A pesar de su dinamismo podríamos decir que la atención al mismo por parte de las instituciones internacionales ha sido reciente y sobre el que aún no existe consenso en su definición y alcance. Según Eurosif, inversión de impacto es aquella inversión que pretende generar un impacto social y medioambiental positivo además de obtener un retorno financiero.
En España el desarrollo es muy reciente, si bien es verdad que existen desde hace ya tiempo iniciativas de financiación alternativa y que fueron consolidándose en nuestro país en torno a redes como REAS (Red de economía alternativa y solidaria) e incluso fructificaron en experiencias de banca ética como Coop57, FIARE o Triodos Bank por citar algunos ejemplos.
Sin embargo el interés ha crecido con motivo de la crisis financiera y la necesidad de acercar la financiación a la economía real y especialmente a aquella que impacta más positivamente en el medioambiente y en la sociedad. Este interés lo han empezado a demostrar los inversores que buscan nuevas oportunidades para diversificar su cartera, en un mundo financiero cada vez más incierto y mejorar su rentabilidad.
Algo que antes parecía exclusivo de la economía social o de los países con más alta exclusión financiera empieza a despegar en países como el nuestro con iniciativas que van desde el apoyo ciudadano a proyectos con valor social, con o sin rentabilidad económica. Desde el mundo de la inversión se está dando respuesta a estas nuevas inquietudes financiando proyectos generadores de valor social a través de instrumentos como plataformas de financiación participativa, fondos de capital riesgo social o la emisión de bonos verdes o sociales. Inversores institucionales, grandes patrimonios individuales, fundaciones bancos o inversores minoristas están empezando a utilizar este tipo de instrumentos para financiar asociaciones, mutuas o fundaciones cooperativas sociales o empresas tradicionales que además de ser sostenibles financieramente generen esos impactos sociales positivos.
Sin duda la nueva normativa está ayudando a definir estos nuevos canales de financiación alternativos a los mercados financieros convencionales, algo imprescindible para generar confianza y seguridad en el inversor y para garantizar el valor añadido social o ambiental del dinero invertido o prestado.
La banca convencional no es ajena a ello y aprovecha la situación para avanzar un poco más en eso que hemos denominado inversiones socialmente responsables. Y lo hacen con iniciativas que promueven el emprendimiento social y dan soporte técnico y/o financiero a dichos emprendedores (las llamadas lanzaderas), hasta la emisión de instrumentos de financiación que les permitan continuar financiando a más pymes, la economía local, la vivienda social o proyectos ambientales.
También la administración pública empieza a ser consciente de la oportunidad que tiene para atraer a nuevos inversores que le ayuden a soportar financieramente los retos y problemas socioambientales en un contexto de austeridad y mayor desigualdad.
Entendemos que siempre que hablemos de inversiones financieras de impacto la rentabilidad del capital prestado e invertido debe garantizarse al nivel consensuado con los financiadores y siempre ligado al éxito social del proyecto. Sólo si se demuestra que existe valor social, y ahí está lo complicado, hablaremos de inversión de impacto. De hecho, en los casos más innovadores de inversión de impacto, la retribución al capital está condicionada por el éxito social del proyecto. Si conseguimos reducir la delincuencia, o las emisiones de CO2 o aumentar el empleo en las regiones o sectores más vulnerables, se premiará más al inversor. Este éxito, en algunos casos, también es el determinante de la comisión de gestión que paguemos al intermediario financiero que gestione nuestra inversión.
Las fórmulas y los instrumentos pueden ser muy variados. Y exigirán seguro más costes operativos dado que hay que medir de otra manera e incorporar información extrafinanciera de los beneficiarios que hasta ahora no se conocía. Si además buscamos carteras más diversificadas eso puede generar aún más costes. Pero ahí está el reto y por ello alianzas entre lo público y lo privado (incluyendo el tercer sector) son bienvenidas. La tecnología, la transferencia de conocimiento entre unos sectores y otros y el trabajo en red seguro que ayudan.
Las ventajas que se perciben en este tipo de inversiones son, fundamentalmente, la mayor estabilidad de la inversión, la trazabilidad del dinero invertido y la diversificación del riesgo. El papel de las Administraciones Públicas es clave para el fomento de este tipo de productos a través de la regulación, la supervisión, el establecimiento de incentivos fiscales y el apoyo a la creación de productos concretos. En este sentido destacan el lanzamiento realizado por el ICO en el año 2015 de su primera emisión de bonos sociales y la labor realizada por la Diputación de Bizkaia a través de Seed Capital. Pero además de lanzar el producto hay que trabajar en la medición de su impacto como hace la fundación microfinanzas BBVA para cada uno de sus proyectos financiados.
Si se quieren conocer con más detalle estos ejemplos, el estado de la inversión de impacto en España, sus beneficiarios y las medidas que pueden favorecer su desarrollo o lo están frenando, os animamos a leer el estudio de Spainsif en el que he colaborado http://www.spainsif.es/estudios/propios
[1] Cabe destacar la Directiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo, el Reglamento (UE) no 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Reglamento (UE) nº 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013 sobre los FESE y la ley 5/2015 de fomento de la financiación empresarial que regula las plataformas de financiación participativa.
Marta de la Cuesta. UNED. Miembro del equipo que ha elaborado el estudio Las inversiones de impacto en España: percepción, iniciativas y tendencias. Spainsif 2015
