El pacto entre generaciones que España necesita para afrontar las desigualdades
¿Están las generaciones actuales condenadas a vivir peor que sus predecesoras? ¿Cómo garantizar una distribución justa de las oportunidades en una sociedad cada vez más longeva? Estas son algunas de las preguntas que han centrado el último encuentro del ciclo Conversaciones Humanitarias generadoras de Talento, organizado por la Fundación Cruz Roja Española, que durante 2026 ha abordado los desafíos vinculados a la demografía y la vulnerabilidad.
Bajo el título Generaciones en tránsito: el nuevo contrato intergeneracional, la sexta y última sesión del ciclo ha reunido a especialistas del ámbito académico, empresarial y social para reflexionar sobre las transformaciones necesarias para construir una sociedad más inclusiva. El mensaje compartido ha sido claro: los desafíos demográficos no pueden resolverse enfrentando a unas generaciones con otras, sino mediante políticas que reconozcan las necesidades, los derechos y las aportaciones de todas las edades.
Según informa la Fundación Cruz Roja Española, en el encuentro han participado Mariano Sánchez Martínez, sociólogo y director de la Cátedra Macrosad de Estudios Intergeneracionales de la Universidad de Granada; Ana Sainz Martín, directora de Fundación SERES; y Enrique Hernández Díez, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura e investigador especializado en derechos de la juventud en Europa. La conversación ha estado moderada por Elsa Arnaiz Chico, presidenta de Talento para el Futuro y experta en participación ciudadana.
Una sociedad que pierde confianza en el futuro
Uno de los principales asuntos abordados ha sido el creciente pesimismo sobre las perspectivas de las próximas generaciones. Durante el encuentro, Ana Sainz ha recordado que, de acuerdo con el estudio de confianza de Edelman citado en la sesión, apenas el 16% de la población cree que las generaciones futuras disfrutarán de mejores condiciones de vida que las actuales.
Esta percepción refleja una preocupación que atraviesa el debate público: la dificultad para garantizar que el progreso económico y social se traduzca en mayores oportunidades para quienes vienen detrás.
Sin embargo, las personas expertas han advertido de que interpretar estos problemas exclusivamente como una disputa entre jóvenes y mayores puede ocultar desigualdades más profundas.
Mariano Sánchez Martínez ha cuestionado la tendencia a clasificar a la ciudadanía en grupos generacionales rígidos. Desde su perspectiva, compartir una edad o un periodo de nacimiento no implica necesariamente tener los mismos intereses, experiencias o condiciones materiales. Por ello, ha defendido la importancia de generar espacios de convivencia donde personas con trayectorias diferentes puedan relacionarse sin quedar condicionadas por etiquetas generacionales.
En una línea similar, Enrique Hernández Díez ha señalado que, aunque la edad no determina por completo la identidad individual, las transformaciones demográficas y las distintas etapas de la vida sí influyen en el acceso a derechos y oportunidades. A su juicio, el desafío consiste en establecer mecanismos que permitan debatir de manera constructiva cómo se distribuyen las responsabilidades colectivas y quién participa en las decisiones sobre el futuro.
La vivienda evidencia una brecha cada vez más profunda
El acceso a una vivienda constituye uno de los ejemplos más visibles de las desigualdades que afectan a las distintas generaciones.
Durante la conversación se ha señalado que la proporción de hogares encabezados por menores de 35 años con una vivienda en propiedad descendió del 66% en 2002 al 36% en 2024. Esta evolución ilustra las dificultades que afronta una parte importante de la juventud para alcanzar condiciones de autonomía económica y residencial.
No obstante, las personas participantes han insistido en que estas diferencias no deben interpretarse únicamente como un conflicto entre edades. La posición económica, las condiciones laborales y las desigualdades sociales también determinan las posibilidades de acceder a una vivienda, tanto dentro de una misma generación como entre generaciones diferentes.
Ana Sainz ha planteado que buena parte de las estructuras económicas y sociales fueron concebidas para una realidad demográfica distinta de la actual. En consecuencia, considera necesario revisar los modelos existentes y promover respuestas colectivas que permitan repartir mejor las oportunidades.
El debate también ha incluido las pensiones y el empleo, ámbitos en los que las tensiones distributivas suelen presentarse como una competencia por recursos limitados. Frente a esta interpretación, Sánchez Martínez ha recordado que el conflicto forma parte de las relaciones sociales y no tiene por qué ser perjudicial, siempre que se aborde desde una comprensión más amplia de las desigualdades.
Una democracia que escuche también a quienes heredarán sus decisiones
La participación política ha ocupado otro lugar destacado en el encuentro. Enrique Hernández Díez ha advertido de que el peso demográfico y electoral de determinados grupos adultos puede contribuir a relegar las necesidades de la infancia, la juventud e incluso de las personas mayores.
El investigador ha utilizado el Brexit como ejemplo de cómo determinadas decisiones políticas pueden tener consecuencias duraderas para personas que deberán convivir con sus efectos durante décadas.
Para corregir estos desequilibrios, ha propuesto incorporar evaluaciones de impacto intergeneracional en el diseño de las políticas públicas, de manera que las administraciones tengan en cuenta cómo afectan sus decisiones a las diferentes edades, tanto en el presente como a medio y largo plazo.
Este enfoque debería complementarse con análisis específicos sobre infancia, juventud y personas mayores, además de mecanismos de deliberación que amplíen la participación ciudadana más allá de las mayorías electorales.
Hernández Díez también ha recordado que la Constitución española contempla la protección de la juventud, por lo que avanzar hacia una mayor consideración de sus derechos en las decisiones públicas no supone partir de cero, sino desarrollar principios ya presentes en el ordenamiento jurídico.
El mercado laboral debe prepararse para una vida más larga
El envejecimiento demográfico y las transformaciones tecnológicas están modificando las condiciones del empleo. Sin embargo, los modelos tradicionales de formación, incorporación al trabajo y jubilación no siempre se adaptan a esta nueva realidad.
Según las cifras compartidas durante la sesión, en la próxima década más de 5,2 millones de personas abandonarán el mercado laboral, mientras que se prevén alrededor de 1,8 millones de nuevas incorporaciones.
Ante este escenario, Ana Sainz ha defendido la necesidad de abandonar la idea de trayectorias profesionales estrictamente lineales y avanzar hacia modelos más flexibles, capaces de aprovechar el talento a lo largo de toda la vida.
La directora de Fundación SERES ha advertido de una doble pérdida de oportunidades: por un lado, personas jóvenes con una elevada cualificación que encuentran dificultades para acceder a empleos estables; por otro, profesionales experimentados que quedan fuera del mercado laboral de manera prematura.
También ha llamado la atención sobre los efectos de la digitalización y la inteligencia artificial. Su incorporación a las empresas, ha señalado, no debería convertirse en una barrera adicional para quienes buscan sus primeras experiencias profesionales.
En este contexto, el aprendizaje permanente adquiere especial relevancia. Adaptar los sistemas educativos y las organizaciones a una sociedad más longeva implica reconocer que la formación no termina con la juventud y que las capacidades profesionales pueden desarrollarse y actualizarse durante toda la vida.
Educar para participar, no solamente para trabajar
La necesidad de transformar la educación también ha estado presente en las intervenciones. Hernández Díez ha defendido que los sistemas educativos no deberían limitar su función a preparar a las personas para el mercado laboral.
La formación cívica, el conocimiento de los derechos y las responsabilidades colectivas y la capacidad de participar en la vida democrática resultan igualmente esenciales para fortalecer la cohesión social.
En este sentido, ha propuesto crear espacios de participación intergeneracional que permitan a personas jóvenes, mayores y de otras edades intervenir de forma efectiva en las decisiones que afectan a sus comunidades.
La propuesta conecta con una de las ideas centrales del encuentro: la convivencia entre generaciones no se construye únicamente mediante discursos sobre solidaridad, sino a través de experiencias compartidas y oportunidades reales de colaboración.
Mariano Sánchez Martínez ha insistido en que las relaciones intergeneracionales pueden contribuir a cuestionar estereotipos y descubrir capacidades que habitualmente quedan invisibilizadas por las categorías de edad. Para ello, ha defendido impulsar programas y proyectos que favorezcan el encuentro, el aprendizaje mutuo y la cooperación.
Del enfrentamiento generacional a la construcción del bien común
Las reflexiones finales han coincidido en la necesidad de transformar la manera en que la sociedad entiende las relaciones entre generaciones.
Ana Sainz ha subrayado que los desafíos compartidos no tienen por qué convertirse en motivos de confrontación. Al contrario, pueden generar nuevas oportunidades si las empresas, las instituciones y las organizaciones sociales revisan sus estructuras para adaptarse a los cambios demográficos.
Enrique Hernández Díez, por su parte, ha reclamado una mayor dedicación colectiva al bien común y ha defendido la importancia de ampliar las oportunidades de voluntariado a lo largo de todas las etapas de la vida.
Mariano Sánchez Martínez ha sintetizado su visión de la sociedad del futuro con una expresión que invita a cambiar las prioridades: «menos celebrar cumpleaños y más celebrar vínculos».
La conclusión del encuentro organizado por la Fundación Cruz Roja Española apunta a un desafío que trasciende las diferencias de edad. Construir un nuevo contrato intergeneracional exige revisar cómo se distribuyen los recursos, cómo se garantizan los derechos y qué oportunidades existen para participar en la vida colectiva.
En una sociedad marcada por el envejecimiento, las dificultades de emancipación juvenil y los cambios en el empleo, avanzar hacia una convivencia más justa implica dejar de considerar a las generaciones como grupos enfrentados y reconocer que el bienestar presente y futuro depende, en buena medida, de su capacidad para colaborar.
