
La desinformación se ha convertido en un desafío añadido a la hora de afrontar la emergencia climática. Los bulos y contenidos engañosos que circulan durante episodios como incendios, inundaciones u olas de calor no solo distorsionan la comprensión de lo ocurrido: también pueden dificultar que la ciudadanía identifique fuentes fiables, interprete correctamente la evidencia científica y comprenda la dimensión de los riesgos ambientales.
Ante este escenario, el Gobierno ha anunciado una nueva línea de ayudas de 3,5 millones de euros destinada a investigar y prevenir la desinformación climática. Según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), la convocatoria está dirigida a universidades públicas y Organismos Públicos de Investigación y será gestionada por la Fundación Biodiversidad.
El anuncio lo realizó la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante una comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados solicitada por ella misma para explicar las actuaciones gubernamentales frente a la emergencia climática en el marco de las propuestas para un Pacto País.
La responsable de Transición Ecológica defendió la necesidad de disponer de conocimiento riguroso sobre las características y el alcance del problema. “Sin un buen diagnóstico y sin conocer con detalle a qué nos enfrentamos, no podremos poner freno a esta lacra”, señaló Aagesen, que puso como ejemplos la proliferación de desinformación durante olas de calor, inundaciones y temporadas de incendios.
La financiación de proyectos de investigación forma parte de una estrategia más amplia anunciada por el Ministerio. Entre las medidas previstas se encuentra también la creación de una Unidad de Apoyo a la Verificación, concebida para facilitar el trabajo de los profesionales dedicados a comprobar informaciones.
Según explicó Aagesen, el objetivo será permitir que las organizaciones de verificación puedan acceder en tiempo útil a los datos necesarios para contrastar y desmentir contenidos falsos que adquieren una rápida difusión.
A esta iniciativa se sumará una Oficina de Apoyo al Personal Científico, impulsada conjuntamente por el MITECO y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Entre sus funciones estará proporcionar una protección específica a investigadoras e investigadores que sean objeto de ataques negacionistas.
Desde comienzos de año, según expuso la vicepresidenta, el Ministerio también ha reforzado la colaboración con profesionales de la información, personal académico, divulgadores y agencias de verificación. Aagesen advirtió ante el Congreso de que la desinformación “debilita nuestra capacidad colectiva de respuesta” frente a la crisis climática.
La nueva convocatoria de ayudas busca abordar el problema desde diferentes disciplinas y no únicamente reaccionar ante los bulos una vez que comienzan a circular. Los proyectos podrán centrarse tanto en el estudio como en la prevención de la desinformación climática.
Entre sus objetivos figuran reforzar la cultura científica y el pensamiento crítico, así como mejorar la capacidad de la ciudadanía para reconocer fuentes fiables e interpretar las evidencias aportadas por la ciencia. El Ministerio pretende favorecer de esta manera una mayor comprensión social de los retos ambientales y climáticos y promover el acceso, utilización y difusión de información sustentada en evidencias científicas.
Podrán presentar propuestas los Organismos Públicos de Investigación y las universidades públicas que desarrollen iniciativas relacionadas con estos ámbitos.
Combatir la desinformación adquiere una relevancia especial cuando se habla de cambio climático. En situaciones de emergencia, disponer de información contrastada puede resultar determinante para comprender los riesgos y tomar decisiones basadas en evidencias. Cuando datos científicos, información institucional y contenidos falsos circulan simultáneamente, diferenciar entre unos y otros se vuelve más difícil precisamente en momentos en los que la ciudadanía necesita referencias fiables.
Pero el problema trasciende las emergencias. La transición ecológica exige decisiones públicas y privadas que afectan a ámbitos tan diversos como la energía, la movilidad, la gestión del territorio o la adaptación frente a fenómenos extremos. Para que ese debate pueda desarrollarse de manera informada, es fundamental que las discrepancias legítimas no se confundan con la difusión de datos falsos o afirmaciones carentes de respaldo científico.
Fortalecer la alfabetización científica, facilitar el trabajo de quienes verifican información y garantizar que la comunidad investigadora pueda comunicar sus conocimientos sin sufrir ataques son, por tanto, elementos que contribuyen a mejorar la calidad del debate público. Frente a un fenómeno tan complejo como el cambio climático, el acceso a información rigurosa no es únicamente una cuestión de comunicación: también condiciona la capacidad colectiva para comprender los riesgos y construir respuestas eficaces.