La Ley de Fomento de la Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana prevé beneficios, entre los que se encuentran algunos ligados a la contratación pública, fiscales o de otro tipo, a aquellas que destaquen en la asunción de los valores ínsitos de la responsabilidad social y constituyan un vehículo de productividad, sostenibilidad y cohesión social. Además, las administraciones públicas valencianas incluirán en la contratación pública cláusulas de responsabilidad social, bien como criterios de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución.
Ser socialmente responsable en Valencia tiene premio

En los próximos días se inicia el trámite de participación ciudadana en la comisión de Transparencia en Les Corts, según ha publicado el diario Valencia Plaza. Tal y como expresa en su exposición de motivos, el objetivo de esta Ley de Fomento de la Responsabilidad Social Valenciana es regular, sobre todo, el compromiso de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana de integrar plenamente en sus políticas y acciones el concepto de responsabilidad social. Tradicionalmente se ha entendido que la responsabilidad social era algo propio de las empresas, del sector privado, pero desde el momento en que aporta un valor añadido a la sociedad a través de buenas prácticas en el ámbito social, ambiental y económico, deben ser los poderes públicos los que adopten acciones de fomento de las mismas a través de políticas públicas de incentivos, promoviendo que las empresas integren cuestiones de responsabilidad social, para dar a conocer a conocer el impacto positivo de la responsabilidad social en la sociedad.

Por otro lado, y en virtud de los principios de necesidad y eficacia, la Ley pretende dar respuesta y cobertura a toda una serie de cuestiones y preocupaciones vinculadas a la responsabilidad social ya que ésta, por sus razones económicas, sociales, éticas y legales debe ser considerada de interés público y no exclusivamente privada, la administración pública tiene la responsabilidad de involucrarse y asumir un papel activo en el fomento de la responsabilidad social.

El fin perseguido con esta iniciativa legislativa es favorecer el desarrollo de las prácticas responsables en las administraciones públicas y en las organizaciones públicas y privadas con el fin de que constituyan el motor que guíe la transformación de la Comunitat Valenciana hacia una sociedad y una economía más competitiva. Respecto a la responsabilidad social en el ámbito de la administración pública valenciana y en su sector público, el texto legal reafirma que es la propia administración la que debe dar un paso al frente e incluir en la gestión pública preocupaciones sociales, laborales, económicas, ambientales y de respeto, protección y defensa de los derechos humanos, en un claro ejercicio de coherencia y ejemplaridad.

La Ley también incluye la Ley  la aprobación del Plan Valenciano de Responsabilidad Social, y de otro lado, obliga a la Administración de la Generalitat a elaborar una Memoria anual de Responsabilidad Social en la que se recogerán el conjunto de políticas, medidas y acciones llevadas a cabo en materia de responsabilidad social por la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental. Se trata de trasladar al ámbito público un aspecto que, en cumplimiento de lo que establece la Ley de Economía Sostenible, está ya extendido en el sector privado, incluso con carácter imperativo en función de la entidad o el número de personas empleadas en la empresa. Y se creará el Consejo Valenciano de Responsabilidad Social, órgano colegiado y de participación en materia de responsabilidad social, a la vez que se constituye como Observatorio Valenciano de la Responsabilidad Social, actuando como órgano de información y consulta en dicha materia.

 

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