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La semana pasada se celebró en León el V Encuentro de la Alianza Contra el Hambre y la Malnutrición de España (un foro que aglutina organismos públicos, universidades, asociaciones y fundaciones) bajo el título "Malnutrición: carencias, excesos y desequilibrios". En él, participaron representantes de FAO, ACNUR, Acción contra el hambre, Prosalus y la Universidad de Santiago de Compostela.

"El hambre es un problema político", sentencia sin dudar José María Medina, director de la ONGD Prosalus. Que a día de hoy más de 821 millones de personas en el mundo pasen hambre (según el último informe "El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición", elaborado por FAO, FIDA, PMA, OMS y UNICEF) responde a un desequilibrio estructural que debe atajarse desde diferentes marcos: el legal, el político, el presupuestario y el institucional. En España, según este mismo estudio, en 2017 más de 600.000 personas se encontraban en situación de inseguridad alimentaria grave, un 20% más que el año anterior, y la cifra de adultos obesos pasó de 9,6 millones en 2012 a 10,5 millones en 2016, es decir, un incremento casi del 10% en cuatro años. La relación entre los recortes en políticas sociales y este aumento del número de personas que no disponen de los recursos suficientes para lograr una alimentación adecuada es más que evidente. La malnutrición es uno de los problemas alimentarios más graves de nuestros días y, si no se toman medidas urgentes, pronto el número de obesos (según la OMS, actualmente son más de 796 millones) será tan alto como el de personas que pasan hambre.

La semana pasada se celebró en León el V Encuentro de la Alianza Contra el Hambre y la Malnutrición de España bajo el título "Malnutrición: carencias, excesos y desequilibrios", que reunió a representantes de FAO, ACNUR, Acción contra el hambre, Prosalus y la Universidad de Santiago de Compostela con el objetivo de abordar esta problemática desde diferentes puntos de vista. Sobre la mesa quedaron expuestas las principales causas del hambre y la malnutrición en el mundo (los conflictos armados, el cambio climático y la dificultad de acceso a tierras de cultivo) y, por lo tanto, la necesidad de implementar políticas que fomenten soluciones sostenibles que conduzcan a lograr la autosuficiencia de las personas y comunidades que se encuentran en situación de inseguridad alimentaria. 

"Hay que tratar este problema desde un enfoque mucho más global y profundo. El derecho a una alimentación adecuada es un derecho humano fundamental y como tal ha de abordarse. No solo desde la asistencia, que genera dependencia de la ayuda humanitaria, sino poniendo en marcha medidas que garanticen su cumplimiento", afirmó Karmele Sáez, coordinadora del área técnica del Comité español de ACNUR. 

José María Medina, director de la ONGD Prosalus, indicó que "existe una relación estrecha entre malnutrición y sostenibilidad", entendida esta no solo en el sentido medioambiental sino también desde un punto de vista económico. Y es que la obesidad supone una importantísima carga de gasto para los sistemas públicos de salud que debe tenerse en cuenta a la hora de abordar este análisis. En este sentido también se pronunciaron Pilar Charle, médico nutricionista de Acción contra el hambre, y Mónica Pérez-Ríos, profesora de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela. Esta última presentó en el encuentro los resultados de un estudio epidemiológico elaborado por su grupo investigador sobre la prevalencia de malnutrición en escolares de Galicia. Según esta investigación, el 16,4% de los niños gallegos (de entre 6 y 15 años) sufren malnutrición y más de 29.000 padecen obesidad.

La información de los consumidores

Una de las conclusiones clave del V Encuentro de la ACHM-E fue la importancia de que el consumidor posea la información suficiente para poder tomar decisiones alimentarias adecuadas. Está demostrado que existe una relación entre el bajo nivel educativo y de ingresos y la obesidad. Por ello, es fundamental trabajar la educación nutricional desde edades tempranas. Además, es necesario garantizar el acceso de toda la poblacion a alimentos saludables para componer dietas sostenibles, es decir, que proporcionen una vida sana tanto a las generaciones presentes como a las futuras. Las Administraciones Públicas son las responsables de establecer medidas para alcanzar ambos objetivos ya que uno de sus principales cometidos es proteger el cumplimiento del derecho humano a la alimentación adecuada.

Acometer una reforma de los sistemas alimentarios, en la que primen los criterios de salud y sostenibilidad, debería ser el punto de partida, ya que en la actualidad estos sistemas parecen estar diseñados para proveer calorías con el mejor sabor posible y al menor precio posible, pero sin preocuparse por los efectos sobre la nutrición y la salud. Así, además de la educación nutricional, esta reforma también implicaría la simplificación de la información nutricional de los alimentos procesados y ultraprocesados así como la regulación de la publicidad de este tipo de productos y la revisión del sistema de precios (actualmente, resulta más barato consumir productos dañinos para la salud). El representante de la oficina de la FAO en España, Arturo Angulo, aludió en este punto al ejemplo de Chile, cuya Ley sobre el etiquetado de alimentos es considerada por algunos expertos como la más ambiciosa del mundo. 

El V Encuentro nacional finalizó con la presentación del libro "Los tomates de verdad son feos", del escritor y activista Manuel Bruscas. Una obra en la que el arte y la literatura se unen para luchar contra el despilfarro alimentario. Este asunto, claramente ligado al problema del hambre y la malnutrición, es uno de los que más ha trabajado y trabaja la ACHM-E, que en 2015 organizó un encuentro de expertos del que salió una guía de recomendaciones para la acción titulada "¿Cómo reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos?", disponible para su lectura online. 

 

 

 

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