La movilidad urbana es una de las principales responsables del calentamiento global y de la contaminación en las ciudades. Su transformación —hacia vehículos eléctricos, transporte público limpio, infraestructuras sostenibles y planificación inteligente— es crucial para mitigar el cambio climático y garantizar el derecho a un medioambiente saludable.¿Es una obviedad? Por supuesto, pero no por ello debemos dejar de trabajar para hacerla realidad, y debemos hacerlo desde todos los frentes.
Según los datos de la Agencia Internacional de la Energía, el transporte representa un 23% de todas las emisiones de CO2 relacionadas con la energía. Los vehículos ‘de carretera’ -coches, camiones, autobuses y motocicletas- son responsables de tres cuartas partes de esas emisiones, y solo los coches o vehículos ligeros, suponen casi la mitad. Hemos identificado el problema, tenemos la tecnología para sustituir los métodos de combustión, estamos más concienciados. Sin embargo, estas terribles cifras siguen aumentando y, si no lo remediamos pronto, el sector podría convertirse en el mayor emisor neto de CO2 para 2050, superando incluso a la generación de electricidad.
Actualmente contribuyen a ello sobre todo los países menos desarrollados, con vehículos antiguos y falta de regulación en cuanto a tráfico, emisiones y fabricación. Es por eso que el cambio debe empezar desde arriba y desde abajo al mismo tiempo: desde los Gobiernos, con ayudas y normativa; y desde el usuario, con formación y concienciación, para que ambas corrientes converjan en un cambio real. Y en medio, las empresas: los fabricantes, los operadores de recarga, los productores de energías renovables y toda una industria en plena revolución.
Toda esta transformación debe situar la justicia climática en el centro. Las zonas urbanas con menor renta suelen ser también las más afectadas por la contaminación del aire y las que menos acceso tienen a soluciones de movilidad sostenible. Porque un mundo libre de contaminación no se construye solo con vehículos eléctricos, sino garantizando que todas las personas puedan acceder a estas soluciones. La movilidad eléctrica no debe ser un lujo, sino un derecho.
Empezando por las políticas públicas, que deben incluir objetivos vinculantes de descarbonización del transporte, plazos claros para la prohibición de vehículos de combustión, y planes nacionales de despliegue de infraestructuras de recarga. El caso de Noruega —que ya prohíbe la venta de vehículos de gasolina y diésel y donde más del 80% de los coches nuevos ya son eléctricos— demuestra que los incentivos fiscales y la planificación estatal funcionan si se mantienen a largo plazo. Además, es imprescindible que estas políticas estén acompañadas de fondos públicos que ayuden a reducir el coste de la compra de vehículos eléctricos para los ciudadanos, especialmente los más vulnerables, y de mecanismos que impulsen la colaboración público-privada para extender la red de puntos de recarga de forma equitativa y eficiente.
El desarrollo de una red de recarga accesible, rápida y distribuida equitativamente es el eje sobre el que gira toda la movilidad eléctrica. Sin ella, incluso el coche eléctrico más eficiente pierde sentido práctico. Hoy, muchos usuarios aún desconfían de este cambio por la llamada “ansiedad de autonomía”, causada por la escasez de puntos de recarga o su ubicación en zonas poco transitadas o mal señalizadas. Debe producirse un despliegue capilar y conveniente, que evite reproducir desigualdades territoriales (hoy en España, por ejemplo, más del 60% de los puntos de recarga se concentran en solo tres comunidades autónomas), porque la electrificación no puede dejar atrás a la España rural o periférica. Es cierto que la infraestructura de recarga es solo una pieza del rompecabezas, pero si se despliega con visión a largo plazo, justicia y equidad, pueden catalizar una transformación profunda que garantice el derecho a un medioambiente sano para todas las personas, sin dejar a nadie atrás.
La transición energética es, en el fondo, una cuestión social. Cambiar el modelo de movilidad implica modificar hábitos profundamente arraigados, como el uso individual del coche o la percepción del vehículo como símbolo de estatus. Es fundamental reforzar la educación ambiental desde la escuela, integrando contenidos sobre sostenibilidad, energía y movilidad responsable en todos los niveles del sistema educativo.
Porque el camino hacia un mundo libre de contaminación es también un camino hacia un nuevo modelo social, económico y político.
