El ‘boom’ de los centros de datos pone bajo presión la red eléctrica en España
El crecimiento de los centros de datos plantea un nuevo desafío para la planificación energética y territorial de España. Estas infraestructuras son esenciales para una economía cada vez más digitalizada y el país, gracias a su ubicación geográfica, sus condiciones climáticas y su posición en energías renovables, se ha convertido en un destino atractivo para nuevas instalaciones.
En este contexto, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abierto una consulta pública para elaborar un Real Decreto destinado a regular la llegada de inversiones al sector. Ante este proceso, Fundación Renovables ha presentado una serie de alegaciones con las que busca que la futura normativa compatibilice el desarrollo digital con la transición ecológica, la seguridad del suministro eléctrico y la cohesión social y territorial.
Entre sus principales propuestas, la organización considera necesario establecer un mecanismo más ambicioso para condicionar el acceso a la red eléctrica al uso de energías renovables. Este sistema debería incorporar instrumentos como la adicionalidad, la correlación horaria, los recargos o la pérdida de permisos y contar con mayores garantías de cumplimiento que las previstas anteriormente.
Más exigencias ambientales y sociales
Uno de los principales reparos de Fundación Renovables se refiere a la desaparición de algunas disposiciones ambientales y sociales contempladas con anterioridad. Entre ellas se encuentran la obligación de reutilizar el calor residual generado por estas instalaciones y las métricas dirigidas a favorecer su aceptación social.
Según señala la organización en sus alegaciones, esta eliminación tampoco ha venido acompañada de nuevas medidas relacionadas con la ordenación territorial, la economía circular o una definición suficientemente precisa de qué debe entenderse por energía renovable.
La cuestión resulta especialmente relevante ante la exigencia de que el 80% de la generación renovable tenga correlación horaria, en lugar de calcularse mediante un balance neto anual. Fundación Renovables alerta de que esta condición podría conducir a un sobredimensionamiento de las instalaciones solares y eólicas necesarias para alcanzar los objetivos establecidos.
A ello se suma la indefinición del concepto de «inversiones sostenibles» procedente del Reglamento (UE) 2020/852. La entidad advierte de que esta situación podría permitir en el futuro que los centros de datos considerasen sostenible la electricidad procedente de energía nuclear o de gas natural con captura de carbono dentro del certificado energético para centros de datos que está preparando la Unión Europea. Para Fundación Renovables, esta posibilidad entraría en contradicción con el objetivo de avanzar hacia una economía completamente descarbonizada.
Por ello, reclama delimitar expresamente el concepto de energía renovable para evitar que tecnologías que no lo son puedan terminar contabilizándose como generación limpia o sostenible para acreditar determinadas obligaciones.
La organización también pide recuperar las disposiciones relativas a la aceptación social de los proyectos. A su juicio, la falta de criterios en este ámbito puede favorecer futuras oposiciones que terminen dificultando o paralizando el despliegue de estas infraestructuras. Su propuesta pasa por acompañar las exigencias energéticas con criterios territoriales, ambientales y sociales equivalentes.
Unos 12 GW de acceso ya concedidos
Otro de los puntos centrales de las alegaciones está relacionado con los permisos de conexión a la red eléctrica. SpainDC estima que en 2030 estarán operativos entre 2,6 y 2,9 GW de centros de datos. Sin embargo, según los datos del Gobierno recogidos por Fundación Renovables, desde la aprobación del Real Decreto-ley 8/2023 se han concedido más de 6 GW de capacidad de acceso a la red de transporte, a los que se suman alrededor de otros 6 GW otorgados en distribución desde 2020.
Esto supone aproximadamente 12 GW de capacidad concedida, cuatro veces más que la cifra que se prevé que esté operativa en 2030. Ante esta diferencia, Fundación Renovables considera prioritario revisar los proyectos que ya han obtenido permisos.
La entidad sostiene que algunos expedientes sin una iniciativa industrial detrás pueden estar ocupando puntos de conexión necesarios para otros usos, como la electrificación de la industria, el transporte o la vivienda. Dado que la capacidad de la red es limitada, defiende que los derechos de acceso no deberían mantenerse de manera gratuita e indefinida cuando no son utilizados.
Por este motivo, propone que la regulación comience por identificar y liberar la capacidad ya concedida que permanece sin utilizar, revisando los proyectos vinculados a esos 12 GW, en lugar de actuar únicamente sobre las nuevas solicitudes.
También plantea una gestión activa de las colas de conexión tanto en las redes de transporte como en las de distribución. El objetivo sería impedir que proyectos paralizados acaparen permisos, dificulten iniciativas maduras o frenen nuevas inversiones. Frente al criterio de «primero en llegar, primero en conectar», Fundación Renovables propone evolucionar hacia un sistema que priorice los proyectos con mayor grado de madurez y que acrediten el cumplimiento de los requisitos.
El consumo de agua, otro punto pendiente
La regulación del uso del agua constituye otra de las cuestiones señaladas en las alegaciones. Fundación Renovables recuerda que, por su volumen de consumo, un centro de datos debe ser considerado a estos efectos como una instalación industrial, y no equipararse a un uso doméstico o urbano ordinario.
La organización entiende que tratarlo como estos últimos puede desdibujar la jerarquía de usos establecida por la Ley de Aguas. Por ello, considera fundamental que las solicitudes de recursos hídricos no se tramiten ante los ayuntamientos, sino ante las correspondientes cuencas hidrográficas, responsables de garantizar la prioridad entre los diferentes sectores consumidores.
Fundación Renovables valora positivamente la voluntad del Gobierno de establecer un marco para desarrollar centros de datos «sostenibles, eficientes y soberanos», pero considera que las actuales omisiones y ambigüedades pueden comprometer ese propósito. Para la entidad, la expansión del sector digital requiere no solo nuevas inversiones, sino también una planificación capaz de ordenar su impacto sobre la red eléctrica, el territorio, los recursos hídricos y la aceptación social.
