Si la pobreza tiene rostro de niño -para ser exactos, de niña- tiempo es de que nos fustiguemos duramente, cada día y a cada instante, por consentirlo y por haber transformado la pobreza en lo más ‘natural’ del mundo: nos hemos acostumbrado a convivir con ella y, como es notorio, los escasos esfuerzos que hacemos por erradicarla no son suficientes. Todos somos culpables de lo que está ocurriendo (los gobernantes más que nadie, pero ya se sabe, los niños no votan) y es desgarrador ver como para nuestra vergüenza la pobreza sigue creciendo, más en tiempos de pandemia, postpandemia y de un incierto futuro al que no se sabe si llegaremos.
Oxfam Intermón nos ha avisado (octubre 2020) de que la pobreza en España podría aumentar en más de 1,1 millones de personas por el impacto de la pandemia, y de que, si no se toman más medidas, este incremento haría que el número total de personas en situación de pobreza en nuestro país alcance los 10,9 millones. La organización que trabaja cada día “para reducir las desigualdades sociales y económicas en el mundo”, y que anhela un mundo sin pobreza, ha pedido a nuestros políticos/gobernantes que los Presupuestos Generales del Estado presten atención a las personas más vulnerables tanto dentro como fuera de España y que se apliquen medidas para blindar la educación, la sanidad y la protección social.
No es Oxfam la única institución que ha denunciado esta dura situación -agravada por la pandemia- que venimos atravesando desde hace décadas: Aldeas Infantiles reclama con urgencia un Pacto de Estado por la Infancia y la adopción de medidas que mejoren la situación de los niños en riesgo de perder el cuidado parental porque hay que actuar -antes de que la pobreza arrastre a toda una generación- fortaleciendo los sistemas de protección, invirtiendo en programas de prevención y garantizando que el Plan de Recuperación del Gobierno de España y el nuevo presupuesto UE 2021-2027 destine al menos el 5 por ciento del Fondo Social Europeo Plus a la reducción de la pobreza Infantil.
También en octubre, UNICEF (Informe “¿Cómo reducir la pobreza infantil en España?”) estimaba que la incidencia de la pobreza en la infancia es muy superior en España que la que corresponde a su nivel de riqueza, hasta el extremo de que somos uno de los países de la Unión Europea donde mayor es la incidencia de la pobreza en los menores de edad. La pandemia (cuando todavía no nos habíamos recuperado de la crisis) ha supuesto una muy pesada carga adicional para las familias vulnerables con hijos a cargo y es urgente el establecimiento de ayudas monetarias de conciliación familiar en hogares con bajos ingresos laborales y alto riesgo de desempleo como son las familias monoparentales y las familias numerosas. UNICEF recomienda que las administraciones públicas deben proporcionar una red de protección fiscal y de transferencias que reduzca la proporción de niños y niñas que crecen en situaciones de pobreza.
Esos son los hechos y, lo creamos o no, fíjate por donde, España tiene un nivel de gasto en políticas familiares que es la mitad del que dedican los países con menores tasas de riesgo de pobreza infantil. Como hemos dicho tantas veces respecto de la educación (y sería aplicable a las políticas de infancia en todos sus ámbitos), los políticos ineptos, de los que tantos tenemos, esperan a que el país sea rico para invertir en educación, olvidando que los países ricos lo son porque supieron invertir en educación cuando no lo eran.
Y, claro, a estas alturas no vamos a cambiar, digo yo. Con ocasión de la discusión en el Congreso del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (“los más inclusivos y sociales de nuestra historia”, se ha dicho), bueno sería recordar que los gastos crecen en todas las partidas: de 461.000 millones de euros en 2020 a 550.000 en 2021, de los que casi veintisiete mil corresponde a los fondos europeos, con aumentos significativos y positivos en becas para la educación superior, inversiones en tecnologías para la transición energética, ciencia y ayuda a la dependencia. Pero, como han dicho los expertos (Roldan y Martínez de EsadeEcPol), “el aumento de estas partidas palidece cuando se pone en perspectiva respecto del aumento de dos grandes conceptos, pensiones y salarios públicos, dos colectivos que tanto en esta como en la anterior crisis han estado entre los más protegidos”. Subidas que suman 6.500 millones de euros y que no parecen las más adecuadas para reducir las desigualdades.
El FMI, al analizar el proyecto español de Presupuestos Generales del Estado, aplaude la aprobación del IMV y la utilización de los ERTE, pero reclama pensar en el día siguiente. Los fondos europeos son una “oportunidad excepcional para amortiguar la crisis social y como catalizador de reformas”; y advierte el organismo internacional que cualquier incremento fiscal (IVA e impuestos verdes) que “pueda tener un efecto desproporcionado sobre la población de bajos ingresos debe esperar a que la recuperación esté firmemente encarrilada y debe ir acompañada de un aumento del gasto para proteger a los más vulnerables” porque, remata: “los compromisos de aumentar de forma permanente los actuales ratios de gasto, por ejemplo a través del gasto salarial o las pensiones , deberían ser evitados dado el alto déficit estructural y la previsión sobre el gasto de largo plazo por el envejecimiento de la población”.
Servidor, que es pensionista, está de acuerdo por una vez con lo que dice el FMI y renuncio a la subida de mi pensión si eso contribuye a disminuir la desigualdad que nos acogota. Y deberían renunciar a esas subidas los funcionarios públicos, incluidos políticos, gobernantes y asesores que nunca se sabe que hacen. Estoy seguro (albarda sobre albarda) de que quienes peor estaban antes de la pandemia serán al final los más golpeados por esta crisis, y no quiero ni estoy dispuesto a resignarme que, como dijo Benedetti, es la única forma de contribuir al cambio.
