A medida que la crisis climática avanza, la protección social emerge como una de las respuestas más cruciales para mitigar sus impactos sobre la población. Sin embargo, un alarmante 90% de las personas que viven en los 20 países más vulnerables al cambio climático carece de esta protección, según un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El informe de la OIT subraya que, aunque la protección social puede desempeñar un papel transformador en la lucha contra los efectos devastadores del cambio climático, los gobiernos aún no explotan este potencial al máximo. La protección social no solo mitiga el impacto inmediato de desastres climáticos, sino que también puede facilitar una transición justa hacia una economía verde, asegurando que nadie quede rezagado en este proceso.
La protección social se entiende como un conjunto de políticas y programas diseñados para reducir la pobreza y la vulnerabilidad mediante la promoción de la seguridad de ingresos y el acceso a servicios esenciales, como la salud y la educación. En el contexto de la crisis climática, estos sistemas pueden ser vitales para ayudar a las comunidades a adaptarse a un entorno cada vez más impredecible, apoyando su resiliencia. El estudio pone de relieve la disparidad global en términos de acceso a la protección social. Mientras que más de la mitad de la población mundial cuenta con alguna forma de cobertura, en los 20 países más afectados por el cambio climático, el 91,3% de las personas vive sin ninguna red de seguridad. Esto afecta a aproximadamente 364 millones de personas.
Ampliando el análisis, el informe revela que en los 50 países más vulnerables al clima, el 75% de la población (2.100 millones de personas) carece de protección social. A nivel global, los datos muestran que la mayoría de los niños (76,1%) no tienen acceso a una cobertura efectiva, lo que pone en riesgo su desarrollo futuro y su capacidad para hacer frente a los retos climáticos.
El informe también aborda la dimensión de género dentro de la protección social, revelando una brecha significativa. Las mujeres, que ya enfrentan desigualdades en varios aspectos de la vida social y económica, tienen menos cobertura que los hombres: solo el 50,1% cuenta con una protección efectiva, frente al 54,6% de los hombres. Esta disparidad de género subraya la necesidad de políticas más inclusivas y equitativas que consideren las distintas necesidades de las mujeres, especialmente en el contexto de la crisis climática.
Gilbert Houngbo, director general de la OIT, advierte que la crisis climática es una amenaza sin precedentes para la justicia social global. "No reconoce fronteras y afecta de manera desproporcionada a quienes ya están en situación de vulnerabilidad", señaló. Además, enfatizó que muchos de los países más gravemente afectados carecen de los recursos para enfrentar las consecuencias tanto medioambientales como socioeconómicas de esta crisis. Para Houngbo, lo que suceda en las comunidades afectadas no solo les afecta a ellas, sino que tiene repercusiones globales. Esta interconexión subraya la necesidad de un enfoque internacional coordinado y solidario.
La OIT defiende que la protección social es un amortiguador fundamental frente a las crisis climáticas. Proporcionar seguridad de ingresos y acceso a la atención sanitaria permite a las personas enfrentar mejor los desastres naturales, como inundaciones, olas de calor y sequías. Además, estos sistemas son cruciales para apoyar la transición hacia economías más sostenibles y con bajas emisiones de carbono. El acceso a la protección social durante esta transición es vital, especialmente para los trabajadores que necesitan formación y mejoras en sus habilidades para integrarse en sectores más verdes. Esto también garantiza que los nuevos empleos creados en estas industrias sean decentes, con condiciones laborales justas y adecuadas.
Pese a su importancia, la protección social aún carece de la inversión necesaria para ser universal. La OIT señala que, en promedio, los países destinan el 12,9% de su PIB a estos sistemas, aunque existe una gran disparidad entre países de renta alta y baja. Mientras que los primeros gastan un promedio del 16,2%, los países de renta baja apenas destinan el 0,8% de su PIB a la protección social, lo que les deja en una posición precaria frente a los efectos del cambio climático.
Para poder garantizar una protección social básica en estos países más vulnerables, se estima que se necesitarían 308.500 millones de dólares adicionales al año, lo que supone el 52,3% de su PIB. Ante este desafío, la OIT subraya la importancia de la cooperación internacional para movilizar los recursos necesarios y asegurar una protección social universal que, a su vez, apoye una transición verde inclusiva.
