
El papel de las fundaciones culturales trasciende la conservación del patrimonio o la organización de actividades artísticas. Su actividad tiene un impacto económico, social y territorial que las convierte en un actor estratégico para el desarrollo sostenible de España. Así lo refleja el informe La contribución socioeconómica de las fundaciones del ámbito cultural, elaborado por la Asociación Española de Fundaciones (AEF) junto a FUNDOS y presentado en el Museo Casa Botines Gaudí.
El estudio pone cifras a una realidad que va más allá de la oferta cultural. Según recoge la investigación, el conjunto de las fundaciones culturales genera un impacto económico total —sumando los efectos directos, indirectos e inducidos— superior a 10.340 millones de euros de Valor Añadido Bruto (VAB), una cifra equivalente al 0,7 % del Producto Interior Bruto (PIB) español. Además, su actividad contribuye a crear y mantener más de 169.500 puestos de trabajo equivalentes a jornada completa, lo que representa el 0,9 % del empleo nacional.
Según explica la AEF, el efecto multiplicador de estas entidades es especialmente significativo: por cada euro de valor añadido que generan de forma directa, se producen 1,9 euros adicionales en el conjunto de la economía gracias al impacto que su actividad tiene sobre otros sectores.
El informe parte de una investigación previa impulsada por la asociación sobre el conjunto del sector fundacional español. Aquel análisis concluyó que las fundaciones aportaron en 2020 más de 8.500 millones de euros de valor añadido bruto directo, equivalentes al 0,8 % del PIB, una cifra que ascendía a 27.000 millones de euros al considerar los efectos indirectos e inducidos, además de sostener 589.000 empleos en toda la economía.
Más allá de su aportación económica, el estudio destaca el papel de las fundaciones como herramienta para mejorar el acceso a la cultura y favorecer la cohesión social.
En España, el sector cultural genera más de 31.200 millones de euros de Valor Añadido Bruto, representa el 2,2 % del PIB y concentra el 2,9 % del empleo nacional. También constituye un importante motor turístico, con 16,6 millones de visitantes internacionales y más de 30 millones de personas que participan cada año en actividades culturales.
Sin embargo, el acceso a la cultura continúa condicionado por factores económicos y territoriales. Según recoge el informe, aunque la mayoría de la ciudadanía considera la cultura un elemento esencial, uno de cada cinco españoles identifica el precio como el principal obstáculo para participar con mayor frecuencia. Además, variables como el nivel de renta, la formación, la edad o el tamaño del municipio pueden hacer que las oportunidades de acceso sean hasta dos veces mayores entre unos colectivos y otros.
En este contexto, las fundaciones desempeñan un papel compensador. El 70 % desarrolla actividades culturales de forma frecuente o muy frecuente y una proporción similar considera que forman parte central de su misión institucional.
Según informa la AEF, las fundaciones culturales gestionan más de 870 espacios propios, entre ellos bibliotecas, auditorios, salas de exposiciones, teatros, Bienes de Interés Cultural y espacios al aire libre, ampliando la oferta cultural en numerosos municipios.
Su implantación territorial también resulta relevante. Tres de cada cuatro fundaciones desarrollan actividades más allá del municipio donde tienen su sede, lo que permite extender su impacto a otras localidades y contribuir a reducir las desigualdades en el acceso a bienes y servicios culturales.
El informe subraya además la presencia de más de 3.500 fundaciones culturales en 951 municipios, de los cuales el 40 % se encuentra en zonas rurales. Esta red de entidades ayuda a afrontar desafíos como la despoblación, el envejecimiento demográfico y la pérdida de actividad económica, reforzando la vida cultural y social en territorios con menor oferta.
Otro de los rasgos característicos del sector es su capacidad para generar alianzas. Más del 80 % de las fundaciones culturales colabora con administraciones públicas, empresas u otras organizaciones del tercer sector.
Según destaca el informe, esta cooperación permite complementar las políticas culturales públicas y movilizar recursos que alcanzan un volumen equivalente a casi el doble del presupuesto cultural conjunto de los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, reforzando la capacidad del ecosistema cultural para generar impacto económico y social en todo el país.