España busca multiplicar el ahorro energético
España quiere reforzar las herramientas destinadas a reducir el consumo de energía y acelerar las inversiones en eficiencia energética. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado la audiencia pública de un proyecto de real decreto que plantea introducir subastas de ahorro energético como complemento al actual Sistema de Certificados de Ahorro Energético (CAE).
La iniciativa supondría modificar el Real Decreto 36/2023, que regula estos certificados, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema, adaptarlo a la evolución de la normativa española y europea y consolidarlo como uno de los instrumentos para alcanzar los objetivos nacionales de eficiencia energética.
Según informa el MITECO, el sistema de CAE ha registrado un fuerte crecimiento durante sus tres primeros años. En este periodo se han presentado más de 9.400 solicitudes, alrededor de 7.000 han obtenido una resolución favorable y más de 1.300 continúan en tramitación. En conjunto, los certificados concedidos están vinculados a un ahorro superior a los 7.700 GWh.
Inversiones dirigidas a sectores prioritarios
La principal novedad de la propuesta reside en la creación de subastas capaces de orientar recursos hacia actuaciones que, además de reducir el consumo energético, respondan a determinadas prioridades tecnológicas, ambientales o sociales.
Entre los posibles destinos se encuentran proyectos de movilidad eléctrica, la rehabilitación integral de bloques de viviendas o iniciativas dirigidas específicamente a pequeñas y medianas empresas y población vulnerable. También podrían impulsarse actuaciones capaces de reducir de manera drástica las emisiones de carbono, siempre que generen un ahorro de energía.
El planteamiento contempla dos modalidades: las denominadas subastas de compromisos de ahorro energético y las subastas de necesidades de ahorro energético. En ambas podrían participar los sujetos obligados y delegados que forman parte del sistema de CAE.
Cada convocatoria determinaría los productos objeto de la subasta y su adjudicación seguiría el modelo pay as bid, por el que cada adjudicatario recibiría el ahorro energético y la cuantía económica correspondiente a su propia oferta.
En el caso de las subastas de compromisos, se licitaría una prima económica que se sumaría al valor de los certificados obtenidos mediante la actuación. Posteriormente, esos CAE podrían comercializarse hasta su liquidación, siguiendo el funcionamiento habitual del sistema.
Un ahorro adicional para los objetivos energéticos
La segunda modalidad tendría características diferentes. En las subastas de necesidades de ahorro se adjudicaría una cantidad económica para desarrollar la actuación y los certificados obtenidos contribuirían al cumplimiento de los objetivos nacionales de ahorro energético. Sin embargo, se liquidarían directamente y no podrían comercializarse después.
Además, el ahorro conseguido a través de estas subastas sería adicional al volumen distribuido cada año entre los sujetos obligados.
El diseño previsto incorpora procesos de precalificación y calificación de los participantes. Las subastas serían organizadas por el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) y estarían supervisadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). También contarían con precios de riesgo y de reserva para evitar tanto ofertas excesivamente arriesgadas como costes demasiado elevados.
Con este esquema, el Gobierno busca facilitar proyectos de eficiencia energética que pueden resultar menos atractivos para la inversión privada debido a sus largos plazos de retorno. Al mismo tiempo, el mecanismo permitiría dirigir recursos hacia necesidades concretas de política energética y social.
Financiación pública y una nueva plataforma electrónica
El proyecto establece que las futuras subastas puedan financiarse tanto con recursos del Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE) como de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). En este contexto, España solicitará a la Comisión Europea que confirme que el nuevo marco regulatorio encaja en la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado.
La reforma no se limita a las subastas. De acuerdo con el Real Decreto-ley 7/2026, también desarrolla una plataforma electrónica integral para el sistema de CAE y plantea ajustes en los procedimientos existentes, así como en las definiciones, funciones y requisitos aplicables a sus diferentes participantes.
La propuesta abre así una nueva etapa para un sistema que busca convertir el ahorro de energía en un incentivo económico y, al mismo tiempo, orientar nuevas inversiones hacia actuaciones con beneficios energéticos, ambientales y sociales.
