A veces nos olvidamos cómo era el mundo pre pandemia. Hoy abrazarnos con la familia, o encontrarnos en la calle sin mascarilla parece muy lejano. También nos olvidamos que la pobreza y la desigualdad no llegaron al mundo de la mano del coronavirus. Si bien no hay dudas que la crisis sistémica post pandemia no ha hecho más que exacerbar la injusticia social, no podemos olvidar que el mundo ya era un lugar hostil desde mucho antes.
No es menos cierto que si los Estados hubieran tenido sistemas sanitarios más sólidos, en muchos países el devenir de la pandemia hubiera sido otro y las lágrimas que bañaron estos meses hubieran sido menos. Oxfam Intermón junto a Development Finance International (DFI) publicaron el pasado mes de octubre de 2020 su Índice de Compromiso con la Reducción de la Desigualdad (CRI) 2020,el cual advierte que, de los países analizados en la elaboración del mismo, tan solo uno de cada seis realizaba una inversión suficiente en salud. Asimismo, tan solo una tercera parte de la mano de obra de todo el mundo está cubierta por sistemas de protección social adecuados y, en más de 100 países, al menos uno de cada tres trabajadores y trabajadoras carece de mecanismos de protección como la licencia remunerada por enfermedad.
La edición del Índice CRI 2020 es la tercera de una serie de publicaciones que clasifica a 158 Gobiernos de todo el mundo en base a su compromiso con la reducción de la desigualdad. El Índice CRI evalúa las políticas públicas y las medidas adoptadas por los Gobiernos en tres ámbitos que, según se ha demostrado, están directamente vinculados a la reducción de la desigualdad. Estos son: en primer lugar, los servicios públicos (sistemas de salud, educación y protección social); en segundo lugar, la fiscalidad; y por último, los derechos de las personas trabajadoras.
El informe desarrollado por la ONG demuestra que la falta de políticas públicas sólidas ha empujado a millones de personas a vivir en condiciones denigrantes e inaceptables. En esta tercera edición del Índice CRI, Oxfam recomienda a todos los Gobiernos que adopten políticas firmes para combatir la desigualdad en ámbitos como los servicios públicos, la fiscalidad y los derechos laborales, con el objetivo de reducir la brecha entre ricos y pobres. En este mismo sentido, los expertos abogan por la urgente participación de la comunidad internacional que debe apoyar a los Gobiernos a través de medidas como los derechos especiales de giro (DEG), el alivio de la deuda o la aplicación de impuestos de solidaridad a nivel global entre otras.
Las cifras son elocuentes. El índice CRI expone que, al inicio de la pandemia, tan solo 26 de los 158 países analizados en 2020 invertían en sus sistemas de salud el porcentaje recomendado de su presupuesto (el 15 %). De este análisis se desprende que, al menos una de cada tres personas trabajadoras de 103 países carecía de mecanismos de protección como la licencia remunerada por enfermedad, y tan solo 53 países contaban con sistemas de protección social para hacer frente al desempleo o la enfermedad de las personas trabajadoras, cubriendo únicamente al 22 % de la fuerza laboral de todo el mundo.
Es importante resaltar que muchas de las trágicas consecuencias de la pandemia podrían haber sido evitadas. La investigación demuestra que los Gobiernos no han adoptado las medidas necesarias para combatir la desigualdad y, en consecuencia, la población en su conjunto es la principal afectada por esta crisis, por la que está pagando un precio muy alto. El bajo o a veces nulo nivel de inversión pública en los sistemas de salud, unido a la debilidad de los sistemas de protección social y a la insuficiente protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras ha dejado a la población en una situación de vulnerabilidad tan brutal como evitable.
La mayoría de los países situados en la parte alta del ranking pertenece a la OCDE. Al tener un producto interior bruto (PIB) más elevado, estos países tienen un margen mucho más amplio para hacerle frente a la desigualdad en tiempos del coronavirus. El índice expone que, aquellos Gobiernos que ya habían demostrado su compromiso en la lucha contra la desigualdad previo a la irrupción del virus, se han encontrado en mejores condiciones para hacer frente a los retos económicos y de salud planteados por la pandemia. Estas administraciones han mostrado una mayor capacidad para proteger, en la medida de lo posible, al conjunto de su población, así como para garantizar que la situación financiera de las personas dicte el impacto del virus. También se advierte que algunos países de ingresos bajos y medios-bajos no están tan bien clasificados en el ranking, pero están adoptando medidas claras para reducir la desigualdad a pesar de sus ingresos relativamente limitados.
En todos los países a lo largo y ancho del planeta, el virus ha magnificado y agravado las desigualdades ya existentes. Los resultados están a la vista, las personas en mayor situación de pobreza tienen menos posibilidades de aislarse y de protegerse a sí mismas. Además, las personas de poblaciones más vulnerables es más probable que ya tuviesen problemas de salud previos, lo cual incrementa a su vez sus posibilidades de morir a causa del virus. A nivel económico, decenas de millones de personas están perdiendo su empleo, lo cual se traduce en hambre y graves dificultades. Cabe destacar que las mujeres son uno de los grupos más afectados a nivel económico en todas las latitudes, ya que tienen más probabilidades de trabajar en empleos precarios y, además, constituyen el 70% del personal de salud del mundo.
La falta de políticas públicas nacionales que busquen combatir la desigualdad es la raíz de este brote de injusticia. El índice concluye que la crisis del coronavirus ha puesto de manifiesto la enorme magnitud de la desigualdad en el mundo, y amenaza con exacerbarla en la mayoría de los países. Cada vez estamos más lejos de cumplir los tan anhelados Objetivos de Desarrollo Sostenible, y eliminar la pobreza y la desigualdad se ha vuelto casi una quimera. Es por esto, que hoy más que nunca resulta urgente y necesario que todos los Gobiernos se comprometan lo antes posible con la reducción de la desigualdad. Ya no hay tiempo que perder y es imprescindible que los Gobiernos mejoren considerablemente sus esfuerzos por aumentar la progresividad de su gasto público, sus sistemas fiscales, los salarios y la protección de las personas trabajadoras. Pensar que podemos vivir en un mundo mejor no puede ser sólo una utopía.
