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Transparencia y participación. Estos dos sustantivos encabezan sin lugar a dudas los discursos reivindicativos de los movimientos ciudadanos más influyentes de los últimos años.

Un gobierno que dialogue con sus ciudadanos. Que se acuerde de ellos durante su mandato y no solo durante las elecciones. Que les informe de sus acciones, les escuche y tenga en cuenta sus necesidades y sugerencias. Un gobierno que suponga un auténtico canal para hacer realidad las demandas de la población.


Estos son los fundamentos del gobierno abierto. Un nuevo sistema. Una nueva forma de superar la relación tradicional entre Gobierno y ciudadanos que se sustenta en las nuevas tecnologías y en el libre acceso a la información generada por la Administración. El gobierno abierto va más allá del llamado gobierno electrónico. Esta nueva visión no es una simple mejora de los canales de comunicación, sino que fomenta la máxima transparencia, colaboración y apertura de la participación ciudadana a todos los procesos de decisión y control.

Canales digitales de participación.

No consiste, necesariamente, en someter a votación cada movimiento gubernamental, pero sí en consultar a la ciudadanía mediante los canales digitales de participación.

Ofrecer toda la información necesaria para que las personas puedan forjar su propia opinión y dar la posibilidad de comentar y sugerir modificaciones que sean tenidas en cuenta.

El gobierno abierto se basa en tres principios: transparencia, colaboración y participación y está orientado al libre mercado de los datos públicos generados por el Estado, para que puedan ser consultados, utilizados y evaluados por cualquier ciudadano. Vivimos, tal como expone la Fundación IDEAS en un documento de trabajo sobre el tema publicado en 2011 (‘Gobierno abierto: alcance e Implicaciones’), en la era del gobierno abierto. Desde hace unos años proliferan las iniciativas por parte de gobiernos y administraciones para abrir ciertos datos a los ciudadanos y fomentar su participación.

En el caso de Estados Unidos, el Memorándum de transparencia y gobierno abierto de la Casa Blanca emitido por Obama en sus primeros días de mandato, comenzaba con el siguiente propósito: “Vamos a trabajar juntos para asegurar la confianza pública y establecer un sistema de transparencia, participación pública y colaboración. La apertura fortalecerá nuestra democracia y promoverá la eficiencia y eficacia del Gobierno”. Desde entonces, son muchos los gobiernos, tanto locales como estatales, que han decidido emprender procesos de apertura progresiva a la ciudadanía. Desde el 2009, han sido tales las referencias al modelo de gobierno abierto, que se ha convertido ya en el ideal político contemporáneo.

Brasil y Chile

En América Latina destacan los casos de Brasil y Chile. El portal brasileño de datos abiertos lanzado por el Ministerio de Planeamiento, agrega 82 conjuntos de datos públicos entre estadísticos e institucionales que antes estaban dispersos por la Red. Este portal permite a los ciudadanos sugerir otros datos que les gustaría que fuesen abiertos y colaborar con sus propuestas a definir nuevas iniciativas.

La fundación chilena Ciudadano Inteligente se presenta en internet como una herramienta tecnológica de transparencia y participación cuya labor consiste en investigar y desarrollar tecnología web para poder presentar conjuntos de datos de forma ordenada a la población. Desde un solo portal se puede acceder a multitud de páginas web asociadas que funcionan como reutilizadoras de la información pública (o infomediarios). Por poner ejemplos, ‘Del dicho al hecho’ analiza de forma accesible al ciudadano las discrepancias entre el discurso electoral del candidato y sus acciones una vez elegido y los avances o políticas desarrolladas en las distintas áreas.

Un ejemplo interesante resulta también la web chilena ‘Inspector de Intereses’. Este portal reorganiza la información pública abierta pero en ocasiones demasiado escondida para que el ciudadano sea consciente de los conflictos de intereses que conciernen a congresistas y senadores. Actualmente se tramita en el Senado chileno la Ley de Pesca y la web especifica qué senadores tienen acciones o intereses comerciales en empresas del ámbito pesquero.
España. Pese a la todavía escasa participación ciudadana, España se sitúa actualmente a la cabeza, tras los países anglosajones, en cuanto a la cantidad de datos abiertos. Dentro del ámbito público, la Administración pública vasca es, según el portal institucional datos.gob, la segunda Administración europea en número de conjuntos de datos liberados, solo precedida por el Reino Unido. ‘Open Data Euskadi’, agregador de conjuntos de datos liberados por la Administración vasca fue el primer portal de datos abiertos de España y fue reconocido con el premio FICOD 2010 al mejor servicio orientado al usuario.


Pilar Puebla

Revista Esposible

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Opinión

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