Mientras la actual crisis sanitaria generada por la COVID-19 y la crisis económica mundial siguen su curso, la crisis climática no deja de agravarse. La emergencia climática también es una cuestión de justicia social. El nuevo informe de Oxfam pone de manifiesto que nuestro actual modelo económico ha sido el desencadenante tanto del actual desastre climático como de una desigualdad igualmente catastrófica.
Algunas de las cifras más contundentes indican que El 10 % más rico de la población mundial (aproximadamente 630 millones de personas) generó el 52 % de las emisiones de carbono acumuladas, consumiendo casi un tercio (el 31%) del presupuesto global de carbono tan solo entre 1990 y 2015. En ese mismo período de tiempo, el 50 % más pobre de la población mundial (aproximadamente 3100 millones de personas) generó tan solo el 7 % de las emisiones acumuladas, consumiendo únicamente el 4 % del presupuesto de carbono disponible. Además, tan solo el 1 % de la población mundial (aproximadamente 63 millones de personas) generó el 15 % de las emisiones acumuladas y consumió el 9 % del presupuesto de carbono, el doble que la mitad más pobre de la población mundial.
Si bien al comienzo de este año, celebrábamos que el volumen global de emisiones se había reducido a causa de las restricciones derivadas de la pandemia y el confinamiento obligatorio, si no se mantiene un ritmo rápido de reducción de las emisiones, el presupuesto global de carbono disponible se habrá agotado por completo en 2030. Frenar el cambio climático es responsabilidad de todas y de todos, pero hay un sector de la población mundial que tienen que comprometerse el doble. Si no modificamos nuestros consumos ahora, la desigualdad de las emisiones de carbono es de tal magnitud que sólo el 10 % más rico de la población mundial agotaría por sí solo el presupuesto global de carbono tan solo unos años más tarde, incluso aunque el resto de la población mundial redujese sus emisiones a cero.
El informe explica que la crisis climática se ha agravado en las últimas décadas, y el limitado presupuesto global de carbono se ha malgastado al servicio de aumentar el consumo desproporcionado de las personas ya acaudaladas, en lugar de invertirlo en contribuir a que las personas puedan salir de la pobreza. Los consumos irracionales y desmedidos de los sectores más ricos del planeta perjudican a toda la humanidad.
La injusticia social se traduce en injusticia climática. Los dos grupos más afectados por esta desigual situación son precisamente los menos responsables de la crisis climática: por un lado, las personas en mayor situación de pobreza y exclusión, y que ya tienen dificultades para hacer frente a los efectos del cambio climático; y, por otro lado, las generaciones futuras, que heredarán un presupuesto de carbono agotado y un mundo que avanza a pasos agigantados hacia el colapso climático.
Por otro lado, el informe subraya cómo el crecimiento económico desigual ralentiza el ritmo de reducción de la pobreza en todo el mundo. El documento cita una investigación realizada recientemente por el Banco Mundial, la cual llega a la conclusión de que un crecimiento económico desigual apenas contribuirá a que el número de personas que viven con menos de 1,90 dólares al día se haya reducido en 2030, un objetivo que tan solo podremos alcanzar a través de la reducción de la desigualdad de ingresos. Asimismo, una estimación señala que, al ritmo actual, serán necesarios 200 años para que toda la población mundial viva por encima del umbral de pobreza de 5,50 dólares anuales.
Pero la desigualdad en relación al crecimiento económico no acaba allí, este problema tiene dos caras. El injusto modo en el que se da el crecimiento económico tiene otro coste adicional: el rápido agotamiento del presupuesto global de carbono, y no precisamente con el objetivo de que todas las personas puedan acceder a unas condiciones de vida dignas sino por el contrario, en gran medida, para satisfacer el incremento del consumo de las élites más ricas. Nuevamente, el informe detalla que se trata de una injusticia cuyos efectos afectan de manera más cruel justamente a los dos grupos menos responsables de la crisis climática: por un lado, las personas que actualmente se ven más afectadas por la pobreza y la exclusión, y que ya están sufriendo los efectos del incremento de 1 ºC en la temperatura media de nuestro planeta; y, por otro, las generaciones futuras, que heredarán un presupuesto de carbono agotado y un clima cada vez más peligroso.
La problemática medioambiental es sobre todas las cosas una cuestión social, y tal como muestra el informe una cuestión de consciencia y justicia social. La pandemia de la COVID-19 nos impone la incuestionable obligación de reconstruir con un modelo mejor, y sentar las bases de una economía global más sostenible, resiliente y justa. Combatir el desproporcionado volumen de emisiones de carbono de los más ricos de la sociedad debe ser una de las principales prioridades de este compromiso colectivo.
La justicia climática debe estar en el centro de la recuperación tras la pandemia de la COVID-19, para hacer que el mundo sea un lugar un poco más justo.
