Se miente más de la cuenta/ por falta de fantasía:/ también la verdad se inventa”, escribe Antonio Machado en uno de sus Proverbios y cantares, y recientes investigaciones judiciales nos revelan que, para no “dejar mal” al poeta y seguramente “animados” por sus versos, algunos golfos de toda clase y condición parece que han sido capaces de inventarse miles de inexistentes cursos de formación y obtener a cambio –vía subvenciones– millones de euros de dinero público, no sabemos cuantos, que han ido directamente a los bolsillos de estos innovadores de pacotilla, ladrones de guante blanco, mangantes de mano negra, siempre acompañados por la actuación negligente y/o con la colaboración –por acción u omisión– de algunos mandamases políticos, empresariales y sindicales.
Dicen los periódicos en esta primavera electoral, por citar solo dos ejemplos, que “la CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía) recibió 11 millones de euros de la Junta (de Andalucía) por cursos de formación que no ha impartido” o que “la Junta utilizo los fondos de formación para el clientelismo”. ¡Que vergüenza y que escándalo una vez más, y otra, y otra, y otra...!
Lo que ahora se investiga en Andalucía, más que suave temporal, parece ciclogénesis explosiva, y da la impresión de que los mangantes han confundido la genuina riqueza espiritual de la formación y el estudio con el botín contante y sonante de Alí Babá; o como dice mi amigo Luis, el filosofo, que atesora mil saberes y no pocas experiencias, los sinvergüenzas han convertido el famoso adagio latino do ut des en el lema universal de la corrupción: te doy para que me des. Porque esto de conseguir favores a cambio de algo, generalmente dinero, mucho dinero, ha dejado de ser unos de los vicios de la época, como lo llamó Francis Bacon en el siglo XVII, para mutar en uno de los vicios del hombre, entre otras razones porque desde que vivimos en este planeta, siglo a siglo, todos los terrícolas somos posibles protagonistas/sufridores de esta lacra.
La buena noticia es que nosotros, las personas cabales, podremos acabar con ella si nos lo proponemos, y si el Gobierno ayuda, mejor. En este sentido, el Real Decreto-Ley para la Reforma Urgente del Sistema de Formación para el Empleo (BOE del 23 de marzo de 2015) puede ser un buen punto de partida, aunque ya se sabe que la ley solo apunta la solución del problema y no lo resuelve por si sola, más cuando estamos pendientes del desarrollo reglamentario de la norma y de que se concreten aspectos tales como el papel que jugaran los centros privados acreditados para impartir formación, y que exigencias se les impondrán; o cómo será el diseño de las convocatorias formativas y los criterios para conceder subvenciones.
La formación para el empleo debería ayudar a cambiar el tejido productivo, estableciendo prioridades y atendiendo a las necesidades de nuestro exhausto mercado laboral, y a su inevitable y necesaria evolución. La formación para el empleo tendría que ser siempre de calidad y servir para algo, y el nuevo sistema habría de perseguir y castigar muy duramente el fraude y los abusos. A la postre, cuando se trata de dinero público, rendir cuentas con detalle no es una humillación; además de un compromiso inexcusable, es una obligación imprescindible si queremos recuperar la confianza en las instituciones y en los que nos gobiernan.
“O la Historia está escrita, o la escribimos entre todos”, refiere Antonio Gala, y ese bien común (ni público ni privado) llamado educación es un asunto que importa a toda la tribu y, por tanto, deberíamos ser capaces de convertirla en un objetivo estratégico: solo desde la cultura y el conocimiento nos hacemos más justos, más libres, más humanos, más sabios, más demócratas y mejores profesionales. Y no hablo solo de formación para el empleo o de instrucción, que también, sino de educación, de auténticos valores humanos y de convivencia social y empresarial.
Las empresas –sobre todo, las empresas líderes– tienen que ser capaces (por convicción y sin necesidad de subvenciones) de institucionalizar procesos de aprendizaje colectivo para seguir creciendo y conseguir que el talento no se ahogue frente a la burocracia. Es absolutamente necesario, y en eso nos jugamos el futuro, que colegios, institutos, universidades y empresas se acerquen, se comprendan y sean capaces de desarrollar proyectos en común, también con las llamadas escuelas de negocio, más cuando algunas de esas instituciones son españolas y, según todos los rankings, de las más prestigiosas del mundo.
Existe un ámbito clave en la necesaria colaboración de la universidad con la empresa: la investigación, que va más allá de la formación y, a la larga, tiene un impacto mayor en la sociedad. La investigación es el gran capítulo pendiente en la colaboración entrelo público y lo privado, y tanto por parte/culpa de las empresas como de la Administración. Pero la gran revolución tiene que hacerse presente en los colegios, en la enseñanza primaria y, sobre todo, en la secundaria. Colegios, escuelas e institutos, y más tarde universidades y centros de FP, tienen que ser las atarazanas donde eduquemos a las personas, hombres y mujeres sobre cuyos hombros recaerá la responsabilidad de hacer muchas cosas: trabajar en múltiples tareas y oficios, dirigir empresas e instituciones, administrar justicia, ser líderes de opinión, escribir, actuar, ser referencia ética y cultural de este país y, en definitiva, contribuir a hacer un mundo mejor.
A pesar de los pesares, afortunadamente, hoy muchos educadores apuestan –no sin esfuerzo– por formar personas con criterio, sensibilidad y convicciones. Es decir, con valores. Pero hablar de valores, de solidaridad y de conciencia social debe exigir a los educadores un trabajo personal y un vínculo distinto con sus alumnos, y ahí esta el secreto. Es un desafío: a los jóvenes hay que ofrecerles ideales y objetivos concretos que los entusiasmen. Los valores, sobre todo, se contagian, como el olvidado ejemplo, que tiene un enorme valor pedagógico; pero muy mal lo estamos haciendo cuando el dinero destinado a la formación acaba en los bolsillos de corruptos, sean políticos, sindicalistas, empresarios, funcionarios o, en cualquier caso, sinvergüenzas y delincuentes desalmados.
