La igualdad retrocede: la ONU alerta del debilitamiento de los derechos de las mujeres
Defender los derechos humanos implica también garantizar que los avances conseguidos no retrocedan. Sin embargo, las instituciones que durante décadas se han encargado de trasladar los compromisos en materia de igualdad de género a leyes, presupuestos y políticas públicas atraviesan un momento de especial fragilidad.
Así lo advierte el informe Progress on the Sustainable Development Goals: The Gender Snapshot 2026, elaborado por ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (DESA). El diagnóstico muestra que una de cada tres instituciones dedicadas a promover la igualdad de género ha perdido poder institucional en apenas dos años.
Este debilitamiento adopta distintas formas: reducción de personal, menor influencia en las decisiones gubernamentales, desaparición de unidades especializadas, pérdida de categoría dentro de las administraciones o traslado de competencias a otros organismos. Además, alrededor de una cuarta parte de estas estructuras ha sufrido recortes en sus presupuestos y cerca de un 9% ha perdido el control sobre sus propios recursos económicos.
Sarah Hendricks, directora de Políticas, Programas y División Intergubernamental de ONU Mujeres, alertó durante la presentación de los datos en Nueva York de que este proceso forma parte de un retroceso político más amplio en materia de igualdad y derechos de las mujeres.
Menos financiación para defender derechos
El deterioro institucional coincide con una reducción de los recursos disponibles. Según los datos presentados por Naciones Unidas, la ayuda bilateral destinada a programas que incorporan objetivos de igualdad de género descendió un 13% entre 2023 y 2024, mientras que la financiación específicamente dirigida a organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres cayó un 28%.
La falta de fondos alcanza también al propio sistema de Naciones Unidas: el 42% de sus entidades señala un debilitamiento, actual o previsto, de sus esfuerzos en favor de la igualdad de género debido a las dificultades financieras.
Las consecuencias llegan directamente a las mujeres y niñas que necesitan apoyo. Una encuesta realizada a 855 organizaciones lideradas por mujeres o dedicadas a defender sus derechos en 52 países y contextos afectados por crisis constató que el 88% ya no podía atender todas las necesidades existentes. Cerca de un millón de mujeres y niñas dejaron de recibir servicios que anteriormente tenían disponibles.
La situación económica de estas entidades también resulta especialmente vulnerable: casi la mitad disponía de financiación para seis meses o menos y dos de cada cinco contemplaban la posibilidad de suspender sus actividades o cerrar.
Estar presentes no significa tener poder
La desigualdad no se limita al número de mujeres que consiguen acceder a las instituciones. El informe llama la atención sobre una cuestión fundamental: qué capacidad real tienen para intervenir en las decisiones una vez que llegan a ellas.
Actualmente, seis de cada siete países están liderados por hombres. Las mujeres representan alrededor del 22% de los cargos ministeriales del mundo y su presencia incluso ha retrocedido durante los dos últimos años.
Las diferencias se acentúan precisamente en las áreas donde se concentran algunas de las decisiones económicas y de seguridad más relevantes. Cerca de nueve de cada diez responsables de Defensa son hombres, al igual que más de ocho de cada diez titulares de Finanzas. Como sintetizó Hendricks durante la presentación, el mundo ha avanzado en proporcionar espacios a las mujeres, pero continúa teniendo dificultades para garantizarles poder efectivo.
El desequilibrio alcanza igualmente al ámbito empresarial. Las mujeres representan apenas el 5,8% de quienes ocupan puestos de dirección ejecutiva en empresas cotizadas y aproximadamente una cuarta parte de los integrantes de sus consejos de administración.
La violencia, otra barrera para participar
Llegar a los espacios de decisión tampoco depende únicamente de la voluntad de participar. En determinados países, presentarse a unas elecciones puede tener un coste superior a cien veces el ingreso medio por habitante, una barrera económica que dificulta el acceso a la política.
A ello se suma la violencia. Datos correspondientes a 13 países muestran que ocho de cada diez candidatas a parlamentos y seis de cada diez aspirantes a gobiernos locales sufren violencia psicológica, sexual, económica o física durante las campañas electorales.
Para Hendricks, estas agresiones están estrechamente relacionadas con la desigual distribución del poder: las mujeres afrontan un coste específico cuando intentan acceder a espacios históricamente dominados por hombres.
El informe señala, al mismo tiempo, los resultados asociados a las cuotas electorales. En aquellos países que cuentan con sistemas ambiciosos y adecuadamente diseñados, la representación femenina es 16 puntos porcentuales superior en los parlamentos y 17 puntos mayor en los gobiernos locales respecto a los países donde estas medidas no existen.
América Latina: participación sin el mismo acceso al liderazgo
La brecha entre formar parte de una institución y dirigirla resulta especialmente visible en América Latina y el Caribe. Las mujeres ocupan alrededor del 32,6% de los puestos en órganos deliberativos locales, pero únicamente el 16,6% de las alcaldías.
El informe recoge evidencia procedente de Chile que vincula la elección de alcaldesas con un incremento de las denuncias por violencia contra las mujeres, relacionado con una mayor atención política al problema y una mayor asignación de recursos a organizaciones comunitarias.
Naciones Unidas también destaca el crecimiento experimentado por los movimientos feministas latinoamericanos durante la última década, con una expansión comparable en magnitud a la registrada durante el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, entre 1976 y 1985, pese al aumento de la oposición a las políticas de género.
La violencia política, sin embargo, continúa limitando la participación. Entre los países analizados, el 77% de las candidatas al parlamento en Colombia declaró haber sufrido violencia durante la campaña, mientras que en Argentina el porcentaje alcanzó el 82% entre las candidatas a puestos locales.
Una cuestión de derechos humanos y de gobernanza
Para ONU Mujeres, el desafío no consiste únicamente en incrementar el número de mujeres presentes en las instituciones. Hendricks lo definió como una “crisis de gobernanza”, en la medida en que la desigual distribución del poder condiciona quién participa en las decisiones y qué prioridades reciben atención.
La responsable de ONU Mujeres matizó, no obstante, que una mayor presencia femenina no determina por sí misma mejores resultados sociales. Los datos permiten identificar relaciones estadísticas, pero factores como los recursos públicos disponibles o la reducción de la ayuda al desarrollo también condicionan la capacidad de actuación de los gobiernos.
Shantanu Mukherjee, director interino de la División de Estadística de Naciones Unidas, incidió en esta misma idea: aumentar la participación de las mujeres en los espacios de decisión puede modificar prioridades y la distribución de los recursos, pero el margen para actuar seguirá condicionado por la disponibilidad de esos recursos.
El balance global muestra la magnitud del desafío. Ninguno de los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, dedicado a la igualdad de género, está actualmente en trayectoria de cumplirse en 2030. Naciones Unidas estima que, de mantenerse el ritmo actual, la igualdad de género todavía se encuentra a 171 años de distancia.
El debilitamiento de las instituciones, organizaciones y mecanismos creados para proteger los derechos de las mujeres plantea así una cuestión que trasciende la representación. Preservar su financiación, autonomía y capacidad de intervención forma parte de la defensa de los derechos humanos y del compromiso de las sociedades democráticas con una participación política, económica y social en condiciones de igualdad.
