Estados Unidos es responsable del 16,4% de las emisiones globales y juega un papel importante en las políticas sobre el cambio climático y la calidad del aire a nivel internacional. Por ello, el resultado de las elecciones del pasado 8 de noviembre es importante para la implementación del acuerdo de París contra el cambio climático, que entró en vigor apenas unos días antes de la votación, el 4 de noviembre, tras conseguir la ratificación por pate de al menos 55 miembros que sumen el 55% de las emisiones.
La estructura del poder en Estados Unidos, con la división entre el Senado y la Cámara de Representantes, asegura de alguna manera que Donald Trump no tiene la última palabra. Además, si el presidente electo decidiera que Estados Unidos salga del acuerdo de París, tendría que respetar un periodo de aviso de tres años, que será efectivo al año siguiente, por lo que se extendería hasta cuatro años. En otras palabras, si Trump realizara la notificación en el primer día de su presidencia (el 20 de enero de 2017), el país seguiría apoyando el acuerdo hasta enero de 2021, después de las siguientes elecciones presidenciales, por lo que el riesgo es limitado.
Asimismo, la designación para ocupar una plaza actualmente vacante en el Tribunal Supremo podría ser clave para los planes de Donald Trump. Esta institución tiene el poder de bloquear la legislación aprobada en el Congreso si considera que va en contra de la Constitución. El candidato propuesto por Obama para ocupar este asiento no fue designado por la cercanía de las elecciones presidenciales, por lo que habrá que esperar para ver si Trump consigue colocar en el puesto a una persona de su confianza. Sin embargo, el nuevo presidente puede decidir que Estados Unidos se desvincule de la Convención sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, cuyo periodo de preaviso es de sólo un año, lo que le permitiría romper con las obligaciones ligadas a esta convención que fueron incluidas en el acuerdo de París. Ni que decir tiene que un movimiento de este tipo sería duramente criticado por la diplomacia internacional.
Además, la implementación del acuerdo contra el cambio climático requiere financiación, por lo que el anuncio de Trump de cesar el apoyo financiero a los programas de Naciones Unidas supone un riesgo importante. En 2014, Estados Unidos destinó 11.600 millones de dólares a investigación y desarrollo contra el cambio climático, a los que se suman 26.100 millones para proyectos de este tipo a través de la Ley Americana de Recuperación y Reinversión de 2009 y 500 millones depositados en el Fondo Verde para el Clima, para el que Estados Unidos prometió 3.000 millones.
Más allá de la retirada del acuerdo de París, Trump defiende un mercado de energía desregulado y ha mostrado un apoyo explícito a los combustibles fósiles: pretende incrementar la producción de carbón, revisar la operación del oleducto de Keystone y apoyar la explotación de petróleo y gas tanto en Alaska como en el Golfo de México. Con estas políticas, las energías renovables, a menos que sean económicamente competitivas, recibirían un impacto negativo. Por supuesto, el rechazo a los compromisos medioambientales supondría un paso atrás tan sustancial como desafortunado después de los grandes progresos que hizo Barack Obama en esta materia. Anteriormente, Estados Unidos ha estado rezagado respecto al cambio climático, pero los dos mandatos de Obama han permitido la adopción de grandes planes relacionados con la protección del medio ambiente, el clima y la energía limpia.
La rápida ratificación del acuerdo de París pone de manifiesto la gravedad de la preocupación respecto al problema del cambio climático. Invariablemente, la victoria de Trump debilita la lucha contra el calentamiento global. Esperemos que estos anuncios sigan siendo palabrería.
Ophélie Mortier, Responsible Investment Coordinator Degroof Petercam AM
