Mucho se está hablando estos días de la responsabilidad de las empresas en la defensa de los derechos humanos, el culpable John Ruggie, quien fue Representante especial del Secretario General de la ONU y presentó su libro Just Business. Multinational Corporations and Human Rights en nuestro país. Ruggie fue quién estableció un marco de referencia sobre las responsabilidades de las empresas en materia de los Derechos Humanos
El discurso sobre los Derechos Humanos se incorporó al mundo de la empresa especialmente desde que las Naciones Unidas en el año 2003 aprobara las Normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas en la esfera de los derechos y desde que en 2005 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU solicitara el nombramiento de un Representante Especial para estos temas, que se le encargó John Ruggie, quien fue el encargado de preparar informes para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
J. Ruggie en su discurso siempre da un papel predominante a los mercados, a quienes considera medios muy eficientes para asignar los escasos recursos y además de ser fuerzas poderosas para promover los objetivos sociales, desde el alivio de la pobreza hasta el estado de derecho. Al centrar todo su discurso en términos económicos se olvida de algo crucial: el verdadero problema con respecto a la vulneración de los Derechos Humanos viene engendrado por una falta de gobernanza mundial, precisamente por ese papel de protagonista del mercado y sus leyes y por la falta real de una democracia y un mayor poder soberano de los Estados.En la práctica los Estados se han convertido en agentes comisionados para materializar los intereses del mercado, lo que entra en conflicto directo con su responsabilidad democrática primitiva.
No cabe duda que el debate sobre las empresas y los derechos humanos sería mucho menos urgente si todos los Gobiernos de Estado, sin excepción, cumpliesen las obligaciones internacionales que versan sobre esta materia. Los Estados deberían aplicar sus propias leyes en esta materia y de no tenerlas deberían legislar al respecto.
No debemos obviar que el Derecho Internacional regula que el Estado debe tomar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, reparar y castigar los abusos de las empresas contra las personas que se encuentran en su territorio o jurisdicción. La coherencia efectiva y la consistencia en las políticas de los DDHH sólo pueden tomar lugar desarrollándose un marco universal legalmente obligatorio aplicable de la misma forma a todas las empresas sin excepción.
Es urgente contar con un marco universal, para que todos los países estén obligados a presentar las mismas condiciones de regulación y que las empresas se vean obligadas a aceptarlas si quieren invertir en otros países. Tal vez sea pura utopía, pero no cabe duda que la ONU debería realizar recomendaciones en esa línea y los Gobiernos acatar y legislar al respecto.
Lo cierto es que el discurso sobre los Derechos Humanos y las empresas tiene que avanzar, debe superar cuestiones tales como que la responsabilidad de las empresas es respetarlos amparándonos en el discurso de lo voluntario y económicamente beneficioso…
El discurso no debe ser el que las empresas no quiebran por invertir en derechos humanos… como tampoco debe serlo el que la RSE es voluntaria o no. AVANCEMOS¡¡
