Francisca Pérez no se llama Francisca Pérez. El nombre con el que se presenta esta líder indígena de Guatemala es ficticio para no poner en peligro su integridad en un país donde ser defensor o defensora de derechos humanos y ambientales es cuestión de vida, muerte o prisión. En su caso, por la defensa de los derechos de 300 trabajadores de una empresa de caucho, el Grupo Campollo, cuyo fundador fue de ascendencia española, Ramón Campollo. La compañía, de las más grandes del país, les retuvo cotizaciones de la Seguridad Social durante 25 años pero no las abonó al Estado, estafándoles su seguro médico y sus pensiones.
Ella, criminalizada por su labor, es una de las activistas que recientemente ha visitado Europa, incluida España, en una gira en la que han reclamado que se pongan en marcha normativas obligatorias para que las empresas en toda su cadena del valor, es decir, para que cumplan con la misma responsabilidad social y ambiental que se exige en este continente para sus actividades cuando están o se relacionan fuera de él. En la UE, una propuesta de directiva de esta llamada ‘diligencia debida’ empresarial, que va más allá de una RSC al uso, está desde hace tiempo en discusión en el Parlamento comunitario, sin que acabe de salir adelante. Y en España, pese a las declaraciones oficiales, también hay un anteproyecto de ley parado: aunque hace meses se anunció que estaba en el plan legislativo de este año, a estas alturas sigue pendiente y difícilmente podría ser aprobado antes de 2023, salvo por un trámite urgente que no parece fácil.
En un acto celebrado en la sede de la UE en Madrid, Lilith Verstrynge, actual secretaria de Estado para la Agenda 2030, aseguraba hace unos días que “hay que tramitar cuanto antes esta ley por una cuestión moral y de respeto a los derechos humanos, pero también para que España será vanguardia en esta cuestión” y comentaba cómo en la elaboración de este anteproyecto han participado empresas que si que la apoyan, con el ánimo de no salir perjudicadas cuando el coste de hacer bien la cosas es mayor que el de seguir el otro mal camino.
Pero la realidad es que durante meses esta ley parece haber estado olvidada en un cajón, pese a que desde la Plataforma Empresas Responsables, que aglutina a más de 570 organizaciones de la sociedad civil (entre otras, Alianza por la Solidaridad -ActionAid, Oxfam, Amnistía Internacional, Greenpeace, etcétera), se insiste en que no se olvide. “Necesitamos un empujón final porque es urgente. Se iba a presentar en octubre y no fue así, al final se sacó del orden del día, somos conscientes de que afecta a varios ministerios, no solo a Asuntos Sociales, pero hay que aprobarla ya”, recuerda Almudena Moreno, de Alianza por la Solidaridad y portavoz de la Plataforma.
Y es que mientras las normativas europea y española siguen en el limbo, la responsabilidad social de las corporaciones continúa siendo algo voluntario y, por tanto, hay quien la ejerce adecuadamente y quien no y hay quien disfraza sus impacto bajo la careta de ‘sostenible’ y quien se esfuerza por serlo.
Entre los primeros casos se encuentra una hidroeléctrica en Guatemala, en concreto en Nebaj, de donde ha venido la alcaldesa Feliciana Herrera, autoridad indígena del pueblo maya Ixil. Feliciana explicaba que hay ya dos mega-represas construidas, tres más aprobadas para construirse y ocho empresas con licencia para explotarlas en su territorio. Todo ello sin que se haya consultado a las comunidades afectadas, unas 15.000 personas. En total, generarán una producción de 254 MW de energía que se destinará al extranjero, cuando el 75% de los habitantes de Nebaj no disponen de energía eléctrica. A cambio, como también ocurrió en los río Cahabón (hidroeléctrica Renace) y Oxec, se quedarán sin cauce. “Exigimos el respeto de nuestros derechos como pueblos indígenas, nuestros territorios tienen dueños, nosotros, que los hemos mantenido y hemos resistido durante años el hostigamiento de las empresas, la represión y la criminalización por exigir mejores condiciones de vida”, denunciaba la líder.
Feliciana acusaba a la empresa Hidroxil S.A., subsidiaria de la compañía cántabra Grupo Casado (en cuya web asegura ser muy respetuosa con el medio ambiente) por seguir adelante con los proyectos de dos hidoeléctricas, Vega I y Vega II, sobre las que no se ha hecho la consulta preceptiva a las comunidades indígenas, pese a que una sentencia obliga a ello. “Desde 2011 no respetan esa decisión judicial”, apuntaba. “Encima, nos acusan a los indígenas de oponernos al desarrollo del país, cuando lo que hacen es llevarse nuestros recursos, incluidos los ríos. Ni tenemos electricidad, ni ventajas con minas como las de El Estor . También nos dejan sin tierras con el despojo a favor de los monocultivos”, añadía la representante Ixil.
Su compatriota Francisca apoyaba sus argumentos con más ejemplos de impactos de esos monocultivos de bananos, de palma africana o de caña de azúcar que se exportan a Europa, entre otros lugares, y que “requieren fumigaciones que caen sobre las comunidades contaminando sus fuentes de agua y sus cultivos”, o que “roban el agua en verano, cuando hay más sequía, para soltarla en invierno inundando muchas zonas; pero si trabajas para ellos, no pagan el salario mínimo y a quien se organiza en sindicatos, le despiden”.
Y no sólo en Centroamérica hay desmanes. Lo mismo ocurre en otras zonas del mundo. Desde Brasil ha venido Carolina de Moura, defensora medioambiental y coordinadora de género del Instituto Cordilheira. Vive en Brumadinho (estado de Minas Gerais), donde en 2019 se derrumbó una presa de residuos del gigante minero brasileño VALE . Fallecieron 272 personas. “Las familias estaban orgullosas de que sus hijos trabajaban en la mina de hierro… y les devolvieron sus cuerpos en pedazos. Para entonces, llevábamos 10 años reclamado la información a VALE sobre esta represa porque se sabía que no estaba bien, y nos engañaron. La empresa es responsable de lo sucedido, pero también lo son las aseguradoras, los bancos, los que compran el hierro a VALE… Toda la cadena”, acusaba De Moura.
El abogado Danilo Chammas, presidente del mismo Instituto Cordilheira, recordaba que precisamente la empresa que hizo un certificado a favor de esa represa colapsada fue la alemana Tuv Süd , con sede en Münich. “Jugaron suciamente. Sabían que no estaba bien y aún así emitieron certificado. Es necesaria una normativa obligatoria que nos proteja de estas actuaciones. Y no nos vale con que se cree un mercado con más de certificados. Lo que hay que exigir a cada empresa es que pruebe que ha cumplido con los derechos humanos y ambientales, sin dejar la carga de la prueba en el campesino, no puede ser que él sea quien tiene de demostrar que una compañía no lo ha hecho bien”.
Aunque ambos brasileños se mostraban muy satisfechos tras la victoria reciente de Lula da Silva frente a Jair Bolsonaro, Chammas es consciente de que las soluciones no vendrán de un día para otro “y la exportación de materias primas no cesará”. Pese a ello, insistió en la importancia de “acabar con la sed internacional de minerales, porque hoy el 90% de los que se sacan en mi país van para afuera y da igual cómo se han conseguido”.
Durante su gira por Europa, este grupo de activistas han presentado, además, el documental “La ilusión de la abundancia”, que narra la vida y la lucha de tres defensoras frente a los impactos de grandes empresas en América Latina. Carolina de Moura es una de ellas.
Queda menos de un mes y medio para que acabe el año. Es momento de que el Gobierno se ponga las pilas y esta ley para tener empresas realmente comprometidas con los derechos sociales y laborales y sostenibles con el medio ambiente desde la raíz a la punta. Así, cuando el presidente Pedro Sánchez vaya por el mundo a promover la presencia empresarial española, estaremos más seguros de que los beneficios que consigan de países con legislaciones más laxas que la nuestra, no estarán manchados de injusticias, destrozos ambientales y criminalizaciones sobre quienes defienden a sus territorios de ellas.
