Bruselas endurece su batalla contra el greenwashing
La lucha contra el greenwashing vuelve a situarse en el centro de la agenda europea. La Comisión Europea ha dado un nuevo paso para garantizar que las empresas comuniquen de forma veraz sus compromisos ambientales y que los consumidores dispongan de información fiable al tomar decisiones de compra.Esta información ha sido publicada originalmente por el medio especializado en sostenibilidad corporativa ESG Today, que recoge el anuncio de la Comisión Europea sobre la apertura de procedimientos de infracción a varios Estados miembros por no haber incorporado a tiempo la nueva normativa comunitaria destinada a reforzar la protección de los consumidores frente al greenwashing y las declaraciones ambientales engañosas.
Según ha informado la propia Comisión, veinte países de la Unión Europea aún no han completado la transposición de la denominada Directiva para Empoderar a los Consumidores en la Transición Ecológica, una norma aprobada en 2024 que introduce nuevas obligaciones para frenar las declaraciones ambientales engañosas y mejorar la transparencia en el mercado.
Entre los Estados afectados por estos procedimientos se encuentran España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Austria, Portugal, Suecia, Finlandia y Polonia, entre otros. La directiva forma parte de la estrategia europea para impulsar una economía más sostenible y circular. Uno de sus principales objetivos es evitar que las empresas utilicen mensajes ambientales genéricos sin respaldo científico o verificable.
La normativa limita el uso de expresiones como “ecológico”, “respetuoso con el medio ambiente” o similares cuando no existan pruebas que las sustenten. Además, establece requisitos más estrictos para las etiquetas de sostenibilidad, permitiendo únicamente aquellas respaldadas por sistemas de certificación reconocidos o impulsadas por autoridades públicas. La Comisión Europea considera que estas medidas son necesarias para reforzar la confianza de los consumidores y garantizar una competencia justa entre empresas.
Productos más duraderos y reparables
Más allá de las alegaciones ambientales, la directiva también introduce cambios orientados a fomentar un consumo más responsable.
Entre las novedades figura la obligación de ofrecer información más visible sobre las garantías de los productos, así como la creación de mecanismos para destacar aquellos bienes que cuentan con periodos de garantía ampliados.
Asimismo, se pretende combatir prácticas asociadas a la obsolescencia prematura, prohibiendo afirmaciones infundadas sobre la durabilidad de los productos o sobre su capacidad de reparación cuando estas características no puedan demostrarse. La normativa también busca evitar mensajes comerciales que incentiven el reemplazo anticipado de componentes o consumibles antes de que resulte realmente necesario.
El plazo fijado por la Unión Europea para incorporar estas disposiciones a los ordenamientos jurídicos nacionales finalizó el pasado 27 de marzo de 2026. Ante los retrasos detectados, Bruselas ha enviado cartas de emplazamiento formal a los países afectados, primer paso dentro del procedimiento de infracción comunitario.
Los gobiernos disponen ahora de dos meses para presentar sus explicaciones y completar la adaptación legislativa. Si la Comisión considera insuficiente la respuesta, podrá avanzar a nuevas fases del procedimiento, incluyendo la emisión de un dictamen motivado e incluso la remisión del caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La Comisión Europea defiende que la nueva regulación contribuirá a mejorar la credibilidad de las afirmaciones ambientales y de las etiquetas de sostenibilidad presentes en el mercado europeo.
Además de ofrecer información más clara sobre la durabilidad, reparabilidad y garantías de los productos, Bruselas considera que estas medidas ayudarán a impulsar prácticas empresariales más responsables y a reducir el riesgo de que los consumidores sean inducidos a error mediante mensajes ambientales sin fundamento. Con esta actuación, la Unión Europea refuerza su estrategia para combatir el greenwashing y avanzar hacia un modelo de consumo más transparente, alineado con los objetivos de la transición ecológica.
