
La expansión de la inteligencia artificial no solo está transformando la economía digital. Su desarrollo también implica una creciente demanda de energía que obliga a revisar la capacidad de las infraestructuras eléctricas para responder a la instalación de nuevos centros de datos.
Según informa la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, el consumo eléctrico mundial de estas instalaciones podría prácticamente duplicarse en apenas cinco años. Las estimaciones apuntan a un incremento desde alrededor de 485 teravatios hora (TWh) en 2025 hasta 950 TWh en 2030, una cifra que representaría aproximadamente el 3% de toda la demanda mundial de electricidad.
A este escenario se añade el gasto energético asociado a la minería de criptomonedas, situado entre 100 y 130 TWh anuales, además del aumento del consumo derivado de la electrificación de los procesos industriales.
Uno de los principales desafíos reside en la diferencia entre los tiempos necesarios para desplegar las nuevas instalaciones digitales y los requeridos para reforzar la infraestructura eléctrica.
Thomas Croll-Knight, portavoz de la Comisión, explica que un centro de datos puede entrar en funcionamiento en un periodo de entre dos y cinco años, mientras que ampliar las redes de transporte y distribución eléctrica suele necesitar más de una década, debido, entre otros factores, a los procesos de planificación y concesión de permisos.
Esta diferencia de plazos hace necesario, según el organismo de Naciones Unidas, acelerar la toma de decisiones para evitar que el crecimiento de la demanda avance por delante de la capacidad de respuesta del sistema eléctrico.
La cuestión adquiere especial relevancia en aquellos sistemas eléctricos con una elevada presencia de energías renovables. Los centros de datos destinados a inteligencia artificial pueden experimentar cambios rápidos en sus necesidades de electricidad, unas oscilaciones capaces de afectar de manera significativa al voltaje y la frecuencia de la red.
En los escenarios más extremos, estas variaciones podrían traducirse en oscilaciones de tensión, desconexiones involuntarias o incluso fallos en cadena.
Un nuevo documento preparado para orientar los debates del Comité de Energía Sostenible de la Comisión identifica precisamente la falta de información sobre el comportamiento de estos grandes consumidores como uno de los principales riesgos para la operación de los sistemas eléctricos.
Ante esta situación, los expertos plantean avanzar hacia una mayor transparencia, establecer sistemas estandarizados de información y facilitar el intercambio de datos en tiempo real. Estas herramientas permitirían anticipar mejor las necesidades y mejorar tanto la planificación como el funcionamiento de las redes.
La Comisión también considera fundamental intensificar la coordinación entre los promotores de centros de datos, operadores eléctricos, reguladores y autoridades locales. En esa cooperación deberían participar igualmente las entidades responsables de cuestiones estrechamente relacionadas con estas infraestructuras, como la gestión del agua, el uso del suelo y la planificación de otras redes y servicios.
Para Naciones Unidas, la respuesta no puede limitarse a estudiar cómo conectar cada nuevo centro de datos a la infraestructura existente. El desafío pasa por abandonar un enfoque basado únicamente en reaccionar ante las nuevas solicitudes y avanzar hacia una planificación estratégica de los grandes consumidores de electricidad.
Esto supone integrar las decisiones energéticas con otros ámbitos como el desarrollo económico y social, las políticas digitales, la protección ambiental, la ordenación territorial y la seguridad nacional.
La Comisión propone para ello una hoja de ruta progresiva que permita atender los riesgos más inmediatos al mismo tiempo que se acometen reformas de planificación con una perspectiva de largo plazo.
El objetivo final es compatibilizar el crecimiento de los centros de datos y de otras actividades electrointensivas con sistemas eléctricos más preparados. Según el organismo, una planificación adecuada debería permitir que este desarrollo contribuya a reforzar la resiliencia de las redes, avanzar en la descarbonización, fomentar un uso responsable de los recursos y generar beneficios para el conjunto de la sociedad.