América Latina busca financiar el futuro del campo
Producir una parte relevante de los alimentos que llegan a los mercados mundiales no garantiza que quienes trabajan en el campo dispongan de los recursos necesarios para sostener y transformar su actividad. Esa es una de las grandes contradicciones que afronta América Latina y el Caribe: mientras la región se consolida como potencia agroalimentaria, buena parte de sus productores continúa teniendo dificultades para financiar inversiones, crecer o prepararse frente a los efectos del cambio climático.
Para abordar esta brecha, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) está promoviendo una nueva agenda destinada a movilizar capital hacia los sistemas agroalimentarios latinoamericanos y caribeños, con especial atención a las necesidades concretas de los territorios rurales.
La iniciativa tomó impulso durante un encuentro celebrado los días 18 y 19 de agosto en Santiago de Chile, que reunió a 70 representantes de gobiernos, bancos de desarrollo, entidades financieras, organismos internacionales, empresas y organizaciones de agricultura familiar. Según informa la FAO, el debate se centró en cómo superar las iniciativas aisladas de inclusión financiera para avanzar hacia inversiones de mayor escala y con capacidad de generar impacto territorial.
Las cifras muestran la dimensión del reto. A pesar de su importancia para la alimentación mundial, en América Latina y el Caribe todavía 32 millones de personas padecen hambre, mientras que aproximadamente el 70% de quienes producen alimentos encuentra barreras para acceder a financiación formal. A estas dificultades se añade la vulnerabilidad de la agricultura frente a unos riesgos climáticos que condicionan cada vez más las decisiones productivas.
Rene Orellana Halkyer, Subdirector General y Representante Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, definió a la región como una “potencia agroalimentaria mundial”, pero advirtió de que los recursos financieros disponibles siguen siendo insuficientes y están fragmentados frente a las oportunidades y necesidades existentes.
El representante de la FAO defendió, además, la responsabilidad compartida de transformar ese potencial productivo en inversiones capaces de reforzar simultáneamente la seguridad alimentaria, la resiliencia frente al cambio climático y las oportunidades de desarrollo de las comunidades rurales.
Financiar territorios, no solamente proyectos
Uno de los principales mensajes surgidos del encuentro es que ampliar el acceso al crédito, por sí solo, no resolverá los problemas estructurales del campo. Los participantes identificaron cinco prioridades para construir un modelo financiero que acompañe la transformación de los sistemas agroalimentarios y tenga en cuenta las características específicas de cada territorio.
Entre las propuestas destaca el desarrollo de carteras territoriales de inversión, en lugar de continuar trabajando exclusivamente mediante proyectos independientes. Este enfoque busca conectar la actividad agrícola con otros elementos indispensables para su desarrollo, como las cadenas de valor, las infraestructuras, la conectividad, los servicios técnicos y el acceso a los mercados.
La financiación también debería adaptarse a las distintas escalas productivas y a los riesgos particulares de cada zona. Durante el cierre del encuentro, el ministro de Agricultura de Chile, Jaime Campos Quiroga, subrayó precisamente la necesidad de evitar respuestas financieras uniformes y considerar tanto las características de los territorios como las condiciones específicas que afrontan diariamente los agricultores.
Esta mirada territorial supone también reconocer que disponer de capital no garantiza por sí mismo una transformación sostenible. La agenda debatida en Santiago incorpora por ello la educación financiera, la asistencia técnica, la gestión empresarial y la asociatividad como herramientas necesarias para reforzar las capacidades de las comunidades rurales.
Al mismo tiempo, plantea profundizar la cooperación entre gobiernos, bancos de desarrollo, cooperativas, empresas, inversores, universidades, organismos de cooperación y organizaciones locales.
La agricultura familiar, en el centro
Los pequeños y medianos agricultores familiares tienen un papel prioritario dentro de este planteamiento. La propuesta pasa por evitar que financiación, asistencia técnica, información, gestión de riesgos y acceso a mercados sean abordados como problemas separados.
La intención es avanzar hacia soluciones integradas capaces de acompañar las distintas etapas y necesidades de productores, cooperativas y organizaciones rurales. Se trata de un cambio relevante frente a modelos en los que el acceso puntual al crédito no necesariamente se traduce en mejores condiciones para producir, comercializar o afrontar situaciones adversas.
El desafío financiero adquiere todavía mayor importancia en un contexto marcado por el cambio climático. Sequías, alteraciones en la disponibilidad de agua y otros riesgos climáticos aumentan la necesidad de que el sector agroalimentario pueda invertir no solo para producir más, sino también para hacerlo con mayor capacidad de adaptación.
El clima entra en la ecuación financiera
Precisamente, otro de los consensos alcanzados durante el encuentro fue la necesidad de integrar la acción climática en las decisiones de inversión. El objetivo es que los compromisos ambientales puedan traducirse en proyectos concretos con capacidad para atraer financiación.
Entre las áreas señaladas aparecen las prácticas productivas sostenibles, la restauración de ecosistemas, las infraestructuras resilientes, una gestión más eficiente del agua y los seguros agropecuarios. De esta manera, la financiación rural deja de contemplarse exclusivamente como una herramienta económica y pasa a desempeñar también un papel en la adaptación de los territorios frente al cambio climático.
La FAO aspira a actuar como puente entre las necesidades locales y los recursos financieros, técnicos y de innovación disponibles. Según explicó Orellana Halkyer, la organización gestiona actualmente más de 1.000 millones de dólares mediante más de 400 proyectos en 32 países de América Latina y el Caribe.
Esa presencia sobre el terreno puede facilitar, de acuerdo con la organización, la conexión entre políticas públicas, capacidades técnicas, bancos, inversores y otros actores vinculados al desarrollo, ayudando a convertir oportunidades productivas en proyectos financieramente viables.
En el encuentro participaron instituciones financieras públicas y privadas, bancos regionales de desarrollo, organismos internacionales, mecanismos de integración, autoridades nacionales y organizaciones vinculadas a la agricultura familiar. La mirada a largo plazo apunta a construir ecosistemas financieros territoriales capaces de responder a las distintas necesidades de agricultores, cooperativas, organizaciones y empresas agroalimentarias. El reto será movilizar inversiones que no midan su éxito únicamente en términos de productividad, sino también por su capacidad para favorecer la inclusión, reforzar la resiliencia climática y generar oportunidades de desarrollo rural.
En una región decisiva para la alimentación mundial, cerrar la brecha financiera del campo se convierte así en una cuestión que va mucho más allá del crédito. Supone dirigir recursos hacia quienes producen los alimentos y hacia unos territorios rurales donde también se juega el futuro de la seguridad alimentaria y la capacidad de América Latina y el Caribe para adaptarse a un clima cada vez más cambiante.
