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La Red de Migración, Género y Desarrollo, la Asociación Floras en Acción, la Red Antirracista de Tarragona, Diverses 8M Girona y la Asociación de Mujeres Migrantes Subsaharianas alertan, en el informe "El cuidado comunitario en las políticas locales", de que las mujeres migradas y racializadas siguen enfrentándose a múltiples barreras para acceder a derechos fundamentales. Las entidades defienden un cambio en las políticas municipales que sitúe los cuidados comunitarios en el centro de la acción pública desde una perspectiva feminista, antirracista y de derechos humanos.
Los cuidados comunitarios, clave para combatir el racismo desde lo local

Las mujeres migradas y racializadas continúan soportando formas de discriminación que limitan su acceso a derechos básicos y afectan a su participación plena en la vida comunitaria. Esta es una de las principales conclusiones del informe "El cuidado comunitario en las políticas locales", presentado por la Red de Migración, Género y Desarrollo, la Asociación Floras en Acción, la Red Antirracista de Tarragona, Diverses 8M Girona y la Asociación de Mujeres Migrantes Subsaharianas.

Según las organizaciones impulsoras, el documento pone de manifiesto cómo las violencias institucionales, el racismo y las desigualdades sociales siguen condicionando la vida cotidiana de muchas mujeres migradas y racializadas. Al mismo tiempo, plantea que los cuidados comunitarios deben convertirse en un eje estratégico de las políticas públicas locales para garantizar derechos, fortalecer la cohesión social y construir comunidades más justas.

El informe recoge las aportaciones de 150 mujeres y activistas de Barcelona, Mataró, Tarragona, Granollers-Canovelles y Girona, fruto de distintos espacios de diálogo desarrollados durante 2025. La publicación forma parte del proyecto Tejiendo Resiliencias. Contribuyendo a Desmantelar Violencias, con el apoyo de Calala Fondo de Mujeres y la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

El diagnóstico propone ampliar la concepción tradicional de los cuidados. En lugar de asociarlos únicamente a la atención de personas dependientes o al trabajo que históricamente han asumido las mujeres, las entidades defienden que cuidar implica también garantizar el acceso a la vivienda, la salud, la educación, la alimentación, el empleo digno, la convivencia y una vida libre de violencias.

Según el informe, las dificultades para ejercer estos derechos tienen consecuencias concretas. Entre ellas, documenta problemas de acceso al empadronamiento de personas sin domicilio fijo en Mataró, una situación que dificulta el ejercicio de derechos pese a la obligación legal de los municipios de registrar a todas las personas residentes. También señala que una parte importante de la población extranjera extracomunitaria en Barcelona permanece en una situación de invisibilidad administrativa que limita su acceso a servicios y recursos públicos.

La investigación incorpora además testimonios que reflejan el impacto emocional de las relaciones con algunas administraciones públicas. Varias participantes describen sentimientos de inseguridad, ansiedad o miedo al acudir a los servicios sociales, así como las dificultades derivadas de no estar empadronadas o de enfrentarse a procesos de exclusión residencial. El informe también hace referencia a desahucios colectivos registrados en Cataluña entre finales de 2025 y principios de 2026.

Las entidades responsables de la publicación sostienen que el racismo y la racialización no solo vulneran derechos individuales, sino que también deterioran la convivencia y amplían las desigualdades en el acceso a los bienes comunes. Por ello, consideran que las políticas locales deben incorporar una perspectiva feminista descolonial y antirracista que permita afrontar de forma estructural las distintas formas de violencia.

Entre las recomendaciones incluidas en el informe destaca la necesidad de abandonar modelos exclusivamente asistencialistas y avanzar hacia políticas públicas construidas junto a las comunidades. Para ello, las organizaciones reclaman que las mujeres migradas y racializadas sean reconocidas como agentes políticas con capacidad para diagnosticar problemas, formular propuestas y participar en la toma de decisiones que afectan a sus territorios.

Asimismo, el documento subraya la responsabilidad de los gobiernos municipales para impulsar espacios de participación, fortalecer las redes comunitarias, reconocer los saberes colectivos y garantizar los recursos necesarios para sostener la vida en los barrios. El objetivo, concluyen las entidades, es avanzar hacia un modelo basado en el bien común, la justicia social, el antirracismo y la defensa efectiva de los derechos humanos.

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