Si bien es cierto que en 2018 la posición del país en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International mejoró levemente en comparación con 2017, este fenómeno aún sigue siendo un reto: España ocupa el puesto 58 sobre 100 en este Índice, que no mide la percepción ciudadana, sino que analiza los resultados de 13 encuestas en las que participan expertos. De acuerdo con el barómetro de julio de 2019 del Centro de Investigaciones Sociales, la corrupción es considerada uno de los tres principales temas que preocupan a los ciudadanos españoles.
Para la organización Transparency International España es importante diseñar e implementar un plan holístico para reducir y prevenir la corrupción, en el que se considere la respuesta y reacción a través de las actuaciones del sistema de justicia; la detección, y las actividades de formación e información para promover la cultura de la integridad y el cumplimiento.
El pasado 9 de septiembre de 2019 tuvo lugar el discurso del Acto de Apertura del Año Judicial en el que la Fiscal General del Estado, María José Segarra, mencionó los datos relacionados con la actuación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
La Memoria de la Fiscalía General del Estado, correspondiente a 2018, señala que este incremento no representa un aumento real de la delincuencia en los ámbitos de la corrupción y la criminalidad organizada, sino que es consecuencia de la separación de determinados procesos penales ya existentes en piezas separadas, para así facilitar su tramitación.
Durante 2018 se formularon 41 Escritos de Acusación, 5 menos que en 2017. Los delitos por los que se formuló acusación con más frecuencia son los siguientes, de los que suelen coincidir varios en un mismo caso: Cohecho (75); Malversación de caudales públicos (32); Prevaricación administrativa (31); Delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social y contrabando (25); Fraude contra la Administración (24); Blanqueo de capitales (18); Crimen organizado (15) y Defraudaciones (8).
Cabe destacar que en 2018 se han dictado 28 sentencias en primera instancia en causas judiciales en las que ha intervenido la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, de las cuales 23 han sido condenatorias y 5 absolutorias. En 2017 se dictaron 34 sentencias.
Frente a estas cifras, Transparency International España considera que se debe estudiar más a fondo la relación entre estas cifras que son escasas, si se consideran que en 2018 fueron iniciadas 1.570.255 diligencias previas, de las cuales 36% se refieren a delitos contra la vida y la integridad física, y la percepción de la corrupción que existe en España.
