El responsable de la coordinación de la ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, lanzó una advertencia contundente durante su intervención ante el Consejo de Seguridad: el mundo invierte cantidades masivas de dinero en la guerra mientras disminuyen los recursos destinados a proteger a la población civil.
Según explicó, se calcula que cada día se destinan alrededor de mil millones de dólares a la destrucción, mientras algunos gobiernos anuncian recortes en la ayuda internacional destinada a las comunidades más vulnerables.
Fletcher subrayó que con una fracción de esos recursos sería posible salvar millones de vidas en todo el mundo, una contradicción que, a su juicio, revela una profunda crisis de prioridades en la política internacional. El coordinador humanitario insistió en que, pese a las dificultades, la construcción de la paz siempre resulta preferible a la escalada bélica y exige más valentía política que apostar por la confrontación.
Más allá del desequilibrio en el gasto, el representante de la ONU alertó sobre un fenómeno que considera aún más preocupante: el debilitamiento progresivo de las normas que deberían limitar la violencia y proteger a la población civil.
Durante su intervención, advirtió de un “ataque sostenido contra los sistemas diseñados para evitar que los Estados recurran a guerras imprudentes”, así como de un desgaste creciente del derecho internacional y de los principios humanitarios.
En este contexto, Fletcher criticó el papel de algunos líderes políticos que, según señaló, “exhiben su poder enviando a otros a morir”, mientras los conflictos se intensifican y cada vez más recursos se dirigen a armamento en lugar de a la asistencia humanitaria.
Para ilustrar el impacto de esta dinámica, Fletcher se refirió a la situación en Líbano, país que describió como un reflejo de lo que ocurre cuando el derecho internacional deja de respetarse. En apenas diez días de escalada del conflicto, la violencia ha provocado más de 570 personas fallecidas y alrededor de 750.000 desplazadas, además del cierre de decenas de centros sanitarios.
Según los datos presentados ante el Consejo de Seguridad, se han registrado 49 centros de salud cerrados, 25 ataques contra hospitales y al menos 16 trabajadores sanitarios muertos. A esta situación se suma el aumento de los precios de los alimentos, el bloqueo de rutas marítimas y retrasos de hasta seis meses en el envío de ayuda humanitaria, lo que agrava la crisis para la población civil. Fletcher advirtió además que el país está soportando las consecuencias de tensiones regionales que lo superan y afirmó que su población “no pide ayuda, pide oxígeno”.
En paralelo, una misión internacional de investigación de Naciones Unidas sobre Irán presentó un informe que describe cómo la población civil queda atrapada entre la violencia del conflicto y la represión interna.
El documento recoge que en junio de 2025 un ataque israelí contra la prisión de Evin provocó la muerte de 80 personas, entre ellas un niño y ocho mujeres, un hecho que podría constituir un crimen de guerra. El informe también denuncia que las autoridades iraníes ocultaron información durante meses a las familias de las víctimas, una práctica que podría encajar en la categoría de desaparición forzada.
Además, la misión documenta un aumento significativo de las ejecuciones, con al menos 1.639 registradas en 2025, muchas de ellas vinculadas a delitos de drogas y basadas en confesiones obtenidas bajo tortura. Según los investigadores, el gobierno iraní también habría cortado el acceso a internet durante más de dos semanas, una estrategia ya utilizada en ocasiones anteriores para limitar la difusión de información y frenar las protestas.
Las intervenciones ante el Consejo de Seguridad reflejan una preocupación creciente dentro de Naciones Unidas: el debilitamiento del derecho internacional y la reducción de la ayuda humanitaria podrían profundizar las crisis actuales y aumentar el sufrimiento de millones de personas. Para los responsables humanitarios de la organización, el desafío no es solo responder a las emergencias actuales, sino preservar las normas internacionales que buscan proteger a la población civil en contextos de conflicto.
