Viene ello a cuento porque los medios, quizá movidos por el ambiente de cambio de decenio, vienen haciéndose eco de declaraciones variadas de buenos propósitos. El World Economic Forum preparó para su reunión de Davos de este año un manifiesto proclamando que el “propósito de una compañía es implicar a todos sus ‘stakeholders’ en la creación de valor sostenido y sostenible” por medio de “un compromiso compartido con políticas y decisiones que refuercen la prosperidad a largo plazo de la empresa”. La Business Roundtable, una asociación que agrupa a grandes empresas en los EEUU, publicó hace unos meses un manifiesto en la misma línea. Declarando que las empresas deberían ser valiosas para los clientes, tratar éticamente a los proveedores, ser inclusivas en materia de género y raza, formar a sus trabajadores, apoyar a las comunidades en las que se insertan y proteger el medio ambiente.
Larry Fink, el primer ejecutivo de BlackRock, uno de los primeros fondos mundiales de inversión, ha incluido declaraciones similares en sus últimas cartas anuales a sus accionistas. En tanto esas declaraciones de intenciones no se acompañen de compromisos sobre acciones, comportamientos y medidas correctivas concretas, resulta inevitable la tentación de considerarlas como intentos de salvar la cara, de lavar una imagen manchada por demasiado casos de irresponsabilidad corporativa. De distanciarse, en un momento en que los excesos del ultraliberalismo son evidentes, del un dictamen de Milton Friedman (“Los negocios tienen una responsabilidad social y sólo una – utilizar sus recursos y emplearse en actividades diseñadas para aumentar sus beneficios”) que hoy resulta políticamente incorrecto. Otra posibilidad tampoco descartable es que con estas declaraciones de intenciones algunas grandes empresas intenten ocupar un espacio y asumir un protagonismo que reste motivos a los Gobiernos para aprobar regulaciones más estrictas en aras del bien común. De hecho, según la última encuesta mundial de PWC a CEOs, el temor a nuevas regulaciones aparece como una de las principales preocupaciones de los ejecutivos globales. Juega a su favor que, según los datos del Barómetro Edelman 2020, la confianza general en las empresas es mayor que en los gobiernos, si bien la confianza en otros colectivos, incluidos ONGs y ciudadanos es todavía mayor.
Así y todo, aún dando un voto de confianza a las buenas intenciones de los CEOs en cuanto a sus propósitos, queda por ver como plantearán los procesos de acordar con sus ‘stakeholders’, incluyendo sus empleados, un consenso efectivo sobre intereses, objetivos y compromisos compartidos. Porque trabajar esos consensos no forma parte habitual de la mayoría de las culturas empresariales. En cualquier caso, no serían el único caso de buenas intenciones con Déficit de Cómos. Se constata, por ejemplo, que transcurrido más de una cuarta parte del plazo que se dieron los Estados para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el avance hacia su cumplimiento está siendo más más lento de lo deseable. Quizá sea en parte consecuencia de falta de compromiso real. Es de notar que los 17 ODS comportan un total de 169 objetivos, para cada uno de los cuales se definen varios indicadores. Por citar sólo un ejemplo, el «Plan Nacional para la implementación de la Agenda 2030» de la Generalitat de Catalunya contempla un total de 920 objetivos. Lo que parece un número excesivo, incluso para una organización con el tamaño y recursos de la Generalitat. Más aún cuando alguno de esos objetivos - por ejemplo, el de “ampliar en 36.000 unidades el parque privado de viviendas de alquiler social en los próximos 15 años” tiene ya de por sí un déficit “déficit de cómos”.
Una respuesta obvia para paliar este déficit pasaría por el diseño y aprobación de leyes y regulaciones apropiadas, lo que en esta época de política partidista es ya un reto en sí mismo. Pero además, como Paul Collier apunta en su último libro sobre el futuro del capitalismo, toda regulación puede ser subvertida por una burocracia inteligente y un elenco de abogados bien pagados. Se encuentran pues en falta, en el ámbito de la política como en el de las organizaciones de la sociedad civil, mayores dosis de lo que podría denominarse como “técnica moral”. Esto es, la capacidad de alinear colectivos en torno a objetivos, estrategias, tácticas y prácticas compartidas a fin transformar objetivos morales en realidades sociales. Aunque también el desarrollo de esta técnica moral tenga también su propio déficit de cómos. Será cuestión de ponerse a ello.
