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Dossieres ESF.- Como diría el clásico, un fantasma recorre España: el fantasma del pesimismo. Abrumados por una crisis que no cesa, por el dogal que supone el euro, por una Unión Europea para la que los únicos remedios parecen ser el empobrecimiento social y el agravamiento de la situación y por un gobierno que balbucea entre el acatamiento a esa extraña y desabrida Europa, la falsedad y la torpeza, los ciudadanos de este repentinamente empobrecido país se sienten (nos sentimos) angustiados. 

Sin duda, no faltan motivos: la realidad es simplemente terrorífica y las perspectivas, peores. Y frente a ellas, los presuntos remedios no parecen ni generadores de confianza ni mínimamente atractivos para la sociedad ni, lo que es peor, eficaces. Por eso no puede extrañar que se extienda un clima de creciente malestar social (ver el número 6 de Dossieres EsF sobre “Crisis, indignación ciudadana y movimientos sociales”) y que surjan con tono creciente preguntas cada vez más airadas:  ¿es la única salida (¿es salida?) esa dura cura de austeridad que quiere imponer Alemania, al calor de una interpretación de la crisis que ve sus causas sólo en el supuesto despilfarro (público y privado) y en unas prestaciones sociales superiores a las posibles en los países que -como el nuestro- atraviesan por peores circunstancias?; ¿puede ser la solución a nuestros graves males esa perspectiva que considera que sólo se puede enderezar el país a través de una severísima sangría que reduzca tajantemente el déficit y la deuda del sector público, que debilite el poder sindical, que rebaje los salarios y endurezca las condiciones laborales y que, así, fortalezca la debilitada competitividad nacional?;  ¿es justo, decente y eficiente este modelo de austeridad tan desigualmente repartida?; ¿puede ser soportable para la sociedad y positiva para la economía la inmensa transferencia de riqueza desde los sectores de renta baja y media hacia los de renta alta que esta política está impulsando? 

Puede que así sea, por más que sea un panorama desolador. Pero como, por fortuna, no todos los expertos coinciden en el diagnóstico, en Economistas sin Fronteras hemos querido lanzar la pregunta que da título a estas páginas a seis economistas del ámbito universitario: Juan Torres (Universidad de Sevilla), Juan A. Gimeno (UNED y patrono de EsF), José Antonio Herce (Universidad Complutense), Carlos Berzosa (Universidad Complutense) y Nuria Alonso y David Trillo (Universidad Rey Juan Carlos, pero que nos envían su respuesta como representantes del colectivo econoNuestra). 

Seis economistas solventes y con planteamientos no necesariamente coincidentes,  a los que hemos pedido que traten de concretar de forma breve (como son siempre los artículos de esta publicación) si creen que hay alternativas frente a la política económica que se está aplicando en nuestro país y, si así lo creen, que expongan las líneas de actuación que les parecen esenciales.     

De entrada, esperábamos (y buscábamos) diferencias. Las hay, desde luego, pero también considerables coincidencias. 

Quizás la más destacable es el rechazo unánime de esa interpretación de la crisis antes mencionada: todos, de forma más o menos explícita,  recuerdan -y es significativo que todos consideren necesario recordarlo- que la crisis ha sido ante todo una crisis financiera (tanto a nivel internacional como español), generada por los comportamientos cortoplacistas e irresponsables de no pocos agentes financieros.  Una crisis con elementos específicos y con responsabilidades (como destaca Herce) múltiples en España,  que no surgió (salvo en algún caso excepcional) en la esfera del sector público, pero que ha acabado  provocando desequilibrios insoportables en las finanzas públicas de muchos países. Pero no mayoritariamente por descontroles públicos previos, sino por la necesidad de apoyar a entidades financieras en alto riesgo de quiebra y por los efectos inevitables de la propia crisis (estabilizadores automáticos), agravados después, en no pocos casos, por errores y dilaciones evidentes y por los ataques especulativos de los mercados financieros.  El caso de España, en este sentido,  es paradigmático. 

Todos, en este sentido, coinciden también en señalar el debilitamiento de la regulación y de la supervisión del sistema financiero como un factor esencial en el desencadenamiento de la crisis a nivel internacional. Es un aspecto en el que incide particularmente Juan Torres, que centra su artículo en las condiciones que favorecen o dificultan (o impiden) la aparición de crisis financieras, para concluir que, como muestra la experiencia histórica, estas crisis son evitables, intensificándose la probabilidad de su aparición (y su gravedad) cuando se debilita el rigor regulador y supervisor. Justamente lo que ha sucedido con la crisis actual, acentuada por los efectos de la globalización, por un intenso incremento de las desigualdades (algo en lo que insisten también Alonso y Trillo) y por un acelerado crecimiento del crédito, elementos todos que han sentado las bases de un estallido dramático, previsible e ineludible. Estamos, en definitiva (en lo que coinciden buena parte de las contribuciones de este dossier) ante un problema eminentemente político.  

No tener adecuadamente en cuenta las razones últimas de la crisis es la fuente de muchos errores de la política aplicada en nuestro país, que, según varias  respuestas de este dossier, debería ser replanteada con otro foco: atendiendo ante todo a las causas más que a sus efectos (Berzosa) y desmontando así la línea argumental dominante (Alonso y Trillo).  

Algo que exige una asignación de responsabilidades y un reparto de costes y esfuerzos más equilibrados, más justos y más razonables de los que se vienen planteando. Y en este sentido, una reforma rigurosa del sistema financiero que no siga recayendo en los sufridos bolsillos de los ciudadanos, sino en los accionistas y gestores responsables de los desaguisados. Sin ese reparto más equitativo de costes será imposible lograr la unidad social necesaria por la que clama alguno de los artículos del dossier para afrontar firmemente la crisis.  

 Es una línea en la que creo que ninguno de los autores del dossier discutiría (varios la mencionan directamente) la necesidad de combatir con mucha más dureza el fraude fiscal (y la actuación en paraísos fiscales) y en la que casi todos consideran imprescindible una política impositiva más progresiva.  

Subyace a este diagnostico una valoración general muy negativa de las políticas que se han venido aplicando desde el estallido de la crisis, centradas monotemáticamente en recortes de gasto e inversión públicos y en una austeridad que asfixian la capacidad de recuperación y sumen cada día más hondo a la economía española en el pozo de la depresión.  En esta severa calificación de las políticas seguidas hasta el momento, la coincidencia es absoluta, con  calificativos especialmente duros: “despropósito y contradicción” (Gimeno), “impericia, improvisación, pereza y negligencia” (Herce), “medidas erróneas” (Alonso y Trillo), “todo…es erróneo” (Berzosa).   Hasta el punto de que alguno de nuestros autores (Gimeno) llega a plantearse la duda de si es que hay alguna política frente a la crisis. Una duda, no obstante, que el propio Gimeno sustituye por una sospecha que le parece más convincente y en la que, con mayor o menor claridad,  coinciden mayoritariamente los autores consultados (todos menos Herce): sí hay política, por supuesto, pero más que una política contra la crisis, es, ante todo, una política contra el Estado de Bienestar; un pretexto para esa austeridad tajante y formalmente indiscriminada (pero duramente sesgada en la realidad contra los sectores mayoritarios) que parece buscarse como vía para un fortalecimiento socialmente regresivo de la competitividad de la economía nacional.

Parecido alineamiento es el que se produce en torno a la necesidad de intensificar (en vez de reducir) los esfuerzos de fomento de la investigación, la formación, la innovación y las infraestructuras básicas y de implementar una política keynesiana de estímulo del crecimiento, que Gimeno y Berzosa mencionan explícitamente y que Alonso y Trillo desearían, pero para la que no ven posibilidades dadas las prioridades dominantes en la Unión Europea, sin cuyo concurso decisivo parece irrealizable.

Es en el entorno de la UE, precisamente, donde radica la última de las coincidencias que cabe destacar en este corto espacio.  Aunque España puede -y debe- tomar medidas por sí misma, no puede salir de la crisis al margen de una decidida y diferente política europea: porque la crisis es  europea, porque son las instituciones europeas las que en buena medida la provocan y agravan y porque España no tiene ni la posibilidad ni los recursos suficientes para encontrar una solución adecuada por sí sola. Por eso, son las fundamentadas dudas de Alonso y Trillo  ante la capacidad de actuación de la UE las que les hacen desconfiar de que pueda instrumentarse en un horizonte cercano una política adecuada frente a la crisis.     

Naturalmente,  y como antes apuntábamos, también hay diferencias, y en algún caso bastante gruesas. Seguramente, la posición general más divergente es la de José Antonio Herce. Además de repartir más generalizadamente las responsabilidades de la crisis en todos los agentes sociales y desconfiar de las políticas de fomento de la demanda financiadas con cargo a medidas redistributivas, no piensa que los ajustes estén hundiendo la demanda agregada y considera imprescindibles medidas poco populares: la profundización en las políticas de austeridad (aunque compensando “empáticamente e inteligentemente” a los que se llevan la peor parte de los sacrificios), el reequilibrio financiero de todos los agentes de la economía y las reformas estructurales; medidas sin las cuales  en su opinión, difícilmente recuperará la economía española el crédito internacional y fortalecerá su decaída capacidad competitiva. 

Con todo, y con diferente acento, tampoco son líneas de actuación que rechacen todos los restantes autores, particularmente Juan Gimeno, en cuya respuesta se encuentran nítidas propuestas de reforma de los sistemas de financiación autonómica y local, de incentivos a una gestión económica eficiente en las instituciones públicas, de reflexión rigurosa sobre la capacidad de nuestro Estado de Bienestar (con un muy sugerente planteamiento de tres niveles de prestaciones) y de reformas estructurales básicas de las que no siempre se habla (en la estructura del comercio exterior, en la energía -que también recuerda Carlos Berzosa- y en la justicia).

Por encima, no obstante, de las diferencias, y ya para finalizar, debe destacarse que  late mayoritariamente en las respuestas una doble convicción que alimenta la esperanza. Por una parte,  la de que sí hay alternativas: por mucho que la solución de la crisis no esté sólo en manos españolas y que en buena medida dependa de lo que la UE decida, España puede emprender medidas que ayuden más y mejor a la solución y posicionen a nuestra economía en una situación más favorable. Por otra, la de que las alternativas, más que técnicas o estrictamente económicas, son ante todo políticas: y también a nivel internacional.  En el origen de la crisis subyace un desequilibrio creciente entre el poder de los mercados y el poder de la política (es decir, de la democracia) que sólo puede solventarse con el fortalecimiento de la capacidad política para ordenar razonablemente la economía. Un reequilibrio, por difícil que nos pueda parecer en momentos como los actuales, que no es irremisiblemente imposible: aunque difícil y costoso, depende en buena medida de lo que las sociedades decidan. Un reequilibrio para el que algunos, por mucho que nos desilusione su actual situación,  seguimos viendo en la Unión Europea (y en los avances en su integración) una palanca imprescindible  

Es, en definitiva, la convicción con la que concluye Juan Gimeno su respuesta y que a quien esto escribe le parece la mejor forma de finalizar esta presentación: “Necesitamos política, auténtica política centrada en el bienestar de los ciudadanos y sin más hipoteca que el control democrático. Necesitamos POLÍTICA. Con mayúsculas”.   

Sólo una breve coda para recordar que, como es habitual,  este número de Dossieres EsF se completa con una sugerencia de lecturas sobre el tema central y con una previa reseña (“El libro recomendado”), en la que Santiago Cardenal disecciona un libro poco conocido en España y que -aunque se centra en cuestiones más generales- tiene que ver mucho más de lo que a simple vista parece con el contenido central de este número: una recopilación de espléndidos artículos del economista hindú Amit Bhaduri, editada en castellano en Argentina el pasado año con el título de Repensar la Economía Política. En busca del desarrollo con equidad. 

DOSSIERES EsF 7 Otra política económica es posible

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