La transición energética justa empieza en la vivienda
Más concretamente, en su envolvente, la parte del edificio que nos protege del frío y del calor, ayuda a mantener unas condiciones razonables de confort y reduce la energía necesaria para conseguirlo. Ese confort, sin embargo, no está al alcance de todas las familias.
La pobreza energética no es una idea abstracta. Es una familia que evita encender la calefacción, aunque tenga frío. Es una persona mayor que pasa el verano en una vivienda sobrecalentada porque no puede asumir el coste del aire acondicionado. Es una casa con humedades, con ruido, con ventanas o fachadas que no protegen lo suficiente. Es, en definitiva, una vivienda que no cumple del todo su función más básica: cuidar de quienes viven dentro.
El Plan Social para el Clima abre una oportunidad importante para proteger a los hogares vulnerables frente a los efectos económicos de la transición energética. Es una herramienta necesaria, especialmente en un contexto en el que el precio de la energía, la creciente demanda eléctrica asociada a la climatización y los episodios climáticos extremos pueden agravar situaciones de vulnerabilidad que ya existían.
Ahora bien, si queremos que esta transición sea realmente justa, no podemos limitarnos a ayudar a las familias a pagar la energía. Tenemos que preguntarnos por qué muchas viviendas necesitan tanta energía para alcanzar unas condiciones adecuadas de confort. Ese es el cambio de enfoque que, desde AFELMA, consideramos imprescindible: antes de compensar el consumo, debemos reducir la demanda.
Una casa mal aislada pierde calor en invierno y gana calor en verano. Obliga a utilizar más calefacción o más refrigeración para alcanzar una temperatura razonable. Por ello, la rehabilitación energética debe ocupar un lugar central en cualquier política contra la pobreza energética. No como una medida complementaria, sino como una solución estructural. Las ayudas directas son necesarias para dar respuesta a situaciones urgentes, pero si la vivienda sigue funcionando mal, la vulnerabilidad vuelve una y otra vez. Cada invierno, cada verano y cada vez que sube el precio de la energía.
Esta idea estuvo también presente en una reciente jornada de trabajo del Plan Social para el Clima, donde João Pedro Gouveia, miembro del equipo coordinador del Energy Poverty Advisory Hub de la Comisión Europea, subrayó la importancia de impulsar intervenciones de calado y, en particular, de mejorar el aislamiento de las viviendas como una de las medidas necesarias para combatir la pobreza energética.
Actuar sobre la envolvente del edificio —fachadas, cubiertas, suelos, medianeras o huecos— permite reducir la demanda energética desde el origen. Es decir, conseguir que la vivienda necesite menos energía para mantener condiciones adecuadas de confort. Esa es una diferencia fundamental: no se trata solo de pagar menos, sino de depender menos.
Para que funcione, el diseño de las ayudas será tan importante como su dotación económica. Muchos hogares vulnerables no pueden adelantar el coste de una obra, aunque después exista una subvención. Si el modelo obliga a pagar primero y recibir la ayuda después, una parte importante de la población quedará fuera. Por eso, es necesario que las ayudas puedan anticiparse o canalizarse a través de administraciones, entidades sociales u organizaciones capaces de ejecutar directamente las intervenciones.
También debemos evitar que las ayudas acaben generando efectos no deseados. Si una ayuda destinada a rehabilitar una vivienda vulnerable computa como renta en el IRPF, o si provoca la pérdida de otras prestaciones sociales, estaremos creando una barrera injusta para quienes más apoyo necesitan. Las ayudas pensadas para combatir la pobreza energética deben proteger a los hogares, no penalizarlos.
Otro aspecto clave es la escala. En muchos casos, actuar vivienda a vivienda no será suficiente. La pobreza energética suele concentrarse en edificios, barrios y entornos urbanos donde se combinan bajos ingresos, parque residencial envejecido y mala calidad constructiva. Por eso, las intervenciones a escala de barrio pueden tener un impacto mucho mayor: permiten planificar mejor, reducir costes, coordinar soluciones y llegar de forma más eficaz a comunidades con necesidades compartidas. Una actuación bien diseñada no solo mejora una fachada o una cubierta; puede reducir la demanda energética, mejorar el confort acústico, prevenir humedades, reforzar la seguridad y aumentar la calidad de vida de muchas familias al mismo tiempo.
La transición energética justa no puede medirse únicamente por el número de ayudas concedidas o por el dinero destinado a compensar facturas. Debe medirse también por cuántos hogares dejan de necesitar esas ayudas de forma recurrente porque su vivienda ha dejado de ser vulnerable.
Si queremos que la transición energética sea justa, debemos empezar por los hogares donde la injusticia energética se hace más evidente. Y eso exige mirar más allá de la factura. Exige mirar las paredes, las cubiertas, las ventanas, el aislamiento, la calidad del parque edificado y la capacidad real de nuestras viviendas para cuidar de las personas. Porque una casa eficiente no es solo una casa que consume menos: es una casa que permite vivir mejor.
