El capital que se fuga de América Latina podría impulsar su desarrollo sostenible
América Latina concentra una parte extraordinaria de la riqueza natural del planeta, pero continúa enfrentándose a profundas desigualdades económicas y dificultades para financiar su desarrollo sostenible. Aunque existen importantes recursos financieros en la región, una proporción considerable se invierte fuera de sus fronteras. Ante esta situación, SpainNAB y GSG LATAM proponen impulsar un nuevo modelo de financiación que conecte el capital disponible con las necesidades sociales y ambientales de los países iberoamericanos.
La iniciativa se recoge en el documento de posición “Hacer la América”: ideas y compromisos para desbloquear capital de impacto para impulsar el desarrollo iberoamericano, presentado con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.
El planteamiento de ambas organizaciones parte de una premisa: el problema no es únicamente la falta de recursos, sino también la ausencia de mecanismos adecuados para dirigirlos hacia inversiones capaces de generar rentabilidad financiera y, al mismo tiempo, resultados positivos y verificables para las personas y el medio ambiente.
Una región rica en recursos naturales que necesita más inversión sostenible
Según los datos recogidos en el documento de SpainNAB y GSG LATAM, América Latina alberga el 60% de la vida terrestre del planeta y dispone del 30% del agua dulce mundial. A ello se suma un ecosistema emprendedor valorado en 100.000 millones de dólares, que representa una oportunidad para desarrollar nuevas soluciones económicas, sociales y ambientales.
Sin embargo, este potencial convive con importantes dificultades estructurales. El informe identifica a América Latina como la región más desigual del mundo y señala que su crecimiento anual esperado del PIB per cápita se sitúa en apenas el 0,8%, frente al 1,7% previsto para las economías de ingresos elevados.
Las limitaciones presupuestarias también condicionan su capacidad para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible. Con una deuda pública media equivalente al 50,2% del PIB y una ayuda oficial al desarrollo que descendió un 23,1% en 2025, la mayor caída histórica registrada según el documento, las organizaciones consideran que los recursos públicos y la cooperación internacional resultan insuficientes para responder por sí solos a las necesidades de financiación.
Paradójicamente, una parte significativa del ahorro latinoamericano se dirige a otros mercados. Las administradoras mexicanas de fondos para el retiro, conocidas como Afores, gestionan más de 340.000 millones de dólares. Por su parte, las entidades de pensiones de Colombia, Chile y Perú mantenían invertidos fuera de la región el 52%, el 48% y el 46% de sus respectivas carteras al cierre de 2024.
La tendencia también se observa entre los family offices, estructuras que gestionan el patrimonio de grandes fortunas familiares. Estos vehículos destinan el 64% de sus inversiones a Estados Unidos y Canadá, mientras que únicamente el 15% permanece en América Latina.
Para SpainNAB y GSG LATAM, estas cifras reflejan la necesidad de desarrollar instrumentos financieros capaces de retener y movilizar una mayor proporción del capital regional hacia iniciativas con impacto positivo.
Un fondo iberoamericano para conectar financiación y sostenibilidad
La principal propuesta consiste en crear un fondo de fondos iberoamericano de impacto, respaldado por gobiernos y organismos de cooperación internacional, que permita canalizar inversiones hacia proyectos con resultados sociales y ambientales medibles.
Este mecanismo no financiaría necesariamente cada proyecto de manera directa, sino que invertiría en otros fondos especializados, facilitando que los recursos lleguen a diferentes iniciativas y territorios.
Uno de sus elementos centrales sería la reducción de los riesgos financieros para atraer a inversores institucionales, especialmente fondos de pensiones y aseguradoras. Para ello, las organizaciones plantean incorporar garantías y estructuras en moneda local, además de distribuir los riesgos entre distintos participantes.
La propuesta contempla que determinados actores públicos o de cooperación asuman las primeras pérdidas potenciales, permitiendo que los fondos de pensiones participen en posiciones de mayor protección financiera, conocidas como inversión senior. Este diseño busca respetar las obligaciones fiduciarias de las entidades que administran el ahorro de sus beneficiarios.
El modelo se apoyaría en la denominada financiación combinada o blended finance, que utiliza recursos públicos, filantrópicos o concesionales para movilizar inversión comercial. Según el documento, cada dólar de financiación concesional consigue atraer, de media, 4,1 dólares de capital comercial. En América Latina y el Caribe, esta relación asciende a 4,7 dólares, la más elevada del mundo.
Tres medidas para transformar los compromisos en inversiones
Además de la creación del fondo regional, el documento propone establecer una coalición iberoamericana que reúna a bancos nacionales de desarrollo, fondos de pensiones, aseguradoras, entidades fiduciarias y organismos reguladores.
El objetivo sería que estos actores participasen desde el principio en el diseño de los instrumentos financieros, en lugar de limitarse a incorporarse una vez definidos. También se contempla proporcionar asistencia técnica a gestores locales y acordar criterios comunes para medir los resultados de las inversiones.
Este último aspecto resulta especialmente relevante para evitar el denominado impact washing, una práctica por la que determinadas inversiones se presentan como social o ambientalmente beneficiosas sin acreditar suficientemente sus resultados.
La tercera línea de actuación plantea distribuir las responsabilidades según las características de cada fuente de financiación.
Los bancos nacionales de desarrollo podrían actuar como inversores de referencia y ofrecer garantías, deuda y financiación intermedia o mezzanine, tomando como precedente la experiencia de COFIDE en Perú. Los patrimonios familiares aportarían capital con horizontes de inversión más largos y participarían en las primeras rondas de financiación de gestoras emergentes. Por su parte, las entidades filantrópicas contribuirían mediante recursos concesionales, mecanismos de primera pérdida, donaciones recuperables y asistencia técnica.
Con esta distribución, SpainNAB y GSG LATAM buscan construir un sistema financiero que permita ampliar la inversión sin desvincularla de sus objetivos sociales y medioambientales.
Experiencias internacionales que muestran el potencial del modelo
Las organizaciones destacan que ya existen experiencias que respaldan la viabilidad de este tipo de instrumentos.
En Ghana, la combinación de una exigencia regulatoria mínima del 5%, un vehículo financiero adaptado y capital catalítico permitió que el fondo Ci Gaba superase en enero de 2026 su objetivo inicial de 30 millones de dólares. Más de dos tercios de los recursos procedieron de fondos de pensiones nacionales.
En América Latina también se han desarrollado mecanismos que pueden servir de referencia. Las Afores mexicanas ya participan en inversiones mediante Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (CERPIs), mientras que COFIDE emitió el primer bono azul de Perú, colocando aproximadamente el 45% de la emisión entre fondos de pensiones locales.
Estas experiencias muestran, según el manifiesto, cómo la combinación de instrumentos financieros adecuados, participación institucional y mecanismos de reducción del riesgo puede contribuir a movilizar recursos hacia nuevas oportunidades de inversión.
España y Portugal, socios para ampliar la inversión de impacto
La iniciativa también identifica una oportunidad para estrechar la colaboración financiera entre América Latina, España y Portugal.
Los inversores institucionales de ambos países europeos buscan diversificar sus carteras hacia mercados que permitan combinar rentabilidad y resultados positivos medibles.
En el caso español, el mercado de inversión de impacto ha registrado un crecimiento significativo. Según los datos del informe Oferta de Capital 2026, elaborado por SpainNAB e IE University, la oferta de capital de impacto alcanzó los 5.051 millones de euros en 2025, un 51% más que en 2023. Dentro de este mercado, la inversión de impacto se duplicó hasta alcanzar los 3.217 millones de euros.
Para las organizaciones promotoras, este crecimiento constituye una base desde la que impulsar un mercado iberoamericano más integrado, aprovechando la experiencia de los ecosistemas financieros de ambos lados del Atlántico.
Emilia Cerra, coordinadora de GSG LATAM, destaca que América Latina reúne oportunidades para obtener rendimientos económicos y generar mejoras sociales y ambientales. En este sentido, invita a los inversores institucionales a colaborar en el diseño de mecanismos financieros que permitan reducir riesgos y desarrollar un mercado regional de inversión de impacto a mayor escala.
Por su parte, Mercedes Valcárcel, directora general de SpainNAB, insiste en que el principal desafío consiste en conseguir que los recursos lleguen a iniciativas que, de otro modo, encontrarían dificultades para financiarse.
Desde su perspectiva, la colaboración entre administraciones públicas, inversores, organizaciones sociales, fundaciones y entidades de cooperación resulta fundamental para convertir el capital disponible en resultados concretos.
De las declaraciones a una financiación con resultados medibles
La propuesta presentada en Madrid aspira a aprovechar el impulso político de la Cumbre Iberoamericana para establecer una agenda compartida de financiación de impacto.
Para ello, sus promotores cuentan con la red internacional GSG Impact, integrada por 43 National Partners presentes en 48 países, así como con el conocimiento territorial de GSG LATAM y la experiencia de SpainNAB en el mercado español.
El desafío será transformar esta colaboración en instrumentos financieros operativos, proyectos capaces de atraer inversión y sistemas que permitan comprobar sus efectos sobre el desarrollo sostenible.
En un contexto marcado por las desigualdades, las restricciones presupuestarias y la necesidad de proteger los recursos naturales, la propuesta sitúa la movilización del capital privado como una vía complementaria a la financiación pública y la cooperación internacional. Su alcance dependerá de la capacidad de los actores implicados para acordar mecanismos que combinen seguridad financiera, participación local y resultados sociales y ambientales verificables.
