En las últimas décadas, el concepto de las "políticas de cuidados" ha ganado una relevancia creciente en el debate público europeo y global. Sin embargo, bajo el diseño actual del estado de bienestar, estas medidas suelen reducirse a respuestas institucionales fragmentadas, individualizadas y, a menudo, externalizadas a empresas privadas con afán de lucro.
En este panorama se ha elaborado el informe El cuidado comunitario en las políticas locales, impulsado por la Red de Migración, Género y Desarrollo, la Asociación Floras en Acción, la red Antirracista de Tarragona, Diverses 8M Girona y las asociaciones de mujeres subsaharianas Legki Yakaru y ADIS, con el soporte de Calala Fondo de Mujeres y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. El estudio emerge como un llamado urgente a desaprender el individualismo y a abrazar el "buen vivir" a través de la corresponsabilidad y la interdependencia y nos invita a una transformación radical: nos recuerda que cuidar no es una tarea aislada, un asunto privado o un negocio, sino el pilar colectivo que sostiene la dignidad humana. Adoptar una mirada feminista, antirracista y descolonial nos impulsa a "comunizar" nuestro día a día. Nos motiva a entender que la vivienda, la salud, la educación y la alimentación no son mercancías ni privilegios, sino bienes comunes indispensables que debemos proteger activamente entre el vecindario y las instituciones.
Una de las aportaciones centrales del informe es la urgencia de transitar hacia el acto de "comunizar" las políticas públicas. Desde una mirada descolonial, comunizar significa revertir la individualización impuesta por el patriarcado y el capitalismo coloniales, donde el cuidado de lo común constituya la verdadera centralidad de un territorio. Esto implica que las estructuras fundamentales que sostienen la existencia diaria -como una vivienda digna e indefinida, una educación inclusiva sin segregación, la salud universal integral, la soberanía alimentaria o condiciones de trabajo dignas- no pueden seguir siendo tratadas como mercancías de compraventa o privilegios de minorías poderosas, sino como bienes comunes indispensables para alcanzar el "buen vivir" o Sumak Kawsay.
Se sitúa al antirracismo en el núcleo mismo del cuidado comunitario. El racismo estructural y los procesos de racialización actúan fragmentando los barrios, rompiendo la convivencia y generando una distribución profundamente desigual de los recursos y beneficios de una sociedad. Por esta razón, las redes de apoyo mutuo construidas de forma autónoma por mujeres migradas y en condición de racialización en distintas ciudades catalanas no representan meras estrategias de supervivencia pasiva. Son, en realidad, un proceso de "reexistencia": una reinvención creativa de dignificar la vida y una práctica política de contrapoder frente a la exclusión histórica del propio sistema de bienestar. Frente a la alarmante proliferación de discursos de odio que se alimentan del malestar social y el miedo urbano, el informe es tajante: el cuidado comunitario y la defensa de lo común constituyen el único antídoto humano y efectivo capaz de superarlos.
La investigación aterriza estas reflexiones en demandas y urgencias administrativas concretas para los gobiernos municipales. Un ejemplo paradigmático es el empadronamiento. Lejos de ser contemplado como un simple trámite burocrático y obligatorio, el registro sin restricciones de toda persona que llega a habitar un municipio representa una política elemental de cuidado comunitario, pues acredita legítimamente su existencia, dignidad y pertenencia al territorio. Del mismo modo, el acceso a una vivienda para todas las personas frente a la violencia especulativa de los fondos buitre, o la transformación de las escuelas públicas para eliminar la estigmatización de los centros calificados de "alta complejidad", se revelan como condiciones materiales e institucionales mínimas para evitar que las diferencias de origen o clase se conviertan en desigualdades insostenibles.
Esta propuesta apela de forma enérgica a una verdadera corresponsabilidad compartida entre el vecindario, el tejido asociativo y las administraciones locales. Los ayuntamientos tienen el deber ético de escuchar, coproducir, financiar y legitimar los saberes situados que habitan en las plazas y barrios, en lugar de imponer recetas verticales y tecnocráticas. Las políticas de cuidado comunitario no solo pretenden hacer frente a las consecuencias de la vulnerabilidad y menos de manera paliativa; su propósito estructural es evitar que dicha vulnerabilidad ocurra mediante política de protección activa de la vida.
En definitiva, el cuidado comunitario en las políticas locales constituye un mapa vital de resiliencia social y transformación urbana. Nos demuestra con lucidez que el futuro y la salud de nuestras ciudades depende de nuestra capacidad para decidir colectivamente cómo garantizar la dignidad de la vida y decidir, firmemente, que todas las vidas importan.
Para materializar esta visión, el informe concluye con propuestas urgentes destinadas a transformar la gestión local. Entre ellas, se demanda la gobernanza relacional y presencialidad radical para la toma de decisiones que evite el aislamiento digital en la participación; la institucionalización y financiación de los saberes situados y las práctica autónomas que las mujeres migradas y racializadas ya desarrollan en los territorios para revertir las violencias; comunizar los bienes comunes -como vivienda, salud, educación, empleo y alimentación– mediante estructuras comunitarias que los garanticen para todas las personas. Asimismo, se sugiere activar auditorías locales con enfoque interseccional para identificar barreras y garantizar el acceso a derechos y beneficios de las poblaciones más precarizadas.
