un empleado, ya no se trata de voluntariado: se trata de fraude.
En la práctica cotidiana de la mayoría de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), los voluntarios suelen asumir tareas que los equipos contratados no podrían cubrir por sí solos: campañas de recaudación de fondos, apoyo escolar, visitas a personas mayores, mentorías para jóvenes, mantenimiento de espacios, apoyo logístico en eventos o acciones puntuales. Son actividades valiosas, aunque muchas de ellas no justificarían, de manera individual, la creación de un puesto fijo.
Además, un programa de voluntariado bien estructurado suele fortalecer a las organizaciones, mejorar su capacidad de gestión y hacerlas más atractivas para financiadores y donantes. Con más recursos disponibles, también crece la necesidad de incorporar perfiles profesionales como coordinadores, educadores, trabajadores sociales o comunicadores. En este sentido, el voluntariado deja de verse como una amenaza y pasa a convertirse en un aliado para la generación de empleo.
Otro aspecto que suele ignorarse es el perfil de quienes participan en estas iniciativas. Muchas personas voluntarias no estarían disponibles para trabajar a tiempo completo en esas organizaciones: ya tienen otro empleo, estudian, viven lejos o solo pueden dedicar algunas horas al mes. Un abogado que asesora a una ONG unas horas por semana, un profesional tecnológico que desarrolla un sistema, un diseñador que revisa una campaña o un profesor que imparte un taller puntual aportan conocimientos que, en muchos casos, la organización no podría costear.
Cuando existe formación adecuada y coordinación técnica, estas colaboraciones también ayudan a mejorar la calidad de los servicios. Esto ocurre, por ejemplo, con monitores de actividades deportivas o culturales que trabajan bajo la supervisión de educadores profesionales, permitiendo ampliar el número de personas atendidas sin sustituir puestos especializados.
Los problemas aparecen cuando faltan ética y buena gestión. Si una organización utiliza voluntarios para cubrir de manera permanente funciones que requieren responsabilidad técnica y deberían ser remuneradas, se produce una distorsión. La solución, sin embargo, no pasa por demonizar el voluntariado, sino por establecer límites claros: definir qué tareas deben ser siempre profesionales, en qué espacios puede intervenir el apoyo voluntario, cuáles son los alcances de esa participación y qué formación resulta necesaria.
También es importante observar el contexto social en el que muchas organizaciones desarrollan su trabajo. En numerosos territorios, sin voluntariado simplemente no existiría ningún tipo de servicio. En esos casos, no se trata de empleos que “se pierden”, sino de derechos y cuidados que nunca llegarían a concretarse. Allí, el voluntariado no compite con el empleo remunerado: compite con el abandono.
Por último, el voluntariado también contribuye a formar ciudadanía más comprometida, informada y sensible frente a las desigualdades. Quienes participan en acciones solidarias suelen involucrarse más en la defensa de políticas públicas, exigir mayor responsabilidad a los gobiernos, consumir de forma más consciente y colaborar económicamente con distintas causas sociales. Todo ello moviliza recursos y genera impactos directos e indirectos en la economía social.
Decir que “el voluntariado quita trabajo” es una simplificación que ignora matices y contextos. Es cierto que pueden existir abusos cuando faltan controles o prevalece la mala fe, pero, en términos generales, un programa de voluntariado coordinado con profesionalidad, claridad de roles y supervisión adecuada no ocupa el lugar de nadie: ocupa espacios donde el Estado y el mercado todavía no llegan. Más que competir con el trabajo remunerado, suele caminar a su lado y, muchas veces, abrir puertas hacia empleos más dignos y sostenibles.
La pregunta, entonces, deja de ser “¿quién pierde un empleo?” para convertirse en otra mucho más relevante: “¿quién gana derechos, cuidados y oportunidades que antes no tenía?”.
