Transparencia Internacional acaba de presentar un informe donde trata de identificar la situación de progreso de España en relación a determinados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda mundial 2030, especialmente el 16. En él, se analiza la Situación general de España en Gobernanza Institucional, Transparencia y lucha contra la corrupción, así como los avances que se han conseguido. En base a ello, se han elaborado 30 recomendaciones que pueden contribuir a mejorar la situación en España en cuanto a la transparencia social y la prevención y lucha contra la corrupción. Son las siguientes:
1.- Incorporar al Plan de acción para la Alianza 2030 las medidas relacionadas con el objetivo 16 y las metas relacionadas con integridad, transparencia, desarrollo institucional y prevención de la corrupción de forma más decidida, considerándolas “Políticas palanca” para así maximizar sus efectos y dotarlas de indicadores de seguimiento para posibilitar el control por parte de los ciudadano y los actores relevantes de la sociedad civil.
2.- Ampliar el debate en torno al proyecto de Ley Ómnibus contra la corrupción, denominado Ley Integral contra la corrupción y protección del denunciante, actualmente en trámite parlamentario, incorporando las propuestas de mejora y recomendaciones realizadas desde la Sociedad Civil y expertos en la materia.
3.- Extender el ámbito de aplicación subjetivo de esta Ley Integral contra la corrupción a todos los funcionarios públicos relevantes, los trabajadores del sector privado, particulares, proveedores y contratistas.
4.- Garantizar que la Autoridad independiente de integridad pública prevista en la Ley cuente con los medios necesarios para el control y supervisión de todo el ciclo de vida de los altos cargos (idoneidad de perfil profesional, recepción de declaraciones de bienes, intereses y compatibilidades y revisión anual de las mismas, control de puertas giratorias, detección de infracciones y aplicación de sanciones).
5.- Promover que todos los poderes del Estado cuenten con mecanismos efectivos de integridad y redición de cuentas, aprobando, conforme al último informe GRECO sobre España, los Códigos de ética y buen gobierno actualmente en curso de aprobación en el Congreso, Senado y Poder Judicial. Profundizar en la transparencia de nombramientos de Presidencias de Tribunales por parte del Consejo general del Poder Judicial.
6.- En relación al Tribunal de Cuentas, promover la adopción de un Código ético y de buen gobierno amplio, que establezca, más allá de la Ley, principios relativos a los conflictos de interés, la independencia y otros relacionados. Posibilitar la implantación de mecanismos de control previos y simultáneos y no solo a posteriori, lo que poría impedir la adopción y ejecución de decisiones contrarias a los principios de legalidad, eficiencia y economía en la gestión de los recursos públicos.
7.- Garantizar la protección laboral, asistencia judicial y la no imposición de condicionantes estrictos que limiten o afecten la realización de posibles denuncias en la actual Proposición de Ley integral contra la corrupción y protección del denunciante.
8.- Garantizar las medidas referentes a la regulación de los lobbies y a la protección de denunciantes a través de un pacto nacional de homogeneización de los mecanismos de control de la integridad pública.
9.- Mejorar la efectividad del control del Tribunal de Cuentas sobre la financiación de partidos, incrementando los datos que recibe e incorporando la obligación de que los partidos hagan publicas sus auditorias anuales externas.
10.- Acelerar la aplicación de las 75 medidas aprobadas por partidos de la oposición (anteriores al actual Gobierno) para reformar la financiación de los partidos políticos.
11.- Mantener el avance en transparencia y consolidar los progresos realizados gracias a la Plataforma de Partidos Políticos del Tribunal de Cuentas y a las evaluaciones de TI España.
12.- Aprobar una Ley de regulación del Lobby homogénea en todos los niveles del Estado que establezca un registro obligatorio que afecte al poder ejecutivo y legislativo y a los altos funcionarios, que incluyan datos y objetivos de las reuniones y la prescripción de publicar las Agendas de reuniones. Instar a que se especifique si las reuniones han tenido relación con aprobación de normativas en fase de tramitación o aprobación.
13.- Mejorar las competencias del Consejo de Transparencia y buen gobierno, otorgando la máxima autoridad a sus resoluciones tornándolas vinculantes, previendo el recurso de la judicialización de éstas por parte del Gobierno y otras Entidades que pleitean contra la transparencia utilizando fondos públicos.
14.- Revisión de las penas de los delitos asociados a la corrupción, en especial cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación. Aumento de los plazos temporales para la prescripción de dichos delitos, según las reglas generales de la prescripción y el marco de la pena.
15.- Incorporar al Reglamento de desarrollo de la Ley 19/2013 de Transparencia, actualmente en periodo de recepción de aportaciones al borrador, las siguientes cuestiones: que las Resoluciones del Consejo de Transparencia tengan carácter vinculante para evitar la actual judicialización; que se establezca la obligación de publicación de datos y derecho de acceso en las propias web de los organismos públicos y no de forma indirecta en el Portal de Transparencia del Estado; que se establezca una evaluación anual del Consejo a Organismos clave: Entidades y empresas públicas, Organismos reguladores y Partidos Políticos; que exista un mecanismo de control efectivo con infracciones y sanciones administrativas disuasorias; que la publicidad activa incluya Agendas de altos cargos, retribuciones, Código ético y de conducta y valoraciones de calidad de los servicios públicos realizadas por ciudadanos acompañadas de Planes de mejora de calidad y que el Derecho de acceso sea canalizable de forma multicanal: presencial, telemático y con DNI y email.
16.- Supervisión pública de un adecuado nivel de Transparencia en las Empresas Públicas de todos los niveles del Estado mediante convenios entre el Consejo de Transparencia nacional y los Consejos autonómicos.
17.- Que los Ministerios requieran a sus entidades públicas dependientes el efectivo cumplimiento de las leyes y realicen un control o seguimiento activo de dicho cumplimiento.
18.- Aumentar los plazos temporales para la prescripción de delitos asociados a la corrupción, en especial cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.
19.- Con respecto a la lucha contra el Blanqueo de Capitales, los profesionales de sectores no financieros (Notarios, Asesores Legales, Asesores Contables, Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Casinos, Joyeros, etc.) deben seguir las siguientes recomendaciones para reducir y contrarrestar potenciales riesgos: promover la cultura de cumplimiento incluso en Pequeñas y medianas empresas; diligencia debida del cliente, mantenimiento de registros con información debida sobre los clientes; formar a los empleados sobre blanqueo de capitales y flujos de financiación del terrorismo; detección de transacciones inusuales o sospechosas y, por último, informar a las Autoridades competentes en caso de transacciones sospechosas.
20:- España, al momento de elaboración de este Informe, sigue haciendo frente a casos relevantes de corrupción ocurridos en los últimos años. La mayoría de los casos de corrupción se ponen de manifiesto por operaciones de blanqueo de capitales que son detectadas en investigaciones que siguen el rastro del dinero por parte de las Unidades de Inteligencia Financiera en procesos de investigación forense que pueden llevar varios años. Aún así, la percepción social respecto a los delitos asociados a la corrupción no contempla por igual al receptor y al pagador o al asesor de la operación. Aunque sí lo hace la Ley, y los jueces actúan contra todas las partes involucradas con lógica imparcialidad. El tratamiento a estos temas por parte de la prensa normalmente se centra en las personas que reciben dinero ilícito, y de forma secundaria en los facilitadores, por lo que se crea una especie de doble estándar implícito.
21.- Con el fin de mejorar el acceso a la información pública sobre la titularidad real de activos y empresas, y más allá de las recientes normas fiscales en estas materias, el Gobierno Español debería alentar a las empresas a actualizar el registro de la compañía cada seis meses cuando se produce una variación significativa en el beneficiario real. El acceso al registro debería ser en todo caso gratuito, y se debería imponer sanciones proporcionales si las empresas incumplen.
22.- Al momento de la elaboración de este Informe, todavía se requieren mejoras parciales en la Oficina de Recuperación y de Gestión de Activos ORGA, algunas en relación con la evolución legislativa y otras referidas a la necesidad de asignar más recursos. Con el fin de mejorar su capacidad y cumplir con los compromisos asumidos en los Acuerdos Internacionales, España debe dedicar a la Agencia los recursos necesarios y dar los pasos necesarios para su plena operatividad legal.
23.- El Gobierno debe dar información transparente y detallada de los casos de criminalidad organizada, explicando de forma minuciosa los incidentes ocurridos y las medidas necesarias para hacer frente a estos casos.
24.- También en relación con la lucha contra la delincuencia organizada, España debería perseguir activamente un statu quo específico como frontera Sur y Suroeste de la Unión Europea, a fin de mejorar sus recursos y su capacidad operativa frente a desafíos globales como las migraciones transfronterizas o el tráfico de drogas.
25.- En cuanto a las buenas prácticas en la lucha contra la corrupción en el sector privado, y con el fin de reforzar su compromiso con otros socios internacionales y mejorar su reputación en las prácticas anti- soborno, España debería seguir las recomendaciones de organismos como la OCED y la Unión Europea y ser más activa en la persecución de todas las formas de soborno de empresas españolas en el extranjero. Asimismo, una mejor y más operativa cultura en los canales de denuncia puede contribuir a lograr el objetivo.
26.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España debería preservar explícitamente su independencia para luchar contra las prácticas prohibidas a fin de garantizar efectivamente la transparencia y la libre competencia en el sector privado. Si fuera necesario para dotarla de mayor efectividad se podría llevar a cabo una revisión legal de su ámbito de actuación, en línea con instituciones homólogas europeas.
27.- Con el fin de mejorar su posición global en relación con su grado de Transparencia Fiscal, España debería explicar mejor y divulgar oportunamente su ejecución presupuestaria creando un Comité Legislativo que examine y publique la revisión semestral, la revisión interanual, el informe de fin de año y un Presupuesto para el Ciudadano, todo ello en formato de datos abiertos.
28.- España debería incrementar la información contenida en el Proyecto de Presupuesto, en el que debería incluir datos sobre la previsión macroeconómica. Además, se debería incluir un informe semestral y anual cerrado junto con los documentos presupuestarios más relevantes.
29.- Es preciso revisar aquellas normas y disposiciones que pudieran limitar el pleno ejercicio de las libertades fundamentales en cuestión, como la La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana.
30.- Es imprescindible aprobar el Concurso público previsto por la actual Ley de RTVE, para asegurar su máxima independencia.
