Tras un prolongado proceso, hoy, 24 de mayo, la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad ha superado su último trámite formal al ser aprobada por el Consejo de Competitividad de la Unión Europea. Destaca que esta Directiva, al ser aprobada hoy, será aplicable a empresas establecidas en la UE con más de 1.000 empleados y una facturación anual superior a los 450 millones de euros, así como a empresas no pertenecientes a la UE que facturen más de 450 millones de euros en el territorio de la UE.
Indudablemente, esta Directiva representa un avance significativo para los derechos humanos al exigir a las empresas medidas concretas para identificar, prevenir y mitigar violaciones de derechos humanos y daños ambientales. Además, establece la rendición de cuentas y la responsabilidad por los daños causados a las personas y al medio ambiente durante las operaciones comerciales.
Por múltiples razones, esta legislación marca un hito de gran importancia para el mundo empresarial y el impacto que las compañías pueden tener en la sociedad y el medio ambiente. Expertos señalan que esta nueva ley es crucial para abordar casos graves documentados por la sociedad civil, como la participación de la empresa vasca CAF en el proyecto de ampliación del tranvía en Jerusalén, que ha sido declarado ilegal por violar el derecho internacional, o el derrame de petróleo de Repsol en Perú, que afectó tanto al ecosistema como a las comunidades locales.
Desde la Plataforma por Empresas Responsables (PER) y sus 20 organizaciones miembro, que representan a 530 entidades, se considera que esta aprobación marca un avance histórico con oportunidades de mejora necesarias. La PER destaca que esta legislación es un paso histórico para imponer requisitos vinculantes a las empresas que operan en la UE, obligándolas a evaluar los riesgos de derechos humanos y ambientales en sus operaciones y cadenas de suministro, y poniendo fin a la impunidad empresarial.
A pesar de este avance, queda un largo camino por recorrer. La PER lamenta que la normativa no cumpla con las expectativas más ambiciosas según los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en lo que respecta al alcance y las exenciones del sector financiero y armamentístico. La votación de hoy concluye el proceso legislativo formal, y la Directiva entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Los Estados miembros tendrán dos años para incorporarla a su legislación nacional.
Entre los aspectos que deben mejorarse en la transposición, la PER considera fundamental ampliar el alcance de la norma, eliminar las exenciones y abordar la perspectiva de género. Por ello, insta al Gobierno español a garantizar una implementación robusta y efectiva de la Directiva, protegiendo los derechos humanos y el medio ambiente, y poniendo fin a la impunidad empresarial en todo el mundo. La Plataforma por Empresas Responsables se compromete a supervisar y promover una implementación efectiva y justa de esta normativa.
